La Defensoría del Pueblo, debe  velar por las garantías constitucionales y derechos humanos de los más de 11.772 afectados  en el estado Bolívar;  producto de la crecida del río Orinoco, que este jueves superó la cota de 18.04 metros sobre el nivel del mar.

El concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez, acudió a la sede de este organismo ubicada en  Puerto Ordaz, para solicitar al titular encargado de este despacho, Keni Vargas; responde a las familias que lo han perdido todo.

De acuerdo al balance presentado por el edil,   hay afectados: 738 lactantes, 738 niños; 316 adolescentes, 1078 adultos, 242 adultos mayores y 17 discapacitados. Esta lista  componen el grupo de ciudadanos que ha quedado en condiciones deplorables, solo en el municipio Caroní.

“Ya basta que el alcalde fantasma de Caroní,  no se ocupe de sus responsabilidades; por eso estamos en la Defensoría apelando al artículo 15 de la Ley Orgánica que rige a este organismo;  que los obliga a velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como amparar y proteger intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas”.

Instalación de mesa técnica

El concejal aseguró que es necesario  que se instale una mesa técnica conjunta,  para atender a los más afectados por la contingencia.

Acompañado de un grupo de militantes de Primero Justicia, Yáñez reiteró que en los lugares habilitados como refugio;  no cumplen con las condiciones básicas, para la estadía de estas personas.

El edil  hizo mención que en estos sitios, hay hacinamiento y brotes de enfermedades como dengue; paludismo, entre otras, consecuencia de las aguas estancadas.

Yáñez emplazó al Defensora del Pueblo,  a que  exhorte  a los organismos y autoridades competentes  a realizar las acciones necesarias;  para garantizar los principios más básicos y fundamentales, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República vigente.

ACN/NP

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