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Develan compras del testaferro de Diosdado Cabello

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Expediente de corrupción de Diosdado Cabello revela;  la compra de diversas propiedades en Florida,  y de acuerdo con el informe; publicado en mayo de este año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos;  se precisa que Rafael Alfredo Sarría Díaz actuó como el representante de Cabello;  a la hora de adquirir un sinfín de propiedades en la Florida y Nueva York;  según publicación de MiamiDiario.com

Estados Unidos sigue consolidando el expediente que se le sigue a diversos funcionarios de alto rango;  del gobierno de Venezuela, como Diosdado Cabelló Rondón;  que han sido señalados de cometer serias violaciones contra los derechos humanos de los ciudadanos;  de perseguir y amedrentar a la dirigencia política opositora;  y de enriquecerse a costa del erario público nacional. Ese dinero de la corrupción le ha permitido adquirir diversas propiedades en la Florida y otras partes del mundo.  Se trata de una red de corrupción y extorsión nunca antes vista en Venezuela;  señala el Miami Diario PD.

El informe develado por el Departamento del Tesoro estadounidense;  da cuenta de la manera como Cabello, conjuntamente con su principal testaferro, Rafael Alfredo Sarría Díaz;  incurrió en prácticas delictivas como malversación de fondos públicos;   lavado de dinero, narcotráfico y sobornos, entre otros.  En el caso de la Florida, la OFAC bloqueó tres empresas controladas por Sarría;  SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp;  así como 12 propiedades más en el estado del sol.

De acuerdo con el informe publicado en mayo de este año;  por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se precisa que Sarría actuó;  como el representante de Cabello a la hora de adquirir un sinfín de propiedades en la Florida y Nueva York.

A partir de 2015, Sarría, según agrega el informe;  continuó administrando múltiples propiedades y estableciendo acuerdos financieros para Cabello;  y en 2016 participó en actividades de tráfico de drogas;  a nombre del presidente de la asamblea nacional constituyente.

Asesoría interesada

“Desde 2018, Sarría asesora y asiste a Cabello;  y se beneficia de la inversión por concepto de la riqueza obtenida de manera corrupta de Cabello. Rafael Alfredo Sarría Díaz ha lavado dinero para funcionarios venezolanos comprando bienes raíces desde 2010.  Sarria ha mantenido una relación comercial ilícita con Cabello desde el  2010.  Ambos adquirieron sociedades y corporaciones en Panamá;  toda vez que Sarria aparecía como el propietario de varias propiedades inmobiliarias en Florida.

En el informe de mayo, la OFAC también designó a otras tres personas;  (funcionarios actuales o anteriores) por actuar como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello.  Fue nombrado por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello;  designada como oficial actual o anterior del Gobierno de Venezuela; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, el líder de Cabello (“testaferro”), designado para actuar por o en nombre de Cabello.

Además, OFAC bloqueó tres empresas que están controladas por Sarria en Florida;  SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.

OFAC también bloqueó 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarria.

Según este informe, Estados Unidos está demostrando;  que seguirá valiéndose de todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles;  para responsabilizar a los funcionarios corruptos y lograr la restauración de la democracia en Venezuela.

Según el expediente que se le sigue a Cabello en Estados Unidos;  este funcionario ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano;  habiéndose desempeñado anteriormente como Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Ministro del Interior y Justicia, Ministro de Infraestructura, Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) y Gobernador del estado de Miranda.

A menudo ha sido mencionado como el segundo hombre más poderoso de Venezuela;  después de Maduro. Cabello ha mantenido posiciones de liderazgo importantes en el gobierno venezolano;  desde que Chávez lo designó Ministro del Interior y Justicia.

Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en la promoción de sus actividades;  ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela;  tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional;  el servicio de inteligencia nacional de Venezuela”, reza el informe.

También agrega que Cabello ha establecido “una red de simpatizantes;  al decidir quién se beneficiaría o no de entes como el Ministerio de Defensa;  y el Ministerio de Obras Públicas.

“Cabello, a su vez, utilizó esa esfera de influencia;  para beneficiarse personalmente de la extorsión;  el lavado de dinero y la malversación”, continúa el informe.

Hasta mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos;  con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), quien informó a Cabello.

Otro cómplice

Rangel Gómez fue designado por la OFAC;  de conformidad con la norma E.O 13692;  el 5 de enero de 2018 como funcionario actual;  o anterior del Gobierno de Venezuela.

Cabello, Rangel Gómez y sus asociados blanquearon el dinero;  proveniente de la malversación de fondos estatales venezolanos y de sus tratos con narcotraficantes;  a través de una serie de edificios de apartamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gómez y sus asociados;  han estado trabajando juntos.  En particular, extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco (FdO), una filial del conglomerado estatal venezolano, Corporación Venezolana de Guyana.

Aunque FdO era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la compañía;  que facilitaban la extracción y exportación ilegal de hierro.  A diciembre de 2016, los funcionarios venezolanos utilizaron empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa);  para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otros individuos, se dedicaba al narcotráfico y al lavado de dinero;  y utilizaba a Venalum como fachada para estas operaciones.

Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar;  Venalum usó botes para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal de Alunasa en Costa Rica. Cabello ordenó al ejército venezolano colocar a varios empleados de Alunasa en Costa Rica;  para supervisar la operación. Además, Cabello lavó dinero a través de Venalum a Rusia.

Tráfico de narcóticos

Además de lavado de dinero y exportaciones ilegales de minerales; Cabello también participa directamente en actividades de tráfico de narcóticos. Para ello, trabaja conjuntamente con el actual vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami;  (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017.

Cabello organiza los envíos de drogas desde Venezuela a la República Dominicana;  y de ahí a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martin Olivares;  quien fue designado de conformidad con la Ley Kingpin, el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas.  A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito;  a Panamá, República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargamentos de drogas de pequeños traficantes;   y las combinó y exportó a través de un aeropuerto del gobierno venezolano.

Cabello, junto con él  y otros, dividieron los ingresos de estos envíos de narcóticos. También a principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano;  sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras;  lo que podría haberlo ayudado a identificar a otros narcotraficantes;  lavadores de dinero y competidores; con el propósito de robar sus drogas y propiedades.  Así eliminarían a la competencia.

ACN/MiamiDiario PD/Home.Treasury

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OACI aceptó demanda de Venezuela contra Argentina por secuestro de avión

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OACI aceptó demanda de Venezuela contra Argentina por secuestro de avión-Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Noticias internacionales
Foto: Cortesía
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Este jueves la Organización de Asociación Civil Internacional (OACI) aceptó la demanda que fue interpuesta por Venezuela contra el gobierno de Argentina, por el secuestro del avión de Emtrasur.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro presentó la demanda debido a las graves violaciones a la legislación internacional cometidas por el gobierno de Javier Milei. Esto, para que Estados Unidos consumara el robo del avión; el cual fue secuestrado en la nación suramericana desde 2022, y posteriormente desmantelado.

La demanda estuvo firmada por el secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar Gómez; quien detalló que la misma se interpuso en virtud del artículo 84 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. También es conocido como Convenio de Chicago, sus Anexos y el Reglamento para la solución de controversias de la OACI.

OACI aceptó demanda de Venezuela contra Argentina

La reclamación señala que a pesar de que Venezuela mostró pruebas irrefutables sobre la documentación en regla de la tripulación y la carga; así como de los documentos con las características de la travesía, Argentina decidió retener el avión en el aeropuerto de Ezeiza, por solicitud de EE.UU.

El Gobierno de Javier Milei permitió en febrero de este año que la aeronave, en vuelo secreto, en medio de la noche; a través de información engañosa que proporcionó a países vecinos, llegara a EEUU. Fue llevada a una instalación en el estado de Florida.

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El Gobierno de Venezuela señaló que el avión formaba parte del programa de operaciones humanitarias. Argumentó que era utilizado para el transporte de vacunas, medicinas, alimentos, repuestos y piezas para los servicios públicos y la industria petrolera del país.

Debido a estos hechos, Venezuela prohibió el sobrevuelo de aviones en el espacio aéreo venezolano que provengan o se dirijan a Argentina. La medida es en respuesta al caso del secuestro y robo de la aeronave de Emtrasur, propiedad de Conviasa.

Con información de ACN/NT

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