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Liberaron los empleados de Chevron aprehendidos en extrañas circunstancias

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Chevron - acn
A pesar que dos de sus trabajadores los habían aprehendido. Chevron notificó que no cesarían sus operaciones en Venezuela
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Los dos trabajadores de Chevron detenidos por un presunto hecho irregular en un proceso de contratación; fueron liberados ayer miércoles. Informó la petrolera estadounidense.

Según información en medios, los venezolanos Carlos Algarra y René Vásquez se habrían opuesto a firmar un contrato que implicaba la adquisición de suministros pero con supuestos sobreprecio. Las autoridades los detuvieron el 16 de abril en Puerto La Cruz; estado Anzoátegui.

Ambos laboraban para Petropiar -una empresa cuyas acciones le pertenecen en un 30% a Chevron, compañía en la que también tiene una alta participación Petróleos de Venezuela.

Desde el 16 de abril los empleados estuvieron privados de libertad en un centro de detención de Puerto La Cruz. El 6 de junio Chevron confirmó a través de un correo electrónico a la agencia AFP, que ese día los dejaron en libertad.  El caso nunca fue aclarado por la justicia venezolana; debido a que no hubo precisión de los delitos que se le imputaban.

“Chevron Global Technology Services Company confirma que los dos empleados de Venezuela arrestados por las autoridades locales el 16 de abril de 2018 fueron liberados el 6 de junio de 2018”, se lee en parte del contenido.

Los empleados de Chevron que liberaron no presentan quebranto de salud

La compañía confirmó en el texto que los venezolanos no presentaron ningún quebranto de salud. “Nuestros colegas gozan de buena salud y se han reunido con sus familias”.

A pesar que dos de sus trabajadores los habían aprehendido. Chevron notificó en esa época que no cesarían sus operaciones en Venezuela; en cumplimiento de su código de ética empresarial. Con lo que confirmaron que cumplirían con las leyes venezolanas y estadounidenses vigentes.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la compañía más importante de la nación petrolera. Está en el ojo del huracán motivado a los escándalos de corrupción que, según expertos, desfalcaron a la empresa. Por delitos de corrupción, la  Fiscalía ya aprehendió a 80 funcionarios, entre ellos 22 gerentes y dos expresidentes.

ACN

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Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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