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Migración forzada y violación de DDHH

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Migración forzada y violación de DDHH: Por Omar Ávila.- La violación permanente y sistemática de los derechos humanos por parte del  gobierno de Venezuela ha generado una difícil situación para la región. La diáspora venezolana expresada en la migración masiva y creciente de miles de conciudadanos que huyen a Colombia, Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, así como a Curazao y Aruba; incluso naciones europeas como España, entre otros, se ha convertido en un verdadero problema para esas naciones.

La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exhortó a los países de la región a ser solidarios con los migrantes venezolanos. El 8 de marzo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados instó a los países integrantes de la ONU a garantizar mecanismos de protección que permitan la estadía legal de los migrantes y orientar sus políticas a estándares mínimos de protección de legalidad, accesibilidad, acceso a servicios básicos y garantías de no retorno, independientemente de la fecha de entrada al país de acogida.

Si bien el exhorto no es vinculante para esos países, tampoco significa que esos miles de venezolanos tengan -aún- la condición de refugiados. No obstante, esos organismos internacionales se han pronunciado ante la generación de situaciones como discriminación, xenofobia y criminalización hacia los venezolanos en varios países a donde han ido huyendo de la crisis humanitaria. El contexto internacional está al tanto del difícil acceso a la alimentación, la hiperinflación, inseguridad y la persecución política, como política de Estado por parte del gobierno venezolano.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado. El 14 de marzo publicó la resolución 2/18 sobre migración forzada. En cuya resolución la CIDH calificó el éxodo de los venezolanos como una “grave y compleja crisis de migración forzada” y señaló que tiene que ver con la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Manifestando en dicho texto:

“La CIDH considera que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, han conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia a otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de supervivencia que les permita a ellas y sus familias preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la alimentación, entre otros”.

Al respecto, la Carta de Naciones Unidas establece que los Estados miembros, tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. La Constitución Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2,  dispone: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

Así, y en consonancia con la Carta Magna, las Naciones Unidas, durante la celebración de su Cumbre Mundial del año 2005,  instituyó una nueva dimensión en el derecho internacional público y del derecho internacional humanitario aplicable a nivel global: la responsabilidad de proteger. Produciéndose un cambio evolutivo en postura frente al concepto de soberanía de los Estados. Desde la “no interferencia” a la “no indiferencia” de la Comunidad Internacional, introduciendo a la carta la doctrina de la responsabilidad de proteger a partir de las garantías y protección a los derechos humanos. Bajo el principio, que si el Estado Nacional, no puede garantizar o violenta como política de Estado, esos universales, inalienables y progresivos derechos y garantías a su población, la Comunidad Internacional debe responder, e ineludiblemente, en forma escalada.

Cuando el gobierno venezolano violenta éstos y otros convenios internacionales válidamente suscritos, se hace directamente responsable de las dificultades por las que atraviesan sus ciudadanos que han huido al exterior, víctimas sin alternativas de una migración forzada; así como también es el causante de las situaciones que se generan en los países receptores de los venezolanos que huyen de nuestra, e inducida, crisis humanitaria.

La violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela se ha convertido en una política de Estado. Mientras… el  éxodo continúa, y el sufrimiento general se profundiza.

Omar A. Ávila H. – Diputado AN – 04125999733 // 04166065484 – OmarAvilaVzla -@omaravila2010 – dip.omaravila@gmail.com – www.unidadvisionvenezuela.com.ve

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Política, propaganda, intervención

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Política, propaganda, intervención: Por Leopoldo Puchi.– Los conflictos atraen la atención de multitudes y es común que el pulso se acelere cuando los escenarios de un día decisivo se sienten próximos. Todavía más si se dibuja una guerra, con toda la fascinación y los grandes temores que provoca. Hollywood ha moldeado al público con la simpleza de los buenos y los malos, escenas de coraje y destrucción, las batallas decisivas y los días “D”. Se pensaba que el 23 de febrero sería uno de ellos.

La tensión aumentaba porque se presentía que una operación política, la de la ayuda humanitaria, propia de las pautas de los manuales de propaganda, se podía convertir en la formulación enunciada por Klark von Clausewitz: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”.

INTERVENCIÓN

En realidad, no es extraño que se esté pensando en combates armados o en una guerra de verdad. Desde agosto de 2017 el mandatario estadounidense ha venido insistiendo en que no está descartada la opción militar. El Washington Examiner  ha informado del despliegue de fuerzas militares estadounidenses hacia Colombia.

En el mismo sentido, la Casa Blanca ha mostrado su determinación de cambiar el gobierno venezolano por cualquier medio. Y en días recientes, John Bolton, afirmó que sí podría haber una acción de los militares estadounidenses en la frontera venezolana, en el caso en que unidades militares bloquearan la entrega.

GOLPE PALACIEGO

Sin embargo, no es la intervención de fuerzas militares extranjeras en Venezuela la primera opción considerada por el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Antes de una intervención, se trabaja en función de que los propios militares venezolanos, sin bajas de soldados extranjeros que pudieran invadir el territorio venezolano, sean quienes procedan a cambiar al Presidente y al Gobierno, bien sea por medio de un golpe palaciego, una rebelión o una sublevación.

El evento político organizado en Cúcuta tenía ese propósito de presionar a los oficiales de la fuerza armada. Luego de lo ocurrido, posiblemente se encuentren otras modalidades para tal fin.

EL DIKTAT

Había quienes estimaban que la presión sobre los militares daría resultados de inmediato. Una suerte de deserción en estampida. Pero no ha sido así. Quizás porque detrás de la pesada capa de ligerezas y consumismo, yace todavía una vena de dignidad.

De ser así, el conflicto pudiera ser abordado como un asunto interno, resuelto entre venezolanos, y no como resultado de una presión política y militar extranjera ante la que rendirían sus armas los soldados venezolanos al aceptar un mandato, un diktat. Aunque luzca paradójico, sólo así, con reciedumbre disuasiva, se abriría el camino para la política, para los acuerdos.

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