Sucesos
Murió otro preso y ascienden a 69 las víctimas del caso Policarabobo
Murió otro preso que sufrió quemaduras en el incendio presuntamente provocado en los calabozos de la Policía de Carabobo el miércoles 28 de marzo de este año. Con la muerte de Yorman Alexander Trejo Morales, de 28 años, serían 67 los privados de libertad que fallecieron en el siniestro y un total de 69; con las dos mujeres que pernoctaban en el lugar el día del siniestro.
De acuerdo a la fuente extraoficial, Yorman Alexander Trejo Morales, murió en horas de la mañana del viernes 6 de abril en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde permaneció recluido durante diez días.
Murió otro preso
Yorman Alexander Trejo Morales, estaba preso en la Sala de Retención de la Comandancia General del cuerpo de Policía del estado Carabobo, parroquia Catedral del municipio Valencia, donde fallecieron 68 personas y más de 100 personas presentaron qumaduras, algunas leves, pero otras de mayor gravidez.
No pudo superar la gravedad de las quemaduras que tenía en varia partes del cuerpo. “Él era uno de los heridos en Navas Spinola durante el motín del Miércoles Santo. Yorman Alexander Trejo Morales tenía quemaduras graves en la cara, un hombro, brazo, costado y pierna”, dijo la fuente extraoficial.
Cabe recordar que en los calabozos de este cuerpo de seguridad murieron el pasado 28 de marzo, 68 ciudadanos presuntamente por un incendio, por lo que el Ministerio Público (MP) imputó por este caso al comisionado José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo, y a los efectivos José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.
Asimismo, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, dijo en una entrevista en AVN que en una revisión efectuada en la Comandancia de la Policarabobo había detectado que este recinto estaban privados de libertad 254 personas.
Ruíz, reconoció que existe hacinamiento en los centros policiales y manifestó que estas edificaciones “no disponen de espacios adecuados porque no son centros de detención”, por lo que no se garantizan derechos como la salud, la educación y el trabajo.
“A estos ciudadanos detenidos, no les han demostrado su culpabilidad y les han quitado el derecho al trabajo, al estudio, a la salud, es decir, se están dando situaciones anómalas”, expresó.
El Defensor del Pueblo, dijo que es necesario que los tribunales actúen con celeridad con respecto a los detenidos en los calabozos policiales para que ordenen los juicios, otorguen medidas cautelares o dictaminen la plena libertad.
Según el funcionario, desde 2015 este organismo trazó un plan de trabajo para solucionar el retardo procesal, en conjunto con el Poder Judicial, Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), cuerpos policiales estadales y municipales, Defensa Pública, Ministerio para la Salud, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Ministerio Público y Ministerio para Servicio Penitenciario.
En la evaluación, emprendida desde 2016, se ha verificado que el retardo procesal contribuye con el hacinamiento porque los procesos judiciales que deberían ser expeditos tardan meses y años en resolverse y los detenidos aguardan por su presentación ante la Fiscalía y los tribunales, para que se desarrolle el juicio y se dicte la sentencia correspondiente.
“Hemos detectado que al menos un 10% de las personas que permanecen en distintas comisarías policiales del país ya tienen sentencia firme, pero no han sido trasladadas a los centros penitenciarios por prácticas irregulares de algunos funcionarios policiales”.
Ruíz, dijo que los policías no están capacitados para atender está población y que las competencias de los cuerpos de seguridad se desvirtúan, razón por la cual ideó un plan para acabar con el hacinamiento en los calabozo de los cuerpos de seguridad.
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ACN/@rubbol2006/MCO/AVN
Sucesos
Así opera la Banda Los Parceros, dedicada a la trata de personas en Cumaná
Douglas Rico, director general del Cicpc, dio a conocer la captura de El Negro, integrante de la banda delictiva Los Parceros, en Cumaná. La misma se dedica a la trata de personas.
Indicó que, funcionarios de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, en la urbanización Gran Mariscal, en el municipio Sucre, detuvieron a Ricardo Fuentes (22). Relató que, en un minucioso y arduo trabajo de investigación de campo, demostraron la culpabilidad del delincuente en el delito de trata de personas.
Añadió que, bajo engaño y falsas promesas de trabajo, se encargaba de captar y trasladar a las víctimas desde la ciudad de Cumaná, estado Sucre. De ahí las llevaban hacia la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. De ahí las trasladabas a la República de Colombia, con la finalidad someterlas a explotación sexual.
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Banda dedicada a trata de personas
Asimismo, indicó que, este hombre recibió pagos por medio de bancos internacionales para costear los gastos del traslado, manteniendo constante comunicación vía telefónica con otros cuatro integrantes de la banda, aún por detener.
De igual manera detalló que recibía además un porcentaje de dinero por cada mujer y joven trasladada; colectando como evidencia un Hyundai Accent, año 2001, placas FB061N y un celular, Samsung A12.
Rico explicó, además que, el modus operandi de la banda es captar a sus víctimas luego de conocer su estatus económico, ofreciéndoles una oportunidad laboral en otro país para mejorar su calidad de vida.
Así opera la banda Los Parceros
En este sentido, a las victimas les prometían que el viaje era costeado por los captadores; una vez trasladadas al país destino en compañía del tratante, las despojan de sus documentos de identidad.
De ahí las trasladan hacia el lugar donde las acogen y bajo amenaza de muerte, las explotan sexualmente. Esto para retribuirles a los financiadores el dinero invertido, obteniendo beneficios económicos ilícitamente.
Recalcó que el radio de acción de esta banda es la ciudad de Cumaná, estado Sucre; el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui; San Cristóbal, estado Táchira y la República de Colombia, en horas de la mañana y la noche. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 10° del Ministerio Público del estado Sucre.
Con información ACN/CICPC
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