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Rafael Ramírez repudió detenciones de Torres y López

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Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) rechazó las aprehensiones de Miguel Rodríguez Torres y Alexis López, ambos con rango de mayor general en condición de retiro, disidentes del Gobierno de Nicolás Maduro. El ex alto ejecutivo de la empresa más importante del país también cuestionó la aprehensión de otros oficiales.

El ex diplomático venezolano emitió su opinión en su artículo que publica en el portal de noticias Aporrea. En el contenido aseguró que el ex ministro de Relaciones Interiores y el ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) fueron “centauros” del ex presidente Hugo Chávez.

El político, que durante muchos años estuvo al frente de cargos relevantes en el actual período chavista, también manifestó su rechazo a la orden de captura emitida contra del mayor general retirado del Ejército, Clíver Alcalá Cordones. “No puedo dejar de expresar mi solidaridad con él (Rodríguez Torres) y el resto de los oficiales en estos momentos difíciles para ellos y sus familias”, expresó en el amplio escrito.

En opinión de Ramírez las acciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro conducen a la nación hacia el establecimiento del fascismo, un movimiento político caracterizado por el totalitarismo. “Están sembrando odio, intolerencia, la conducción del madurismo es la única responsable de esta situación”, sententió.

Además consideró que el “madurismo”  solo “es como una cosa que capturó al chavismo, se apropia de sus espacios con violencia, para luego destruirlos, vaciarlos de contenido, hacerlos indiferentes, dóciles, quitarles todas sus capacidades de reacción”.

Rafael Ramírez, también lamentó la crisis que atraviesa la empresa petrolera al señalar que “no quería el comandante que se destruyera a Pdvsa, para luego abrir las puertas al regreso de las transnacionales petroleras sin el control mayoritario de Pdvsa, no querría Chávez el retorno de Exxon Mobil y el regreso de la Apertura Petrolera”, dijo.

ACN/Prensa digital

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Politólogos: Detención de Guaidó podría ocurrir solo como última opción

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Detención de Guaidó - acn
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El silencio que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro desde que se le allanó la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó; muestra la incapacidad de consumar su detención y el terror que siente de que dicha acción se convierta en una maniobra mortal; aseguraron Nícmer Evans, politólogo y disidente del chavismo, y Daniel Arias, analista político.

A juicio de Evans, el gobierno chavista-madurista, “se encuentra acorralado lo que lo hace actuar como una fiera herida; que aparenta ferocidad, cuando en realidad, se encuentra en una situación de riesgo; verdaderamente afectado y débil”, por lo que mantiene amenazas permanentes y persecuciones contra el presidente encargado y su entorno.

“Este es el momento más débil que ha existido desde el punto de vista del poder, de la institucionalidad; y del contexto internacional, de todo el régimen chavista-madurista. Por eso, las amenazas en función a la detención de Guaidó terminan siendo solo eso, amenazas”, aseguró.

Resaltó sobre ello, que si el Ejecutivo, que de acuerdo con la Asamblea Nacional usurpa funciones; hubiera querido detenerlo ya hubiera llevado a cabo la acción, en vista de que el parlamentario realizó una gira internacional; obviando la prohibición dictada por el TSJ y continúa ejerciendo funciones ejecutivas.

En este sentido, agregó que “Guaidó se ha convertido en una pieza demasiado importante como para ser atacada de manera directa. Más allá de la inmunidad parlamentaria, tiene una inmunidad política como consecuencia de su liderazgo que, por supuesto; es frágil, por el terrorismo de Estado, pero que es sólido desde el punto de vista político”.

Jugada política

Para Arias, las acciones pasadas fueron el anticipo de una jugada política; con el objetivo de pretender desbaratar la presión internacional; que han ido incrementando los países aliados al mandatario encargado para generar la salida de Maduro.

Explicó, que el gobierno detendrá a Juan Guaidó solo como última opción; “para decapitar a la unidad de mando de la oposición forjada a su alrededor; para dejar a la opinión pública opositora huérfana de liderazgo”.

Añadió que “no lo han apresado por temor a una respuesta violenta tipo militar de los estadounidenses; por ello, tienen guardada su aprehensión hasta que no se produzca una situación irreversible; como la detención de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela o la llegada inminente de tropas con la ayuda humanitaria”.

Los politólogos no descartaron, que continúen las acciones represivas y la persecución; en contra de cualquier ciudadano que se sume a la ruta de la oposición, que incluye el cese de la usurpación; el gobierno de transición y las elecciones libres.

“Lo sorprendente, es que a pesar de la persecución, la gente quiere reunirse con él; y los detenidos se mantienen firmes en su posición. Eso deja en evidencia que hay una importante capacidad de compromiso; y se está consciente del riesgo que se corre en la búsqueda del retorno de la democracia”, sentenció Evans.

¿Es legal el proceso de investigación?

La Sala Plena del TSJ, solicitó a la ANC el 1° de abril que allanara la inmunidad del legislador; y al Ministerio Público que diera inicio al proceso de investigación. “La Sala Plena está actuando inconstitucionalmente; por lo que esa solicitud o autorización es irrita y nula”, dijo el abogado penalista, Joel García.

Explicó, que debido a que Guaidó goza de inmunidad, el procedimiento no es el adecuado; “es el MP, titular de la acción penal y director de cualquier investigación, el que debe presentar un informe ante la Sala Plena del TSJ; en el que declara que existe méritos para enjuiciar. Allí, el máximo tribunal debe solicitar el allanamiento de la inmunidad al Parlamento legítimo único órgano que tiene potestad y facultad por mandato del artículo 200 de la carta magna; y 24 del Reglamento de Interior y Debate de la AN, para allanar la inmunidad de cualquier parlamentario”.

“La cuestión no es la investigación, sino quién la está autorizando y cómo se está autorizando; que es lo inconstitucional y, por ende, todo lo que se derive de ello es nulo de toda nulidad. Si la forma de investigar y de allanar su inmunidad es totalmente inconstitucional; todo lo que se derive de ello es inconstitucional”, puntualizó.

ACN/El Nacional/Foto: EN

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