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49 millones de dólares ocultó primo de Rafael Ramírez en Andorra

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Diego Salazar
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Unos 49,2 millones de dólares (40 millones de euros)  ocultó e Diego Salazar,  primo de Rafael Ramírez, hombre fuerte Hugo Chávez,

El empresario consiguió contratos millonarios de empresas chinas que ejecutaron obras públicas en Venezuela  mientras su familiar ocupaba cargos institucionales entre 2002-2014.

Según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Salazar prestaba  servicios de consultoría e intermediación para que multinacionales asiáticas captaran adjudicaciones de infraestructuras del Ejecutivo de Venezuela,

La cifra la depositó el primo de Ramírez en la banca privada d’Andorra (BPA), donde manejó 11 cuentas entre 2007 y 2014, según un informe confidencial de esta entidad.

Salazar cobró en la BPA sus comisiones, un 10 % de las obras públicas “firmadas y en fase de desarrollo”. Y barajó ingresar este porcentaje en el banco andorrano por gestionar infraestructuras por valor de 3.000 millones de dólares (2.432 de euros).

Entre los clientes del empresario figuró la ingeniería china Sinohydro Corporation Limited, un gigante con 486 proyectos en 72 países. El empresario firmó un contrato para intermediar en la adjudicación de cinco obras públicas con esta compañía.

Sinohydro Corporation Limited participó en dos fases de la planta termoeléctrica La Cabrera en el Estado venezolano de Aragua. La infraestructura, inaugurada en 2014, costó 603 millones de dólares (491 millones de euros).

El análisis de los movimientos de una de las 11 cuentas que manejó Salazar en el banco andorrano confirma que el primo del exministro Ramírez transfirió 7,3 millones de dólares (5,9 de euros) al ejecutivo de PDVSA Francisco Jiménez Villaroel. y que este también manejó tres cuentas en la institución financiera que movieron nueve millones de dólares (7,2 de euros).

Para justificar su actividad e ingresos, Salazar aportó a la institución financiera de Andorra un contrato de “consultoría e intermediación” entre su empresa panameña Highland Assets Corporation y la ingeniería Sinohydro Corporation Limited.

En el documento publicado por El Pais, señala que el empresario percibió una comisión del 10 % “del importe neto cobrado en la negociación directa” de las infraestructuras.

Salazar está siendo investigado en Andorra por blanqueo. Su causa judicial salpica también a una decena de empresarios, exviceministros de Venezuela, como Nervis Villalobos y Javier Alvarado (ambos de Energía), y testaferros de políticos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013).

MCO/ACN

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Desalojan a 10.000 personas de mina ilegal que colapsó en Venezuela (+ video)

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Desalojan a 10.000 personas de mina ilegal que colapsó en Venezuela - Agencia Carabobeña de Noticias
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Desalojan a 10000 personas de mina ilegal Bulla Loca, que colapsó en febrero pasado con saldo oficial de 16 muertos, certificó este martes 23 de abril la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por intermedio del general en jefe Domingo Hernández Lárez, al frente del comando responsable de las operaciones militares.

La mina “clausurada y evacuada por violación al ordenamiento jurídico territorial de las reservas forestales en el estado Bolívar (sur), luego de haber desalojado a más de 10.000 mineros ilegales transgresores de la ley”, añadió el jefe militar.

Hernández Lárez compartió un video donde pueden verse enormes cráteres dejados por la extracción ilegal de oro, así como decenas de árboles derribados.

La evacuación de la mina, cuyo único acceso era fluvial, comenzó después de la tragedia de febrero, que dejó oficialmente 16 muertos aunque habitantes aseguran que fueron más.

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Desalojan a 10000 personas de mina ilegal Bulla Loca

Otros 14.000 mineros fueron retirados en el último año del parque nacional Yapacana, el más extenso de Venezuela con 320.000 hectáreas, ubicado en el vecino estado Amazonas, con amplias zonas devastadas por la minería.

La región del Arco Minero, que abarca una porción de la Amazonía, tiene una extensión de 112.000 km2 con grandes reservas de oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán.

Es una zona que explota el Estado, donde también operan mafias que ejercen el control en estas minas ilegales, cuya expansión ha arrasado amplias reservas de bosques y contaminado acuíferos con mercurio.

La ONG SOS Orinoco, crítica al gobierno y que denuncia un “ecocidio” por la minería, señala que entre 2017 y 2022 en los estados Bolívar y Amazonas (sur) hubo al menos 54 muertos en 17 incidentes mineros.

En diciembre de 2023 otras 12 personas murieron tras el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú (Bolívar).

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