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¡A machetazos! intentó un hombre asesinar a su pareja en Valencia

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Hombre intentó matar a su pareja a machetazos. Foto: Referencial
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Un hombre intentó asesinar a su pareja a mechetazos, la tarde del pasado martes 9 de abril, en el sector La Candelaria de Valencia.

El Ministerio Público identificó al detenido como José Junior Vieira (59); quien quedó privado de libertad por femicidio agravado en grado de frustración.

De manera extraoficial se conoció que el sujeto intentó causarle la muerte a su esposa, cuando ella se encontraba en la cocina preparando la cena.

Al parecer el hombre se acercó a su pareja y la atacó con un machete; causándole varias heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La víctima interpuso la denuncia ante la Polícia de Carabobo

Tras ser agredida la mujer fue llevada a un centro médico donde recibió atención. Dos días después interpuso la denuncia ante la Policía de Carabobo.

Al conocer del hecho, una comisión policial ubicó al agresor y lo arrestó; además lo remitió al Ministerio Público, para el debido proceso penal.

Vieira fue imputado por la Fiscalía 16ª; por el delito de femicidio agravado en grado de frustración.

Asimismo se conoció, que tal imputación la contempla el artículo 58°, ordinal 1°, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como el artículo 80° del Código Orgánico Procesal Penal.

La medida privativa fue dictaminada por el Tribunal 2° de Control de la jurisdicción, luego de evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía.

Además, el Tribunal ordenó que Vieira permanezca recluido en la estación policial La Candelaria, hasta se concrete su traslado al penal de Tocuyito. Con información: ACN/Notitarde

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Denuncian que los presos sufren por las consecuencias del retardo judicial

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retardo judicial presos
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El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los presos sufren por las consecuencias del retardo judicial.

Audiencias diferidas, juicios interrumpidos, procesos inconclusos mantienen tras las rejas a los presos más tiempo de lo debido.

Es por esta razón que familiares y privados de libertad se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) del estado Táchira para denunciar su situación.

Misma situación que padecen la mayoría de los presos venezolanos que están en las cárceles y calabozos del país.

En ese sentido, un grupo de presos de Táchira denunció que tienen años esperando por inicios o conclusiones de juicio y las causas siempre son las mismas.

Entre los casos se pueden encontrar aquellos privados de libertad que son trasladados hasta otros estados lejos de su tribunal donde reposa su causa.

La principal excusa para no llevarlos a los tribunales es que no hay transporte o gasolina y menos para hacerlo a otras regiones, incluso existen casos en los que algunos presos tienen hasta 40 diferimientos de audiencia en un lapso de dos años y otros a los que se les interrumpe el juicio.

En caso de los que se encuentran en Táchira, bien sea que están en procesos de inicio o en pleno juicio también presentan problemas con el traslado.

Pero en menor proporción pues siempre con ayuda de los familiares terminan realizándose porque deben ubicar la gasolina o alquilan autobuses para ser sacados del Centro Penitenciario de Centro Occidente (CPO) mejor conocido como Santa Ana.

Una vez que son trasladados a los tribunales, los presos se topan con otra realidad, la falta de luz, la falta de un fiscal del Ministerio Público, o del mismo juez hacen que se difiera la audiencia, pero lo que se está haciendo más repetitivo es la falta de los funcionarios que participaron en el procedimiento y aunque se le hace la citación, suelen no cumplirla.

Indicaron que han recibido denuncias de personas que están en penales y calabozos que su tiempo excede su condena

Por su parte, los abogados del equipo de OVP manifestaron que esta situación se está haciendo “costumbre” y explicaron que en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 340, expresa:

“Cuando el experto o experta, o testigo oportunamente citado o citada no haya comparecido, el juez o jueza ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública, y solicitará a quien lo propuso que colabore con la diligencia».

«Se podrá suspender el juicio por esta causa una vez conforme a lo previsto para las suspensiones, y si el o la testigo no concurren al segundo llamado o no pudo ser localizado para su conducción por la fuerza pública el juicio continuará prescindiendo de esa prueba”.

En tanto, los abogados agregaron que este artículo no es respetado, pues simplemente las audiencias de juicios son suspendidas, una y otra vez, y tampoco se hace el esfuerzo de buscar a los funcionarios.

Asimismo indicaron que han recibido denuncias de personas que están en penales y calabozos que su tiempo excede su condena y tampoco son tomados en cuenta por los tribunales de ejecución.

Esta situación genera retardo procesal, que según registros del OVP para el 2021 se posiciona en 70 %.

Es decir que de cada que de cada 10 casos 7 no fueron revisados, situación que fue analizada en el informe de la organización.

Carolina Girón, directora del OVP, señaló que 54% de la población penitenciaria de Venezuela está en condición de procesados, lo que se traduce que aún existe la presunción de su inocencia.

Explicó además que estos presos que no poseen una sentencia firme no pueden optar por los beneficios que le otorga la ley.

Para la defensora de DDHH todas estas situaciones son consecuencia de una “desidia del poder judicial y se presentan por la falta de independencia judicial y la corrupción”.

Nota de prensa

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