Nacional
Activistas rechazan demanda de gobernador Rafael Lacava
Activistas rechazan demanda Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo. Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante rechazaron este jueves 19 de mayo la demanda por difamación en su contra, presentada por el mandatario regional.
Ambos solicitaran en su momento que se investigue la presunta responsabilidad del funcionario en ejecuciones extrajudiciales.
Alvarado, coordinador de investigación de la ONG Provea; aseguró que la acusación de Lacava es “parte del cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil” en Venezuela.
“Nuestro informe no es contra ningún gobernador. No somos parte de campaña para desprestigiar absolutamente a nada. Es un informe para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país”; dijo.
Activistas rechazan demanda Rafael Lacava
En marzo pasado, ambos activistas participaron en la presentación del informe Lupa por la Vida; durante la que se aseguró que “la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava”.
Alvarado exhortó al gobernador a que “abra sus espacios” para que se pueda “avanzar en conocer qué es lo que ha pasado y cuáles pueden ser los presuntos responsables” de los hechos; “en lugar de criminalizar el trabajo” de las organizaciones de DD.HH.
“La responsabilidad de un gobernador (…) no debe ser la defensa automática de los funcionarios que pudieran estar señalados de graves violaciones a DD.HH. e incluso de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de todo gobernador donde aparezca señalada su policía como presuntamente responsable de haber privado arbitrariamente la vida a las personas, es facilitar las investigaciones”; señaló.
Por su parte, Infante, coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sostuvo que las organizaciones no pretenden “otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho para que haya verdad, justicia y reparación para la no repetición”; dijo.
“Es un informe nacional”
Indicó que el informe “no está focalizado en Carabobo, es un informe nacional” que “evidencia que en el año 2021 hubo, en el territorio nacional, 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales; un descenso de casi un 60% respecto a 2020”.
El abogado de Provea, Joel García, aseveró que la demanda contra los activistas representa un “nuevo capítulo de ataque a la libertad de expresión, a los DD.HH. y a la vida”; que la defensa está en disposición de “enfrentar este proceso” para “resolver la situación”.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
SIP: En Venezuela los periodistas sufren intimidación, persecución y detenciones arbitrarias
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela los periodistas sufren «intimidación, persecución y detenciones arbitrarias»; incluyendo el periodismo comunitario que usa las redes sociales para su labor.
Además, se mantiene un «apagón informativo casi total», porque -dice la SIP- los canales de televisión y emisoras de radio están «silenciados». Esto según su informe de mitad de año publicado este viernes.
«Los canales de televisión están completamente silenciados (…) También están silenciadas las estaciones de radio, con el agravante de que, mes tras mes. El régimen las ha ido cerrando en todo el país», señaló la SIP en el informe.
SIP: En Venezuela los periodistas sufren intimidación, persecución y detenciones arbitrarias
Asimismo, indicó que en la nación caribeña no hay prensa escrita independiente. «Algunos grandes periódicos son comprados por el gobierno (de Nicolás Maduro) y los que existen de forma independiente debieron migrar a internet, espacio en el que sufren bloqueos digitales permanentes», añadió.
«El bloqueo digital oficial es casi total: 48 medios y 78 dominios siguen bloqueados, lo que incluye a medios internacionales», apuntó. Igualmente, la SIP agregó que los bloqueos de los portales web de medios de comunicación; los ordena Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) con total discreción, opacidad y sin base jurídica.
«El Gobierno también bloquea el acceso a herramientas usadas para evadir la censura; y también los bloqueos se dan en forma natural a través de apagones eléctricos masivos en todo el país», denunció.
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La asociación señaló diversos casos como el bloqueo del medio El Carabobeño, en noviembre pasado, por la operadora estatal Cantv. Asimismo, por cuatro empresas de telecomunicaciones privadas.
También denunció que funcionarios militares impidieron el acceso a periodistas de ocho medios de comunicación, incluyendo la estatal Venezolana de Televisión (VTV); a un centro de votación durante el referendo consultivo por la disputa territorial con Guyana.
La SIP señaló que en febrero pasado cerró una emisora de radio en Carabobo (centro). «Luego de una orden de funcionarios de Conatel», tras recibir varias visitas de inspección en 2023.
Con información de ACN/EC
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