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Adultos mayores protestan durante pago de pensiones

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Se han registrado protestas en la ciudad de Caracas y en el interior del país, por parte de los adultos mayores durante el pago de pensiones. El mes de agosto los pensionados deberán cobrar 8 millones 400 mil bolívares.

Según usuarios de la red social en Twitter, personas de la tercera edad salieron a protestar en las inmediaciones de la urbanización El Paraíso, en Caracas donde se encuentra el Banco Fondo Comun (BFC). Trancaron la calle con escombros. En la avenida Urdaneta ubicada en el municipio Libertador, también fue trancada por los manifestantes que cobraban en el BFC, de ese sector; debido a que alegan que el pago de la pensión fue incompleto.

También se pudo conocer que en el estado Bolívar, se realizó un manifestación en el sector Alta Vista; luego los mayores recibieran el pago en billetes de 500 y 1.000 bolívares.

En la ciudad de Coro, estado Falcón; también se hicieron sentir los ancianos, debido a que no recibieron el pago completo de la pensión. Los manifestantes cerraron el paso en la avenida Manaure; exigiendo que las entidades bancarias cumplan el pago completo de la pensión.

Sudeban anunció que solo pagaran 2 millones en efectivo

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Venezuela (Sudeban); informó que los pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); solo podrán cobrar en entidades públicas y privadas, 2 millones de bolívares en efectivo; el resto, 6 millones 400 mil bolívares será cancelado por medio de pagos electrónicos tradicionales.

 

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Activistas rechazan demanda de gobernador Rafael Lacava

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Activistas rechazan demanda Rafael Lacava - noticiacn
Marino Alvarado y padre Alfredo Infante en rueda de prensa. (Foto: EFE)
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Activistas rechazan demanda Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo. Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante rechazaron este jueves 19 de mayo la demanda por difamación en su contra, presentada por el mandatario regional.

Ambos solicitaran en su momento que se investigue la presunta responsabilidad del funcionario en ejecuciones extrajudiciales.

Alvarado, coordinador de investigación de la ONG Provea; aseguró que la acusación de Lacava es «parte del cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil» en Venezuela.

«Nuestro informe no es contra ningún gobernador. No somos parte de campaña para desprestigiar absolutamente a nada. Es un informe para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país»; dijo.

Activistas rechazan demanda Rafael Lacava

En marzo pasado, ambos activistas participaron en la presentación del informe Lupa por la Vida; durante la que se aseguró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».

Alvarado exhortó al gobernador a que «abra sus espacios» para que se pueda «avanzar en conocer qué es lo que ha pasado y cuáles pueden ser los presuntos responsables» de los hechos; «en lugar de criminalizar el trabajo» de las organizaciones de DD.HH.

«La responsabilidad de un gobernador (…) no debe ser la defensa automática de los funcionarios que pudieran estar señalados de graves violaciones a DD.HH. e incluso de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de todo gobernador donde aparezca señalada su policía como presuntamente responsable de haber privado arbitrariamente la vida a las personas, es facilitar las investigaciones»; señaló.

Por su parte, Infante, coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sostuvo que las organizaciones no pretenden «otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho para que haya verdad, justicia y reparación para la no repetición»; dijo.

«Es un informe nacional»

Indicó que el informe «no está focalizado en Carabobo, es un informe nacional» que «evidencia que en el año 2021 hubo, en el territorio nacional, 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales; un descenso de casi un 60% respecto a 2020».

El abogado de Provea, Joel García, aseveró que la demanda contra los activistas representa un «nuevo capítulo de ataque a la libertad de expresión, a los DD.HH. y a la vida»; que la defensa está en disposición de «enfrentar este proceso» para «resolver la situación».

ACN/MAS/EFE

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