Nacional
AI lanza acción urgente por cese de ataque contra activistas venezolanos


Amnistía Internacional, AI lanza acción urgente por cese del ataque contra los activistas venezolanos Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, demandados por difamación hace una semana por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; luego de que solicitaran que se investigue su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
“El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos”; pidió la organización en un comunicado.
El pasado 16 de mayo, Infante y Alvarado recibieron la notificación de una demanda por difamación del gobernador de la entidad carabobeña.
La ONG Provea aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe “Lupa por la Vida”; durante la cual se aseveró que “la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava”.
AI lanza acción urgente por cese del ataque contra los activistas venezolanos
El jueves pasado, Alvarado, coordinador de investigación de Provea, aseguró que la demanda forma parte del “cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil” en Venezuela; dijo.
Por su parte, Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla, argumentó que el informe “no está focalizado en Carabobo, es un informe nacional”; el cual “evidencia que en el año 2021 hubo en el país 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, un descenso de casi un 60 % respecto a 2020”.
“El Gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de DD.HH. que ha llevado a más de 6,1 millones de personas a huir del país”; sostuvo AI.
“Estos ataques no son aislados. Desde principios de 2021, la sociedad civil en Venezuela ha denunciado una nueva ola de represión contra personas activistas y defensoras de DD.HH., centrándose en criminalizar la cooperación internacional e intentar implementar nuevos mecanismos represivos sobre la sociedad civil en el país en 2021, y más recientemente en mayo de 2022”; agregó AI.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Oposición asegura que mantendrá control de activos fuera de Venezuela

Un grupo de exdiputados opositores aseguraron este martes 21 de marzo que mantendrán control de activos del país en el exterior, administrados por una comisión creada por este sector de la oposición en enero pasado, ante las recientes investigaciones de supuestos hechos de corrupción por parte de funcionarios del Gobierno de Venezuela.
La líder de este grupo, la exparlamentaria Dinorah Figuera, exiliada en España, dijo que, ante esta situación en el oficialismo, la comisión opositora de “administración y protección” de activos en el exterior, manejados por Juan Guaidó desde 2019 hasta finales de 2022, seguirá “asumiendo la responsabilidad de salvaguardar” recursos del Estado venezolano que están en otros países.
Mantendrán control de activos fuera del país
Además, propuso abrir una investigación “a fondo” para dar con los “actores (que), bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, se enriquecieron ilícitamente” a costa “de la crisis humanitaria” de Venezuela, según una nota de prensa.
Desde 2019, cuando Guaidó se autoproclamó “presidente encargado”, este sector de la oposición mantiene el control de activos del país que se encuentran en otras naciones, entre ellas Estados Unidos, que rechaza la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.
Luego de que este grupo de exdiputados electos en 2015, cuyo período venció en 2021, votara por la eliminación del llamado “Gobierno encargado”, en diciembre pasado, creó posteriormente un “Consejo de Administración y Protección de Activos”.
En enero, la Justicia emitió órdenes de captura contra Figuera y otras dos exdiputadas opositoras, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, que conforman la junta directiva de esta suerte de “legislativo” paralelo, a las que la Fiscalía acusa de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Maduro pidió justicia por “dinero robado”
Maduro pidió este lunes justicia por el “dinero robado” de las cuentas del país en el exterior por parte de la “ultraderecha” antichavista.
Asimismo, el jefe de Estado informó que ha “conducido personalmente” una serie de investigaciones para “desmembrar” a las “mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores”, entre ellos el petrolero, el judicial y el político.
Ante estas investigaciones, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció a su cargo este lunes.
De momento, se conoce la detención de, al menos, cuatro funcionarios públicos, entre ellos el ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, así como de dos jueces y un alcalde chavista.
ACN/MAS/EFE
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