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Alimentos, oro y petróleo, verdadero poder de militares

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La frase (slogan) que Nicolás Maduro hace repetir a sus seguidores, «¡Leales siempre, traidores nunca!»…  Y estos días en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles; el oficialismo cuenta con un ingrediente extra para asegurarse la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país. El papel preponderante que el chavismo asignó a los uniformados en la economía de Venezuela se vería amenazado en un régimen democrático como el que propone el presidente interino Juan Guaidó .

Alimentos, oro y petróleo,  el verdadero poder de los militares en Venezuela

«A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos», explicó a La Nación Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que el año pasado publicó el informe «El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela».

Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana dirige desde hace año y medio  la estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional.

La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional, es dirigida desde hace año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, mayor general sin experiencia en la materia.

El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.

Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Invesp, indicó que hoy «es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control».

Las áreas económicas que escapan de la administración castrense son «espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca», dijo Jacome. «Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados», señala.

Garantía

La creciente inserción de los militares en la economía marcha coincide con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a cerca de 15 dólares mensuales, ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.

«¡Leales siempre, traidores nunca!»

Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.

La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría «desarmar» este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. «Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro», estimó San Miguel.

Por su parte, Jacome agregó: «En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar».

La especialista estableció además una relación directa entre el creciente papel militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. «Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza», concluyó.

ACN/Invesp

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Por falta de pruebas exigen culminar investigación contra Luis Carlos

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Foto: Cortesía.
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Abogados de Espacio Público exigieron a los tribunales; culminar con la investigación contra el periodista y activista por los derechos humanos Luis Carlos Díaz.

Es importante mencionar, que este miércoles 12 de noviembre se venció el plazo legal; para que la Fiscalía 67 Nacional presentara las supuestas evidencias encontradas en su vivienda el 12 de marzo cuando fue detenido y las cuales permitirían la continuidad de la investigación.

Luego de ocho meses de la aprehensión de Luis Carlos, se le sigue acusando de «instigación pública»; por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, prohibición de salida del país, imposibilidad de declarar a los medios sobre su caso y régimen de presentación.

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El día que fue liberado. Foto: Cortesía.

Caso de Luis Carlos

Vale recordar que Díaz, fue acusado de cometer ese delito después que el líder cahvista Diosdado Cabello; presentó en su programa televisivo Con el mazo dando, un video en el que manipulaba las recomendaciones del periodista sobre las acciones comunicacionales que se deberían tomar en cuenta durante un apagón.

En relación a los delitos, representantes legales de Luis Carlos también pidieron; que se eliminen las medidas cautelares que le impiden salir del país y pidieron se establezca una audiencia para escuchar a las partes involucradas.

Según la legislación venezolana, si la Fiscalía respectiva no presenta pruebas en contra del acusado en el tiempo estipulado, el Tribunal está en la obligación de declarar la suspensión del proceso legal por falta de evidencias, lo que equivale a la inocencia y libertad plena.

Irregularidades

La primera irregularidad se presenta, cuando la Fiscalía 67 nacional plena no ha atendido las diligencias entregadas por la defensa; tampoco da acceso a la revisión del expediente y no ha propuesto ni gestionado ningún tipo de actuación.

Segundo, no ha respondido ni contraargumentado un documento de excepciones previas; entregado por los abogados de Luis Carlos el 24 de abril.

Aunado a ello, se conoció que han cambiado en tres ocasiones al juez encargado del caso. También y hasta la actualidad la Fiscalía tiene en su poder la computadora, pendrives; discos duros y otros equipos electrónicos decomisados al comunicador.

Por todas las razones descritas «Espacio Público exige al Estado cumplir con lo establecido en el COPP; y en la Constitución Nacional, de manera que no se retrase más el proceso en contra de Luis Carlos Díaz; y sea declarada su libertad plena, levantando las medidas cautelares que limitan su trabajo y respetando el principio de presunción de inocencia», se lee en el documento.

ACN/Crónica Uno/Analítica.com/Foto: Cortesía

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