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Apuntalando las condenas de los Guevara(II)

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Apuntalando las condenas de los Guevara (II): Por José Luis Centeno S.-

Tras huir del país en marzo de 2012; el ex Presidente de la Sala Penal del TSJ confesó y asumió la responsabilidad de participar; en “casos de manipulación del sistema de justicia, realizando actuaciones; en perjuicio de personas por motivaciones políticas y por supuestas órdenes del Presidente de la República”; siendo ponente en procesos de trascendencia como el seguido a los Guevara.

Eladio Ramón Aponte Aponte fue quien dejó en firme la sentencia; contra Rolando, Otoniel y Juan Guevara; condenados a 30 años de prisión, por la supuesta comisión del asesinato de Danilo Anderson; en noviembre de 2004.

En el fallo del 06/08/2007, Aponte usó contra ellos; la misma argucia con que dejó firme la condena a 30 años de cárcel; de los comisarios y los agentes de la Policía Metropolitana; la desestimación del recurso de casación propuesto por la defensa; descartando la posibilidad de que la sentencia pudiera ser revisada y modificada.

Un año y dos meses después, Aponte vuelve a sentenciar contra los Guevara.

En la Sentencia Nº 500 de fecha 07/10/2008, de oficio; niega la posibilidad de enjuiciar al mitómano Giovanni Vásquez De Armas; arguye que la defensa carecía de legitimidad y que no se podía abrir un procedimiento judicial;  al “testigo estrella” por la presunta comisión del delito de Falso Testimonio; porque tal solicitud “sólo podía provenir del Ministerio Público y no de la defensa” de los Guevara.

El trasfondo de la sentencia

La Fiscalía nunca solicitó el juzgamiento de Vásquez, “como el mismo ex magistrado confesó, fue una inactividad premeditada y orquestada por él y las personas que le giraban dichas instrucciones”. En cuanto a la “falta de legitimación activa de los solicitantes”, de cara a la Decisión Nº D06-12 de la Corte de Apelaciones de Caracas del 27/06/2008, fue parte de la argucia.

¿Cuál es el trasfondo de la Sentencia Nº 500? El martes 08/04/2008, Geovanny Vásquez rinde declaración ante los fiscales Susana Churión y Harrinson González, prosigue con una rueda de prensa y echa por tierra la teoría del caso Anderson conforme a la cual condenan a los Guevara, pero eludió mencionar a los “verdaderos responsables” esgrimiendo “No puedo revelarlo porque está en las actas”.

Para sorpresa de él y su abogado, a la par de sus declaraciones, Globovisión difundió el video de una entrevista que le hiciera la periodista María Angélica Correa el 14/08/2006, en la cual dio detalles de que todo se trató de “un montaje para acusar a un grupo de personas”. Cinco meses después, el diario El Nacional publica una versión extraída del acta de la declaración del “testigo estrella” de fecha 08/04/2008:

“Landaeta [el fiscal Gilberto Landaeta] me dijo que… Al parecer, hubo problemas entre ellos, porque, al parecer, Danilo quiso extorsionar a Salvatierra y a José Vicente no le gustó. Danilo amenazó con decir lo que estaba pasando y José Vicente lo mandó a matar».

“…José Vicente lo mando a matar”

Así, literalmente, constaría en el acta suscrita por Churión y González, no es difícil concluir las implicaciones de alta política de esas afirmaciones en boca del “testigo clave”, máxime cobrando fuerza “que el móvil del crimen fue el desacuerdo dentro de una red de extorsión a la cual pertenecía el funcionario asesinado”.

Vásquez señaló a Otoniel, Rolando y Juan como autores materiales, sus dichos fueron avalados por fiscales y jueces que los condenaron a finales de 2005, al ser desmentido por la prensa el 2006, la defensa técnica solicita en fecha 10/11/2006 que él y Alexis Peñuela sean juzgados por la comisión del delito de Falso Testimonio. En 2008, al desmentirse él solito, los apoderados judiciales exigen al TSJ pronunciarse sobre el recurso de casación concerniente a su juzgamiento.

Es así como en octubre de 2008, Aponte mantiene incólume la falsa anulando esa pretensión de la defensa, declarada sin lugar en Corte de Apelación el 23/05/2007, decisión apelada y de lo cual se da cuenta en la Sala Penal el 24/01/2008; antes de él, lo hizo la Fiscalía al proveerle información “sobre el caso” al “Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional”, mediante el oficio “MP Nº DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-12-PRO-789-8220-08”.

Caso Anderson: …”la ley no alcanzaría a los “verdaderos responsables” del crimen”

La inmediatez exhibida invalidando este asunto que exculpaba a los Guevara, desentona con 5 años de dilaciones del TSJ en la tramitación del Recurso de Nulidad incoado el 14/04/2009 por la misma defensa contra una decisión del Presidente del Consejo Moral Republicano contraria a “la obligación de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa”.

Aponte, desde su encumbrada posición, dejó claro que la ley no alcanzaría a los “verdaderos responsables” del crimen, esta era una especie de finalidad procesal en el caso Anderson, pues ellos, los “verdaderos responsables”, se habían apropiado de la justicia. En esa oportunidad, la Dra. Jaqueline Sandoval fue lapidaria:

“Se buscaron los tres chinitos de Recadi que están presos y ese es el resultado: 30 años para estas personas inocentes porque ellos necesitan unos responsables”. ([email protected])

ACN/@jolcesal

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Antonio Garbi, doble secuestro

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Antonio Garbi, doble secuestro: Por José Luis Centeno S.-

La pena de prisión sin condena que cumple Antonio José Garbi González viene a ser; en la dialéctica revolucionaria, sombría expresión del chantaje judicial; hecho a la sociedad venezolana que, inoculado en la administración de justicia; dio al traste en nuestro país con el sistema adversarial acusatorio; “que murió hace tiempo y nadie ni siquiera le prendió una vela”, según el jurista Leonardo Pereira Meléndez.

Primero fue el padre de este joven preso político; lo secuestran y desaparece entre exigencias de sus captores, un doloroso episodio; acentuado por efectivos militares que no dieron con su paradero después de recibir ingentes sumas de dinero; requeridas para garantizar el éxito de un rescate trastocado en timo; al igual que la causa penal iniciada contra Garbi González en Carabobo; radicada en Aragua -la “guillotina judicial”- y en veremos en la Sala de Casación Penal del TSJ.

El infortunio vuelve a perturbar la tranquilidad del hogar de Antonio José; cuando más de veinte efectivos policiales protagonizan otro secuestro, el suyo; un hecho irrefutable desde que dormía pegado al techo en un calabozo del CICPC; superando la sarna con medicina para perros y extorsiones continuadas en la cárcel de Tocuyito; sumadas a riesgos de muerte y enfermedades tan preocupantes; como las anomalías procesales que lo han mantenido tras las rejas por más de cinco años.

Secuestros con precedentes

De ambos secuestros existen precedentes, cada día más; no obstante, las causas y efectos se desvanecen en la cotidianidad de calamidades; surgidas de la situación país, que en el área penal son mayores con las Salas del TSJ publicando decisiones; incluso enfrentándose entre sí, violando su propia resolución No. 001-2020;  tocante a la suspensión de los procesos judiciales, mientras expedientes como el de Garbi espera en Sala Penal decisión del avocamiento solicitado por el Ministerio Público.

Si en cinco años el Poder Judicial en Fase del Juicio Oral; la de “mayor relevancia del proceso penal”, ha sido incapaz de materializar;  “plenariamente la prueba” que dice tener en contra de este muchacho; y de concretar principios como los de la “contradicción y de igualdad procesal”; notoriamente estamos ante un secuestro, cuyos responsables, a diferencia del sufrido por su padre; están identificados e insisten en prologar el cautiverio con violaciones de derechos humanos.

Decir secuestro, suena alarmante, aunque no causa el impacto emocional de otros tiempos; menos cuando las trasgresiones a las garantías procesales parecieran ser norma consuetudinaria; con la tendencia a ser admitidas como tales por la sociedad venezolana, implicando el peligro; de olvidar a quienes se les afecta el bien jurídico de la libertad; en un entramado judicial con más aristas políticas que jurídicas.

En este contexto, el secuestro de Antonio José Garbi González, como el de tantos presos políticos; es un atropello judicial, parte de aberraciones procesales adversadas con la solidaridad y tesón; en exigir libertad para los encarcelados por motivaciones políticas, algo que sin duda surte efectos positivos pese al desgaste propiciado por la putrefacción del Poder Judicial.

ACN/@jolcesal

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