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Carro è Drácula recuperó 103 cajas de alimentos CLAP en manos de usurero

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En un  recorrido del Carro ‘e Drácula por la avenida Aranzazu de Valencia, la Policía de Carabobo recuperó 103 cajas de alimentos pertenecientes al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en manos de un presunto usurero.

José Aldama Reyes, director general de la policía estadal, informó que a través de denuncias registradas mediante la Línea 0800-Drácula, se alertó sobre una situación sospechosa en un local comercial de la zona.

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Policarabobo recuperó 103 cajas del CLAP. (Foto Gobernación Carabobo)

Denuncia por la Línea 800-Drácula

Los funcionarios fueron hasta un estacionamiento donde funciona el local comercial y confirmaron la denuncia que recibieron por la Línea 0800-Drácula.

En el lugar los uniformados encontraron las cajas full de alimentos  identificadas con los logos del Comité Local de Abastecimiento y Producción.

“En el interior del establecimiento se localizaron 103 cajas Clap, contentivas de alimentos, pertenecientes a Alimentos Carabobo (Alimca)”, destacó Aldama.

También se recuperó 80 paquetes de harina

En la requisa que realizó la comisión, en otra habitación del mismo local se recuperó 80 paquetes de harina de maíz precocida.

El jefe de Policarabobo también hizo saber por medio de un boletín de prensa,  que se están realizando las investigaciones correspondientes porque tienen el conocimiento que el jueves, los hambreadores del pueblo sacaron otras 400 cajas de CLAP.

Los alimentos fueron vendidos a un ciudadano de nacionalidad extranjera”, agregó el director de PoliCarabobo.

Por otra parte informó que, durante el operativo en la avenida Aranzazu aprehendieron de dos ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego.

Los oficiales de la Policía de Carabobo le incautó a este par de sujetos dos escopetas calibre 12.

Aseguró el comisario jefe José Aldana  Reyes, que están prestos a combatir la usura, ka especulación y el boicot que atente contra la seguridad alimentaria de la población carabobeña.

Además, en todos los procedimientos siguen las directrices del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien está abocado a llevarle la paz y la tranquilidad a todos lo que habitan en la región.

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ACN/Boletín de prensa

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Según ONG más de 800 ejecuciones extrajudiciales se registraron en 2022

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Los diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021, según un informe difundido este viernes por las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla, como parte del proyecto común Lupa por la Vida.

“Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal”, aseguraron las organizaciones.

Distintos años, distintas cifras

Así mismo señalaron que, en 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas, una cifra que disminuyó a 1.414 en 2021 y a 824 el año pasado.

Tambien refirieron que del total de víctimas documentadas en 2022, 806 fueron hombres y 18 mujeres, y la mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que residían en barriadas pobres.

Indicaron que la mayoría de las víctimas de las cuales se pudo conocer el lugar donde recibieron los disparos fueron asesinadas mediante tiros en el tórax.

La PNB considerado el organismo más letal

Por otra parte, el organismo de seguridad más letal, según las ONG, fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguido de policías estadales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Provea y el Centro Gumilla pidieron el cese de la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y el desarrollo de políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada.

De igual manera entre sus recomendaciones, consideraron importante establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares.

Con información de EFE

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