La imagen de 87 migrantes, la mayoría venezolanos, subiendo a un avión militar de Chile para ser devueltos a su país hace dos semanas consolidó un giro en la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, que genera un clima hostil hacia los indocumentados en Chile.

Con un Chile que no supera la crisis social de 2019 y en medio de la pandemia de coronavirus; las autoridades endurecieron su discurso migratorio, otrora solidario y receptivo al trabajador extranjero.

Aunque las autoridades chilenas celebren que desde la deportación de febrero bajaron en 92% los ingresos clandestinos por la frontera con Bolivia; el drama sigue con un flujo migratorio que genera hostilidad entre los chilenos.

Muchos ciudadanos de origen venezolano sin papeles reciben insultos y se les niega ayuda; en la ruta de altura y clima duro o en las ciudades cerca de la frontera.

La búsqueda de rutas cada vez más inhóspitas por parte de los «caminantes» obedece a fronteras militarizadas y restricciones que imperan en la mayoría de los países de Sudamérica por la pandemia.

«Durante la pandemia han coexistido discursos públicos acogedores de la población migrante y discursos que la estigmatizan»; explicó a la AFP Felipe Gonzáles Morales, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Recuerda que la estigmatización puede producirse no solo en el discurso; «sino a través de otras acciones, tales como expulsiones llevadas a cabo con aspaviento y con connotaciones criminalizadoras de los migrantes».

Chile cambia su política migratoria

Los venezolanos que caminan a Chile, de todas las edades, pero muchos entre 18 y 26 años; son blanco de un rechazo abierto desde que los migrantes con overoles blancos fueron deportados.

En esos días cruzaron hasta duplicar la población de la localidad fronteriza de Colchane; y fueron más de 3.8000 en una semana.

Locales denunciaron robos de casas humildes del altiplano chileno y también a camioneros; que viajan hacia la frontera con Bolivia.

Entre los caminantes hay familias, muchas mujeres con bebés en brazos; y «los malandros de siempre». Ellos mismos los reconocen, acusan y lamentan que dañen su reputación.

«Ha habido muchos que llegan y entran así no más a las casas y piden un poco prepotentes»; lamenta Hugo González, un señor en el pueblo de Huara, un pueblo del desierto de Atacama.

Dos días después de la mediática deportación, el canciller chileno Andrés Allamand anunció que las vacunas contra el covid serían solo para chilenos y residentes legales; algo que rectificó en horas el mismo Gobierno.

«Deben estar muy desesperados para llegar con sus niños en brazos por esos lugares; pero Chile no está bien, no tenemos cómo atenderlos. No nos van a alcanzar las vacunas»; dijo a la AFP Pedro Pérez, ingeniero minero de 44 años, haciéndose eco de un comentario que se repite.

País remoto y hermético

Desde principios de la década de 2000 los venezolanos empezaron a emigrar a Chile, pero el aislamiento geográfico los obligaba a viajar solo en avión; por ello con documentos para empezar una nueva vida. Entonces eran en su mayoría profesionales.

La comunidad está ahora presente en todos los rubros laborales en Chile. A partir de 2016; los migrantes venezolanos empezaron a llegar en autobuses y el incremento ha sido explosivo.

Desde el segundo semestre de 2020 empezaron a ingresar ilegalmente decenas; luego cientos y en enero miles caminando al costado de las fronteras cerradas.

«El incremento de las restricciones en la mayoría de los Estados sudamericanos en relación con la movilidad venía desde antes de la pandemia y se ha agudizado durante esta»; apunta González Morales.

Doble estándar

El 22 de febrero de 2019 el presidente Piñera decía a los opositores al gobierno venezolano en Cúcuta (Colombia); en un acto organizado por el multimillonario británico Richard Branson: «No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega y cierra los caminos a la ayuda humanitaria que su pueblo tanto necesita».

Pocos meses después, Chile anunció la creación de una Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para los venezolanos; válida para entrar y vivir en el país por un año, y con la que se buscaba facilitar la regularización de los migrantes.

Casi un año más tarde, sin embargo, a muchos de los que obtuvieron la VRD se les negó su renovación so pena de una multa o deportación; según testimonios confirmados por AFP.

«Qué diferencia con la actitud del Gobierno de Chile, que acaba de expulsar a muchos venezolanos, olvidando la generosidad con que la Venezuela democrática recibió a los chilenos que huían de la dictadura de Pinochet»; escribió el Nobel peruano Mario Vargas Llosa en una columna reciente, en la que llamó a emular la decisión del gobierno colombiano de regularizar a más de un millón de venezolanos.

Según datos de Relaciones Exteriores; hasta diciembre pasado se otorgaron 21% de las 164.908 solicitudes de VRD realizadas por venezolanos desde 2018.

«Hay un doble estándar porque la tribuna internacional frente al mundo, la Autoridad hace una declaración muy potente; muy clara (Piñera en Cúcuta) y a nivel local le hace una zancadilla y les impide la utilización precisamente de la Ley de Refugio», señala Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del SJM.

Piñera reafirmó en enero que su gobierno busca poner orden y combatir la inmigración ilegal; para impedir el ingreso de personas que no cumplan las leyes ni «contribuyan al desarrollo de Chile».

ACN/Noticiero de Venezuela

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