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Delitos por violaciones de DDHH en Venezuela se redujeron 38% en cuatro años, dice fiscal

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Delitos por violaciones de DDHH en Venezuela - noticiacn
Fiscal Tarek William Saab.
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Delitos por violaciones de DDHH en Venezuela se redujeron 38% desde 2018 hasta 2022; aseguró este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.

El titular de la Fiscalía aseveró que “un funcionario policial sabe, en este momento, que si comete una violación de derechos humanos le va a venir todo el peso de la ley”; indicó.

Detalló que durante 2018 se abrieron 13.234 causas relacionadas con violaciones a los DD.HH.; mientras que en el 2019 se iniciaron 11.461, lo que representa un 13% menos.

Delitos por violaciones de DDHH en Venezuela se redujeron 38%

Indicó que en 2020 se contabilizaron 9.746 procesos por delitos de este tipo (15 % menos que el año anterior); que en los años 2021 y 2022, las causas abiertas alcanzaron 8.237 (15% menos) y 8.177 (1% menos), respectivamente.

Saab agregó que se ha imputado a un total de 1.625 personas por violaciones de garantías básicas; si bien no detalló el lapso de abarca esta cifra.

Indicó que, también, se han logrado 1.842 acusados por delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos; así como 860 privados de libertad y 392 condenados.

Cifras “inéditas en la historia republicana”

El fiscal calificó estas cifras como “inéditas en la historia republicana”; aseguró que hablan de “una preocupación y una ocupación sobre un tema tan sensible”.

“Esta es la respuesta del Ministerio Público de Venezuela, en nombre del Estado venezolano, a la Corte Penal Internacional (CPI)”, dijo; según el escrito.

A saber

Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de este organismo autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela; después de que quedara en suspenso a solicitud del Estado.

La postura rechazada por el Ejecutivo venezolano el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado “amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos”; indicaron.

ACN/MAS/EFE

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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