Nacional
Desmienten que se esté solicitando tarjeta de vacunación para ingresar a sitios públicos
Este lunes el Ministerio para la Salud desmienten que se esté solicitando la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a lugares de ocio, institucionales y públicos en el país.
A través de Twitter, el despacho de Salud expresó a la colectividad que “la presentación del certificado de vacunación contra la covid-19 para ingresar a lugares públicos, recreacionales e institucionales, es FALSO”.
La aclaratoria surge luego de que se difundiera una información falsa en redes sociales, en las que afirma la obligatoriedad del referido carnet para entrar a diversos establecimientos.
ATENCIÓN│El MPPS informa a la colectividad que el comunicado que señala la presentación del certificado de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a lugares públicos, recreacionales e institucionales, es FALSO❌. pic.twitter.com/QZK1KwrK5P
— MPPS (@MinSaludVE) October 11, 2021
Preparan «semáforo anticovid»
Vale destacar, que el pasado viernes el presidente Nicolás Maduro anunció que prepara «semáforo anticovid» para detectar a las personas contagiadas por el virus y a quienes estén vacunados contra esta enfermedad y así permitir el acceso a lugares públicos.
En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó que funcionará a través de teléfonos con sistema «android».
Según indicó, en las entradas de los lugares públicos estarán personas con un teléfono celular en la mano que solicitarán a los ciudadanos sus números de cédula de identidad para verificar si están vacunados, sanos o contagiados de covid-19.
«Una vez que lo incorpore al teléfono o lee el QR allí va a poder saber si la persona está positiva a covid; obviamente esa es la luz roja (…) luego está la luz verde, se va a encender cuando nos indica que la persona está vacunada y puede entonces ingresar al establecimiento», detalló.
Mientras la luz amarilla es la que indicará que la persona está sana; pero sin vacunar.
«Ya la ministra de Comercio Eneida Laya, hará los contactos respectivos con la Cámara de Restaurantes para que se establezca que deben ingresar solamente las personas vacunadas y, obviamente, que no esté contagiada con el covid-19″, apuntó Rodríguez.
ACN
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Nacional
Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días
La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.
“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.
Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.
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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido
El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.
En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.
“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.
Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.
Víctima del “retardo procesal”
Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.
Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
ACN/MAS/EFE
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