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Cinco detenidos por la muerte de una joven que sufrió mala praxis

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Cinco detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), relacionadas con la muerte de una joven en el estado Miranda, luego de sufrir una mala praxis.

Respecto al hecho, el director del organismo, Douglas Rico, informó en sus redes sociales, que Rosmary Rusbely Palma Rodríguez de 20 años; falleció el pasado 30 de enero en las instalaciones del Hospital Doctor Victorino Santaella.

Sobre la víctima, detalló que ingresó al centro médico el día 24, luego de presentar una fuerte infección; que luego se determinó fue producida por una mala práctica médica, tras realizarse un aborto clandestino.

De igual manera, los efectivos de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal de Guarenas; determinaron que los padres de Rosmary, Mariyuli Rodríguez y Rubén Palma, la llevaron a un lugar clandestino para realizarse un legrado.

Incluso, Rico señaló que acudieron con otra de las detenidas, identificada como Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren de 43 años; encargada de efectuar la interrupción del embarazo.

Mala praxis: detenidos por la muerte de una joven

Respecto a la que realizó la mala praxis, lo que ocasionó la muerte de la joven, se identificó como médico integral, terapeuta y ginecólogo obstetra, y ahora forma parte de los cinco detenidos. 

Sin embargo, se encontró que no culminó el procedimiento correctamente y la occisa presentó sangrados intensos por varios días.

Luego de observar esos signos, sus parientes la trasladaron al hospital pero los profesionales no pudieron salvarle la vida; debido a que ya estaba séptica.

Más implicados

De igual manera, se determinó la participación en el caso de Juan Carlos Martínez de 49 años y de su hija Maydelyn Martínez, de 23 en el caso.

Ambos, de acuerdo a las autoridades, captaron a jóvenes vulnerables, interesadas en interrumpir sus embarazos; ofreciéndoles el procedimiento por 120 dólares.

Por su parte, el director del Cicpc reveló que los implicados operaban en la parroquia Guatire y realizaban las maniobras sin cumplir con medidas sanitarias.

Al llegar al lugar, incautaron varios implementos de ginecología y medicamentos para tratar diversas patologías. Los cinco detenidos por la muerte de una joven tras sufrir mala praxis, se encuentran a la orden de la Fiscalía 30º del Ministerio Público del estado Miranda.

Con información: ACN/Caraota Digital/Foto. Cortesía

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Según ONG más de 800 ejecuciones extrajudiciales se registraron en 2022

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Los diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021, según un informe difundido este viernes por las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla, como parte del proyecto común Lupa por la Vida.

“Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal”, aseguraron las organizaciones.

Distintos años, distintas cifras

Así mismo señalaron que, en 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas, una cifra que disminuyó a 1.414 en 2021 y a 824 el año pasado.

Tambien refirieron que del total de víctimas documentadas en 2022, 806 fueron hombres y 18 mujeres, y la mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que residían en barriadas pobres.

Indicaron que la mayoría de las víctimas de las cuales se pudo conocer el lugar donde recibieron los disparos fueron asesinadas mediante tiros en el tórax.

La PNB considerado el organismo más letal

Por otra parte, el organismo de seguridad más letal, según las ONG, fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguido de policías estadales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Provea y el Centro Gumilla pidieron el cese de la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y el desarrollo de políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada.

De igual manera entre sus recomendaciones, consideraron importante establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares.

Con información de EFE

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