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Las dictaduras no pierden elecciones en Venezuela

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Las dictaduras no pierden elecciones en Venezuela: Por Ronal F. Rodríguez y Francesca Ramos.- Aunque el oficialismo pasa por uno de sus peores momentos, la oposición tiene pocas opciones de ganar. Un ejemplo son las pasadas elecciones de gobernadores: Las dictaduras no pierden elecciones en Venezuela

El caso venezolano es el del deterioro en cámara lenta de la democracia partidista más antigua de América Latina. De la crisis de la democracia representativa se pasó por el espejismo de una democracia participativa y protagónica a la implementación de un autoritarismo competitivo y que está dando origen a un nuevo modelo de dictadura del siglo XXI. El momento de la ruptura democrática se puede fechar el 2 de diciembre de 2007, cuando la oposición venezolana logró su primera victoria electoral.

Hace 10 años, cuando Hugo Chávez buscó reformar la Constitución venezolana, tres razones principales explican la primera derrota electoral de la “Revolución Bolivariana”: la primera es el abandono de importantes sectores al proyecto de Chávez, quienes no estaban de acuerdo con el viraje en dirección al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. Quizás el más representativo de ellos fue Raúl Isaías Baduel, compadre y amigo personal de Chávez, y quien lo rescató del golpe de Estado de 2002. Los partidarios de la democracia participativa y protagónica no compartían el modelo de inspiración cubana que se pretendía imponer en aquel entonces.

La segunda razón fue la movilización estudiantil del año 2007, que se reflejó en protestas callejeras y un evidente desasosiego social. El poderoso y popular presidente no supo enfrentar a los jóvenes que se levantaron contra el cierre de RCTV a inicios de ese año y que cerraron filas ante la amenaza que se cernía sobre el sistema democrático. Las imágenes de la represión de los cuerpos de seguridad contra los jóvenes universitarios deterioraron la imagen del gobierno.

Y la tercera razón que explica la derrota del hasta ese momento monstruo electoral, fue la subestimación del valor político de las regiones y sus líderes. La reforma constitucional proponía vaciar de poder a los gobernadores y a las estructuras de poder regional, buscando construir una especie de baipás entre el ejecutivo nacional y las bases, pero que en la práctica era leído como una concentración del poder. Lo que llevó a que, incluso, los líderes del propio chavismo, le dieran la espalda a la reforma propuesta y no estuvieran dispuestos a minar su poder.

Una década más tarde, las elecciones de gobernadores son percibidas como una batalla relevante pero no definitiva en la lucha política. La idea de reformar la Constitución fue superada ampliamente por el cambio constitucional promovido por el presidente Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que a casi tres meses de su posesión ha destruido la poca seguridad jurídica que le quedaba al Estado venezolano. Los denominados “decretos

constitucionales” han derruido la Constitución de 1999 y todo el marco legal existente, generando una gran incertidumbre.

Hoy las divisiones al interior de las filas chavistas son mayores. Al desaparecer Chávez, el poder es ejercido por una coalición de sectores y familias que desconfían las unas de las otras, pero que se necesitan para sobrevivir; múltiples escisiones debilitan el ejercicio efectivo del gobierno.

Importantes representantes de la era Chávez han sido apartados del centro, como es el caso de Rafael Ramírez, ex hombre fuerte de Pdvsa y, por lo tanto, del poder económico. Otros fueron expulsados discretamente, aislando todas sus redes, como fue el caso de Jorge Giordani, hombre intocable en los años de Hugo Chávez. Y otros se separaron de forma traumática de la cúpula gobernante; el caso más significativo es el de Luisa Ortega Díaz, que desde la fiscalía general denunció la ruptura del orden constitucional, pero que logró escapar de Venezuela antes de ser alcanzada por la ira chavista, que, como se demuestra en el caso de Baduel, no es poca cosa, aún hoy sin claridad sobre su condena y tiempo de salida.

Por otro lado, la represión de los aparatos de seguridad legales e ilegales ha transformado la imagen internacional de la Revolución Bolivariana. La represión de los años de Chávez palidece ante los detenidos, heridos y muertos que se reportan por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. El tema ha dejado de ser un asunto de imagen para convertirse en una preocupación internacional.

En cuanto a la relación de poder entre lo central y lo regional, al ser Venezuela un Estado federal se esperaría que la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa influya de forma diferenciada en cada gobernación, dependiendo de sus características geográficas, demográficas y sociales. No obstante, la concentración de poder que fuera rechazada por los ciudadanos hace 10 años se materializó fácticamente en el contexto de la crisis.

La “Revolución Bolivariana” implementó una relación clientelar extorsiva que fomentó la dependencia del ciudadano al Estado, no solo en la atención de sus demandas en cuanto a los servicios normales que suele proveer a la sociedad, como educación, salud o seguridad, sino que capturó la estructura socioeconómica, ampliando su espacio de acción, llegando incluso a controlar con fuerzas de seguridad la producción, distribución y comercialización de productos como el pan.

Dicha dependencia busca utilizar las necesidades del ciudadano para garantizar la lealtad al proyecto político, o en su defecto para aumentar los costos de ser opositor al mismo. Así las cosas, un ciudadano, o milita en el chavismo y se inscribe en el “carné de la patria”, o no tendrá acceso a productos de la canasta básica, que en algunas regiones es la única forma de conseguirlos, o no tendrá acceso a derechos fundamentales, como por ejemplo, en materia de salud son las vacunas.

Hace una década, Chávez llegó al referendo de 2007 en un contexto que parecía favorable, una economía en crecimiento, con una importante victoria electoral en las presidenciales de 2006 y una alta popularidad internacional atizada por su personalidad y discurso, pero aun así perdió. Hoy

las condiciones para la derrota son más que evidentes; no obstante, como lo ha mostrado la historia venezolana, las dictaduras no suelen perder elecciones.

El oficialismo ha desplegado una estrategia que consta de tres herramientas para obtener la victoria. En primera instancia ha promovido la abstención de la oposición valiéndose de sus peleas internas. No es la primera vez que lograría resultados con dicha herramienta; en el período que va entre 1998 y 2006 logró generar un nivel de desconfianza entre los sectores opositores y con respecto del sistema electoral, el cual fue capitalizado en las elecciones de Asamblea Nacional de 2005, en las que no participó la oposición, y las presidenciales de 2006, en las cuales capitalizó la mayor diferencia.

La segunda es la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, a través del cambio de reglas electorales, la reorganización de las circunscripciones, la complejización de los procesos, la modificación de los registros, la reubicación de los puestos de votación y los respectivos ciudadanos, y la falta de transparencia en las alternativas de los tarjetones, disminuyen sensiblemente las posibilidades para que un opositor pueda ejercer su derecho de elección.

Y la tercera herramienta es la amenaza de desconocer el resultado, obviamente no de forma directa, sino velada, como se desprende de la declaración del presidente Maduro, en la medida en que supedita a los elegidos a tener que extender su reconocimiento a la ANC para hacer válida su elección. Este caso, a su vez, implicaría que, a pesar de que las elecciones se dieran con su derrota, la aceptación supuesta de la ANC implicaría que esta última podría cambiar, en el proceso de creación de la Constitución, las reglas de elección y desconocer los resultados actuales.

Los autores: Ronal F. Rodríguez , Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, director de “Esto no es una frontera, esto es un río” en @urosarioradio y presidente de la Fundación Surcontinente @ronalfrodriguez

Y Francesca Ramos,  Profesora. Directora del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

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Un patrón más amplio de violaciones

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De la Sotta, la ONU, los Guevara y “un patrón más amplio de violaciones”: Por José Luis Centeno S.-

“Ya tiene 28 meses en los sótanos de la DGCIM sin juicio”; me comentó Molly refiriéndose a su hermano, el Capitán de Navío Luis de la Sotta. “Es el caso 13 del informe de la Comisión de determinación de hechos”, agregó, abriendo el dictamen; que el régimen pretende invalidar con gestiones ante legaciones diplomáticas;  y declaraciones públicas del Canciller, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

El Caso 13

El “CASO 13”, “ilustra… un patrón más amplio de violaciones”; según el ítem “763” de las “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente; de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”; presentadas el 16 de septiembre de 2020 en el Cuadragésimo quinto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el marco de ese “período de sesiones”; Los Guevara cumplieron “15 años y 10 meses de injusta prisión, años de continuas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos”; sostiene la Dra. Jackeline Sandoval, quien desde noviembre de 2004 viene denunciando que en el caso de Otoniel, Rolando y Juan Guevara:

“…se cometió arresto y detención arbitraria, así como desaparición forzada…; torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; además de sostener que las condiciones de detención de sus defendidos “equivalen a una violación de la prohibición de la tortura;  y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Las palabras citadas son extractos de los ítems “795” y “797” de las “Conclusiones” atinentes al “CASO 13”; coincidentes con señalamientos de Sandoval respecto al patrón de violaciones de derechos humanos; denunciado por ella durante “15 años y 10 meses”; corroborado en el seno del Consejo de Derechos Humanos, un patrón que adquirió otros matices; y de allí que actualmente sea “más amplio”, pero igual de cruento.

Prácticas ilícitas de aprehensión, interrogatorio y reclusión

Al igual que en el caso de los #comisariosguevara, existe “Falta de investigación de las alegaciones de tortura” en “el Caso 13: Capitán Luis de la Sotta”, como ellos, el oficial naval desde el 18 de mayo de 2018, cuando agentes de contra inteligencia fuertemente armados se lo llevan a la fuerza de su sitio de trabajo, vio ensombrecer el debido proceso con prácticas ilícitas de aprehensión, interrogatorio y reclusión.

Luis de la Sotta fue privado de libertad junto “al menos 30 oficiales militares y 2 civiles” que la DGCIM detuvo “durante el mes de mayo de 2018”, por una supuesta conspiración contra el Gobierno y que fueron acusados “de los delitos militares de traición, instigación a la rebelión militar, motín, y delitos contra el decoro militar”.

Al día de hoy, luego de un abrupto traslado, el Capitán de Navío tiene por sitio de reclusión un sótano que llaman “La Casa de los Sueños”, no es contradictorio si tomamos en consideración que también existen sueños aterradores, de esos que se convierten en pesadillas, como la vivida por este preso político y su familia en “28 meses”.

Una pequeña muestra de esa pesadilla, contenida en el ítem “778” de las “Conclusiones detalladas” antedichas:

“El Capitán de la Sotta fue detenido en régimen de aislamiento. Oficiales de la DGCIM a cargo de la custodia no le permitían usar el baño, por lo que a menudo dormía con sus propios excrementos. Fue golpeado y asfixiado con una bolsa de plástico, y recibió amenazas contra su familia.”

Mucho antes del brote de COVID-19, De la Sotta estaba en “aislamiento”, “severo”, incomunicado, decirlo es redundar en un hecho denunciado por su hermana, Molly de la Sotta, ante medios de comunicación y las más encumbradas instancias nacionales e internacionales. De hecho, “El 21 de julio de 2020, la madre del Capitán de la Sotta presentó una queja al Ministerio Público sobre las condiciones de detención de su hijo.”

Las autoridades, militares y civiles, parecieran hacer pasar por alto que la “prisión preventiva”, solicitada de forma irregular el 19/05/2018 por la Novena Fiscalía Militar Nacional al Tribunal Militar Primero de Control, el cual la acordó, al extenderla indefinidamente constituye un claro indicio de denegación de justicia, precisamente el hecho que quieren negar en la cruzada diplomática del trío gubernamental.

Un detallito para finalizar. “El Capitán de la Sotta tiene la ciudadanía venezolana y peruana”, no obstante, luce improbable que los cruzados del régimen recurran a la delegación diplomática peruana, pues “la DGCIM le ha negado el acceso a la protección consular a pesar de las numerosas peticiones de la Embajada de Perú.”

ACN/@jolcesal

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