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¡Encierrenlos en calabozo!

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Veraz…/ ¡Enciérrenlos en calabozo…!: Por Robert Alvarado.-

“Sólo en la oscuridad puedes ver las estrellas” (Martin Luther King)

Comienzo este escrito diciendo feliz año 2021 a todos mis lectores; que durante muchos años han leído esta columna de opinión y este primer  artículo es para referirme a  algo que me mandan del estado Guárico, tierra de Juan Vicente Torrealba.

Un hombre con su arpa hizo muchas canciones que fuese interpretada por dos grandes mexicanos   Antonio Aguilar (https://www.youtube.com/watch?v=VsJtVcRYV8c) y Marco Antonio Muñiz (https://www.youtube.com/watch?v=yZxk2I1ytLU)”. Algo que ocurre  con un  caso en el circuito penal extensión Calabozo.

Para los conocedores del derecho; cuando nos referimos  a la pirámide de Kelsen sabemos que  es un instrumento de suma importancia en el estudio y aplicación de la jerarquía de cada una de las leyes dependiendo del país. Caso Venezuela nuestra Constitución está por encima de todas las leyes es nuestra Carta Magna; y muchos de   sus principios constitucionalidades es el ideario y doctrina de El Libertador Simón Bolívar; en su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional.

Me avoco a muchos pensamientos de Bolívar y lo resalto en este artículo de opinión como una vez dijo: «El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores».

Esto va porque en el mes de julio del 2020 escribí algo según Cicerón; quien  nos narró en aquel momento como la Jueza Rectora del Estado Guárico, Beatriz Alicia Zamora ,presuntamente es o era la cabecilla de todo este entramado de corrupción judicial, quien coloco los cargos de jueces a quienes sólo seguían sus órdenes; y le reportaban los guisos en verdes;  dólares que cobran en determinados casos que comparte con sus protectores; quien designó como jueces a abogados que no tienen la preparación y capacitación jurídica idónea.

Pero el día jueves 23 de julio del 2020 “amaneció de golpe en el poder judicial del Estado  Guárico”; en horas de la mañana Beatriz Alicia Zamora,  hizo entrega de la presidencia del Circuito Penal del estado Guárico y de la rectoría; después de más  de 4 años haciéndose denuncias sobre la corrupción que reinaba en el Poder judicial de Guárico; sobre todo en la área penal, algunos abogados comentaban de ese tumbe de mata en momentos; pero siguió el guiserismo en otro lado de ese estado llanero en Calabozo; con esas mafias que están dentro del poder judicial.

Ya sé a denunciado en varias ocasiones en que se dedicaban entre otras cosas; a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales; y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”.

5 juezas en el guiso

Según dicen con asombro de palabras; me quedo deslumbrado con el poder judicial en el circuito judicial penal extensión calabozo; pareciera que todo es un guiso por parte de la Coordinadora de esa extensión judicial la Abg. D.B y sus más allegadas colaboradoras las cuatro juezas de control, Rita, Gregoria, Arelis y Llanoharys; es decir estas cinco juezas se reúnen en la oficina de Juicio 2, y hacen sus guisos judiciales; en las audiencias que fijan los tribunales de control  y específicamente en la acumulación de un Asunto Penal  JP-11 2019-326  Y JP11-2020-1019 donde funge como imputado  Sr. José Aquiles Méndez, titular de C.I 4.567.509 por un predio llamado fundo la Villaneza.

El día 23 de agosto del año 2018, los Ciudadanos Félix Ricardo Garrido y Rubén Martin; abogados de libre ejercicio quienes presuntamente actúan como apoderados judiciales; del ciudadano Juan Carlos Mora Pallares, de nacionalidad colombiana, E- 81.898.020; quien cursa una denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado Guárico, signada bajo el Nro, de Expediente MP-293579-2018 dando la orden  de inicio de investigación en fecha 05 de octubre del 2018: y de marera fraudulenta bajo la dirección de la fiscal 2da del Ministerio Publico Abg. Mariana del Carmen Franco Armada; destituida del cargo por estos mismos hechos.

Unos hechos que están como una canción que dice; “Huele a peligro”, de la cantante chilena Myriam Hernández (https://www.youtube.com/watch?v=XzjytPbYh1w);  pero en realidad no es momento de ponerse con ternuras ni con melancolías; la realidad que se vive en Guárico  con esos guisos judiciales.

Según en fecha 23 de agosto del año 2018, los ciudadanos; Félix Ricardo Garrido y Rubén Martin Aliza; quienes presuntamente dicen ser apoderado judicial del SR. Juan Carlos Mora Pallares; por un predio denominado “La Villaneza”, ubicado en el municipio Francisco de Miranda; Calabozo estado Guárico, donde se le imputa a una víctima de los siguientes hechos;  Uso de documentos falsos, Agavillamiento y Estafa.

Todo ocurrió presuntamente  tal y como me lo narran vía correo electrónico; lo que vive esta persona nos dice con sus propias palabras lo siguiente

-Ahora bien como es el caso ya del conocimiento público por parte de esta trama judicial aquí en Calabozo; por segmento de la coordinadora de este circuito la Abg. Delia; quien da órdenes a las juezas de control para qué fijen fecha; a quien ella le indique y en este caso me tocó a mí que se le fijara fecha; además una fecha por ende de conmemorar la muerte de nuestro padre de la patria Simón Bolívar; y se fija la fecha 17/12/2020 de la audiencia preliminar para pedirme la cantidad de cinco (5000) mil dólares; y dejar sin efecto la audiencia. Como les parece amigos lectores

Más me comenta el denunciante; que en fecha 19 de septiembre se emite la orden de aprehensión por parte del tribunal primero de control de la extensión judicial Calabozo; emitida por Rita De Alessio, acordándola y celebrando la audiencia de imputado y acordando la medida la privativa de libertad; así mismo la presente investigación la inicia la fiscalía 2da. del Ministerio Publico Abg. Mariana del Carmen Franco Armada; obviando el cumplimiento de la circular interna; vinculante y obligatoria NRO: DFGR-VF-DGAJ-DCJ-12-2005-011 de fecha 01-03-2005; del Despacho de la fiscalía General.

Establece ese despacho, que cuando existe una denuncia de índole patrimonial; no se está al frente de delitos  penales; sino ante obligaciones civiles por consiguiente la fiscal del Ministerio Publico actuó irrespetando esta resolución interna; emanada del Despacho del fiscal de la República; es decir los denunciantes ya habían intentado dos acciones de índole civil relacionada con estos mismos hechos; por el tribunal 4to de primera instancia en lo civil; Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Carabobo; bajo el exp. nro 26347 de fecha 29 de octubre del 2018; pues con la denuncia penal solo buscaba una finalidad; causar un daño penal, privarme ilegítimamente de libertad y buscar fraude procesal para utilizar la justicia penal como mecanismo de terrorismo judicial.

-Puro guiso judicial; es decir, existe razonados indicios o pruebas en las irregularidades que se cometieron contra la agraviada; el denunciante afirma si los funcionarios del Cicpc confirman en sus declaraciones; alcanzadas por ante el Despacho del Fiscal 38 Nacional con sede en la Ciudad de Caracas; por parte de los funcionarios Detective Agregado Robert  Peña Hernández, Detective Reina Cedeño Betania y la Experto profesional 1 Yuriby Venero; afirman que nunca actuaron en la investigación y que si bien es cierto su firman aparecen allí; indican los mismos que los obligaron a suscribirlas por el Com. Johan Niño.

-Así mismo manifiestan que ellos nunca vieron al Ciudadano Juan Carlos Mora Pallares; que funge como supuesta víctima, la cual fue utilizada para realizar la experticia de autoría escritural; y comparación dactilar realizada en fecha 27-12-2018.

-Lo más alarmante, si ninguno de los funcionarios del CICPC ya señalados no tomaron muestra de escritura e impresión dactilar; de la supuesta víctima Juan Carlos Mora Pallares; quien tomo muestra de la víctima en día  27-12-2018 a las 9: 45  am.; en sub delegación calabozo Estado Guárico; qué interés particular tiene el Com. Johan Niño  en la resulta de esta investigación; todas estas interrogantes que me hago y otras más… Solo llevo a la siguiente conclusión, “estamos en la presencia de lo que se denomina  Fraude Procesal”.

En conclusión de la víctima; se le viola el debido proceso a la afectada ya que las juezas de control 1 y 2 se inhiben; por tener relaciones de negocios, y por lo tanto la de control 1, emitió una orden de aprehensión contra mi persona; la jueza 2do se inhibe por la relación que existe entre el denunciante y Gregoria Zurita; y 3era de control se reúne con los Abogados que presuntamente representan a la víctima  y de allí formulo legalmente la recusación contra  la  juez 3ero de control.

-Ahora bien, la juez postulada por la Coordinadora Judicial; se reúne con la coordinadora y las tres juezas para así intimidarme; y me fijan  fecha para apertura de la audiencia preliminar el 17 de diciembre del 2020; caso inaudito  porque es  que esta Juez no es mi juez natural en el presente asunto penal; y envío al denunciante del caso un emisario para pedirme una cantidad de moneda extranjera (5.000.oo$) dólares; para no realizar la audiencia ese día 17 de diciembre 2020 a las 11am.

-Lo más preocupante de este hecho en ese  guiso; presuntamente esta Delia y su combo, es que  nadie dice nada de este caso todo es un silencio total.

Son tantas cosas que podríamos hablar o hacer un Best Seller de esta justicia guariqueña que muchos venezolanos no saben la verdad; cómo se maneja la justicia en Calabozo y hoy sale a flote parte de esta verdad.

Muchos llaneros de esa zona hablan de esas irregularidades que debería la Inspectoría de Tribunales y la Fiscalía General de la República hacerles  una visita para que saquen a todos esos delincuentes que mancha el poder judicial allá en los llanos centrales y ya que todo el pueblo grita: ¡enciérrenlos en Calabozo!…

¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

ACN/ra

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La Autoridad moral de la conferencia episcopal

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Por: Cora Paez de Topel

La Conferencia Episcopal Venezolana es una institución de carácter permanente, de acuerdo al Concilio Vaticano II,  constituída oficialmente en el año 1997  por los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica,  con la finalidad de  ejercer funciones pastorales respecto de los fieles de su  territorio, para promover el  bien común y la justicia social.   La Junta Directiva  se reúne cada trienio para nombrar los cargos que la conforman, por lo que en el mes de Enero 2022 quedaron constituídos Mons. Jesús González de Zarate como Presidente, Mons. Raúl Biord Castillo, Vicepresidente y Mario Del Valle, Secretario, para el período 2022  – 2025.

La Comisión Permanente, en ocasión de reunirse en esa oportunidad,  expresó una vez más  su preocupación frente a la prepotencia política de una minoría enquistada en el poder  y la apatía interna de la mayoría del pueblo venezolano, lo que ha llevado a la fractura de muchas opciones políticas partidistas, por lo cual  le piden a  los ciudadanos no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar para superarlos, en aras de un bien mayor, que es un presente y un futuro más digno, pidiendo trascender a lo comunitario en el conjunto de la realidad político social.

¨Compete a cada ciudadano la decisión de participar o no, para saber que ganamos o que perdemos como pueblo.  El bien común, norte de la política, implica un respeto y un diálogo permanente con las comunidades e instituciones sociales, inclusive si piensan distinto, o son de un partido diferente al gobernante.¨    Con fervor cristiano, apoyados por la Doctrina Social de la Iglesia,  continúan manifestando los obispos que Venezuela como nación está herida en su estructura humana, social e institucional, en gran medida como consecuencia de un modelo político autorreferencial, de vocación totalitaria  que, reiteradamente ha caracterizado como  ¨moralmente inaceptable¨ por su irrespeto, internacionalmente reconocido, de los derechos humanos, la destrucción de la estructura productiva y un empobrecimiento inédito de las grandes mayorías.
La Conferencia  Episcopal dice No al sistema comunal, que debilitará y probablemente eliminará las funciones de las gobernaciones, alcaldías y el poder local, además de las competencias efectivas de sus autoridades, con la finalidad de instaurar un poder hegemónico, contraviniendo lo estipulado en la Constitución Nacional.   De una manera clara y precisa, sin politiquería ni palabras altisonantes, el Episcopado se pronunció una vez más, exigiendo resguardar la integridad física de todos quienes luchan por los derechos humanos, por lo que piden la liberación de los presos políticos.

El sistema educativo en Venezuela está muy afectado, porque los docentes son víctimas de la crisis humanitaria, con un salario deficiente y el mal estado de las aulas escolares.  Asimismo, llama a equipar los hospitales y centros clínicos, para atender la salud del pueblo.

La Conferencia Episcopal convoca a deponer intereses particulares y buscar con acciones concretas el bienestar de todos, haciendo un llamado a la solidaridad, afirmando que ¨Sólo si nos unimos podremos sacar al país adelante y refundar nuestra Nación¨.

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