Tres estudiantes de la UC están en la cárcel acusadas de homicidio
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Tres estudiantes de la UC están en la cárcel acusadas de homicidio

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En un oscuro calabozo del Cicpc permanecen tres estudiantes de la Universidad de Carabobo, que están a punto de culminar su posgrado de Obstetricia y Ginecología.

Sus parientes, amigos y compañeros se encuentran abrumados e indignados a la vez. Las autoridades las acusan de cometer un doble homicidio y otra hilera de delitos. Las jóvenes de la Facultad de Medicina de la UC también enfrentan cargos por  asociación para delinquir, tráfico de menores, violencia obstétrica, falsificación de documentos y esterilización forzada.

El drama de Gabriela Zavala, Laura Murillo y Geraldine Arias, comenzó el 11 de octubre. Las jóvenes médicos,  estudiantes residentes del postgrado del Hospital Central de Maracay atendieron una paciente.

Desde entonces su vida es una pesadilla. Ese día asistieron a la paciente Rosa Mendoza, de 37 años de edad, quien ingresó a la emergencia del HCM con un supuesto embarazo gemelar.

Según los médicos, la parturienta procedente de Palo Negro comenzó a controlar su embarazo a partir del quinto mes. Era su séptimo parto. Al llegar presentó un ecosonograma y, cómo indica el protocolo, la remitieron al quirófano. Las estudiantes consideraron necesario practicarle una cesárea. Horas después nació un solo bebé.

Un compañero de trabajo de las ucistas detenidas reveló que, como indican las formalidades de pediatría, la madre firmó un documento. Sin embargo, al cabo rato la paciente presentó un sangrado que hizo necesaria su remisión de nuevo al quirófano.

Postgrado traumático

“La paciente estuvo consciente luego de ser entubada por varias horas.  Recordaba que solo había parido un bebé. Lamentablemente, hizo una sepsia mientras que el recién nacido permaneció en neonatología”, contó.

A pesar de los esfuerzos médicos Rosa Mendoza falleció el sábado 20 de octubre. Estudiantes de postgrado señalaron que el marido de la parturienta, tiene influencias en el Psuv, la Fiscalía y el Cicpc. Ahora es el perseguidor de las residentes de postgrado.

El denunciante acudió al Cicpc de Caña de Azúcar, organismo que citó a las estudiantes. Aseguran que en lugar de tomarles declaraciones, las remitieron a un calabozo.

La Universidad de Carabobo, a través de la facultad de Ciencias de la Salud, emitió un contundente comunicado. La máxima casa de estudios carabobeña sostiene que a las jóvenes estudiantes  se les violó el debido proceso y de la presunción de inocencia.

Médicos y estudiantes del HCM protestaron frente a la sede del Cicpc. A las detenidas las enviaron al Tribunal 7°, pero declinó la causa. El juez palpó inconsistencias en la acusación. No obstante, las autoridades insistieron y las presentaron en un Tribunal contra la Violencia de Género, instancia que decretó su detención.

La UC repudia detenciones

La UC valoró el caso como un contrasentido jurídico. Lamenta que en un país cuyos hospitales están en el suelo, criminalicen a los estudiantes. Los que salvan vidas ahora son los malvados.

“Queremos que sepan que las estudiantes detenidas no están solas. Muy equivocados están los que piensan que nos quedaremos cruzados de brazos. Basta de autoritarismo, la voz de la UC se hará sentir”, señaló una compañera de estudio.

Otra residente de postgrado deploró que las autoridades no ataquen a los delincuentes. “Nos consideran enemigos sólo porque sabemos leer y escribir”, sentenció.

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Señalan a general del Zodi por nexos con narcos y contrabandistas

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narcos y contrabandistas - ACN
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La Fiscalía acusó al general de división del Ejército, Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, por presuntamente cooperar con narcos y contrabandistas.

Según el organismo al jefe militar que dirigía la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (Zodi-Zulia), lo señalan por estar comprometido en el tráfico 33.470 litros de ácido sulfúrico en el estado Zulia. La Fiscalía no se pronunció respecto a otros jefes militares.

Tal situación fue detectada el 9 de septiembre en el municipio Machiques del estado Zulia. En esa ocasión funcionarios de la GNB) apostados en el punto de control del sector Aricuaza, detuvieron a una gandola. El pesado vehículo lo conducía Gustavo Huerta, de 35 años

Tras la revisión y debajo de arena de playa hallaron un contenedor con 223 tambores de 150 litros de ácido sulfúrico. Todo ello sumaban 33 mil 470 litros del químico, un insumo fundamental para el procesamiento de la cocaína.

De inmediato los guardias incautaron la sustancia controlada por la Ley Orgánica de Drogas, además de un teléfono celular. Les llamó la atención que el chofer mostró un permiso de transporte del ácido sulfúrico firmado por el general Lapadula. Sin embargo, el documento señalaba que se trataba de otra sustancia.

Según la Fiscalía al chofer lo capturaron en flagarncia y al general del Ejército se le solicitó una orden de aprehensión. El 13 de septiembre agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) capturaron al oficial en la sede del Ministerio de la defensa en Caracas.

narcos y contrabandistas en acción

Las fiscalías 3º Nacional y 23º del Zulia acusaron a Huerta y Lapadula por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. También por asociación para delinquir.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del acusado. Lapadula permanecerá en la sede de la Dgcim, ambos centros situados en Caracas mientras se inicia el juicio en su contra por tráfico de drogas.

Aquiles Leopoldo Lapadula Sira es general de división del Ejército. Estuvo un mes y medio al frente de la Zona de Defensa Integral en Zulia. Salió del cargo el 11 de septiembre tras estar presuntamente involucrado con narcos y contrabandistas. Antes, estuvo al frente de la Brigada 12 de Ejército, en el municipio Machiques.

En principio lo imputaron por la presunta comisión de los delitos de cooperador inmediato para el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con circunstancias agravantes, obstrucción de la administración de justicia . Según el Ministerio Público, el militar se valió de sus cargos para beneficiar a la narcomafia.

La detención del funcionario ocurrió días después de que autorizara el transporte de 33.440 litros de ácido sulfúrico que serían usados para el narcotráfico. La detención de la carga se hizo el 7 de septiembre en la carretera Machiques-Colón por efectivos de la Guardia Nacional.

De igual forma la Fiscalía sostiene que Lapadula Sira ordenó en abril de este año a funcionarios militares incinerar una avioneta incautada en una pista clandestina en el municipio La Villa del Rosario. En esa ocasión se decomisaron también 500 kilos de cocaína de alta pureza, teléfonos satelitales, equipos de navegación satelital. Avioneta que caía, avioneta que quemaban. Así no quedaba evidencia alguna.

En medios policiales se asegura que al general Lapadula Sira lo delataron narcos y contrabandistas para sacarlo del camino.  Hasta ahora el Zodi-Zulia no ha emitido el primer boletín de prensa al respecto.

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