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«Expulsar a Venezuela de la OEA sería un error» dice HRW

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A propósito de la Asamblea General, que se realiza entre este lunes y mañana en Washington; José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW); repasó los principales temas que serán tratados por la organización; y entre otras cosas señala que “Expulsar a Venezuela de la OEA sería un error”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW); considera que sería un error expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA);  y explica por qué.

Con más de 30 años dedicados a la defensa de los derechos humanos; el abogado chileno es una de las voces más autorizadas para analizar lo que ocurre en la región.

A propósito de la Asamblea General de la OEA, que se realiza entre hoy y mañana en Washington; Vivanco repasó los principales temas que allí se tratarán.

¿Cuáles son los principales desafíos democráticos de la región?

Hay una peligrosa y cada vez mayor desilusión con las instituciones democráticas; por su incapacidad para producir resultados y satisfacer expectativas sociales legítimas; que van desde la desigualdad de oportunidades hasta la inseguridad, y también la impunidad frente a los abusos. Sin embargo, quizás el fenómeno más reciente es el masivo rechazo que provocan los escándalos de corrupción. Lo importante es comprender que no hay mejores antídotos contra el abuso de poder que la máxima libertad de expresión; incluyendo la libertad de prensa,  acompañada por instituciones judiciales fuertes, competentes e independientes.

También hace falta perfeccionar la legislación para promover la transparencia; luchar contra el conflicto de intereses, garantizar la corrección del financiamiento electoral, etc. Cuando la democracia se desprestigia, hay riesgo de populismo y por desgracia esa pesadilla es recurrente en el hemisferio.

La asamblea debatirá sobre la situación de Venezuela. ¿Qué carta puede jugar la OEA en esta crisis?

La región tiene un papel fundamental frente a la crisis venezolana y debe utilizar los mejores espacios; especialmente la OEA; para exigir el cumplimiento de obligaciones jurídicas colectivas de protección de la democracia y los DD HH. Es importante que haya cada vez mayor fiscalización y presión multilateral sobre la dictadura; para impedir que logre consolidarse. Una resolución fuerte de la OEA, que rechace y desconozca la reelección fraudulenta de Maduro; condene las sistemáticas violaciones de los DD HH  y, sobre todo, la arbitrariedad total de un régimen; que hace lo que se le da la gana, sin rendir cuentas a nadie; sería un gran logro estratégico para profundizar el aislamiento de esa dictadura.

¿Expulsar a Venezuela de la OEA es una posibilidad que conduzca a algo?

A primera vista, pareciera una buena idea, especialmente porque sugiere la imposición de una sanción potente; a un gobierno que no merece pertenecer a un club de países; que deben cumplir unos estándares mínimos de conducta democrática. Sin embargo, creo que sería un error. Hay que mantener a Maduro en la OEA para seguir presionándolo con los mecanismos de control que existen; precisamente, para enfrentar circunstancias anormales. En lugar de expulsarlo definitivamente, habría que suspenderlo e imponerle sanciones; que, por ejemplo, lo inhabiliten para participar en cualquier evento regional. Entre suspensión y expulsión, hay una diferencia.

Durante la asamblea se nombrará a tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina de los candidatos?

Solo tengo comentarios acerca de la candidata que propuso Bolivia, la señora Nardi Suxo; quien se desempeñó durante muchos años como ministra del presidente Evo Morales; y luego como embajadora de Bolivia ante Naciones Unidas en Ginebra. En esa función, a partir de abril del 2015, la embajadora Suxo votó ocho veces; en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de resoluciones; que buscaban condenar atrocidades contra la población civil en Siria. En octubre del 2017, la embajadora Suxo votó incluso contra una resolución que condenaba el uso de armas químicas por parte del régimen sirio; solo seis países, además de Bolivia, y todos con un pésimo récord en derechos humanos; votaron en contra. Los jueces de la Corte Interamericana deben ser reconocidos juristas, con un claro compromiso con los derechos humanos. El récord de la doctora Suxo como embajadora sugiere, por el contrario; que ella no ha sido postulada por su compromiso con los DD.HH., sino por su lealtad al presidente Morales. Creo que sería un grave error que la OEA la elija jueza de la Corte Interamericana.

El Gobierno de Ecuador propuso recientemente reformar la Ley de Comunicación. ¿Ve esta iniciativa como un avance?

Es un enorme avance y así se lo dije al presidente Lenín Moreno cuando me reuní con él. Aunque subsisten algunas limitaciones, desaparecen los peores lastres de una ley perversa; que fue la piedra angular del régimen orweliano e intolerante de Rafael Correa.

Entre otros, se eliminan la Supercom (órgano censor);  la figura del linchamiento mediático;  la obligación de los medios de cubrir temas que el gobierno consideraba de interés público; se incorporan estándares internacionales en libertad de expresión. A diferencia de su antecesor, Moreno ha mostrado una actitud de pleno respeto por la libertad de expresión y ha impulsado prácticas que demuestran amplia tolerancia democrática.

ACN/diarios

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¡La ley entra….! Detenido alcalde boliviano por permitir fiesta en cuarentena

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Detenido alcalde en Bolivia - noticiasACN
El burgomaestre de Patacamaya, Tiburcio Choque (I) al momento de ser detenido. (Foto: EFE)
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Detenido alcalde en Bolivia, tras permitir la realización de una fiesta en medio de la cuarentena que se realiza en el país del altiplano y que dejó como consecuencia la muerte de un hombre por la pandemia COVID-19.

La Fiscalía Departamental de La Paz determinó la aprehensión del alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque; por permitir una fiesta patronal el pasado 14 de marzo, que duró cinco días, cuando ya regía la cuarentena en el país por el coronavirus, que prohíbe ese tipo de actos.

El alcalde está acusado de presunto incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública; según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Bolivia.

Detenido alcalde en Bolivia

También fueron aprehendidos dos organizadores de la fiesta, acusados de supuesto atentado contra la salud pública, detalla el boletín.

«Entre los primeros actos investigativos, el Ministerio Público emitió las correspondientes órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas ayer martes 7 de abril para iniciar la investigación del hecho»; manifestó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, citado en el comunicado.

Ya estaba advertido

Además, señaló que el pasado 12 de marzo el alcalde recibió una nota de la Policía en la que solicitaban la cancelación de todo acto; para cumplir la cuarentena.

Patacamaya es un pueblo en el Altiplano de Bolivia, a unos 99 kilómetros de La Paz; que representa una parada estratégica para el transporte pesado internacional, principalmente con Chile.

El burgomaestre y los dos organizadores de la fiesta fueron remitidos hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz, con guantes y tapabocas, como medidas de protección contra el coronavirus; además de ser desinfectados con fumigadoras para ingresar al lugar.

Cientos de invitados y un fallecido

Después de la fiesta con cientos de invitados, incluidas personas que llegaron de Chile y de Perú y varias bandas de música, uno de ellos presentó síntomas de la enfermedad; un hombre de 71 años que falleció el pasado 29 de marzo por el COVID-19, lo que causó el aislamiento del pueblo para evitar más contagios.

En Patacamaya hay al menos seis casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales cuatro son de personal de salud; según datos del gobernador de La Paz, Félix Patzi.

El Gobierno interino de Bolivia asumió medidas como la cuarentena total hasta el 15 de abril; la declaración de estado de emergencia sanitaria; la prohibición de todo evento público, el cierre de fronteras y del espacio aéreo.

Entre las sanciones por incumplir la cuarentena está desde el pago de una multa hasta un proceso penal con penas de hasta 10 años de cárcel.

ACN/MAS/EFE

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