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¡Gaceta Oficial! Inamovilidad laboral extendida hasta el 2022

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Extienden Inamovilidad laboral - ACN
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El Ejecutivo Nacional, decretó una prórroga de dos años de la inamovilidad laboral, hasta finales de 2022, para los trabajadores del sector público y privado. Así lo especificó la Gaceta Oficial, fechada del 31 de diciembre, mediante el Decreto No 4.414 en la publicación Extraordinaria número 6.611.



Extienden Inamovilidad laboral

El decreto de inamovilidad laboral, que impide a patronos de los sectores público y privado llevar a cabo despidos, desmejoras de beneficios y condiciones y trasladados «sin justa causa calificada previamente por el Inspector o la Inspectora del Trabajo de la jurisdicción». Se trata de una medida, puesta en marcha por primera vez en abril de 2002 por Hugo Chávez, que ha sido rechazada por el sector empresarial debido a que, aseguran dirigentes, fomenta el parasitismo laboral.

Asimismo, señala que la medida fue tomada «a fin de proteger el derecho al trabajo; como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz».

Esta medida establece que si un trabajador es despedido, sus beneficios y condiciones son desmejorados «sin justa causa» o es trasladado sin su consentimiento; «podrá interponer una denuncia dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida».

Quedan exentos de este decreto los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los que se encuentran en el área de trabajo de forma temporal y ocasional; de acuerdo con el artículo cinco del decreto. «La estabilidad de las funcionarias y funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin perjuicio de las demás disposiciones que le resulten aplicables».

La medida advierte que será sancionado el empresario o jefe que «obstaculice o desacate la orden de reenganche; y restitución de la situación jurídica infringida» de un trabajador «protegido» por este decreto.

ACN/ El Pitazo

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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