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Federación exige respuesta sobre caso de la Alcaldía Metropolitana

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El  presidente de la Federación Unificada de los Trabajadores de los estados Vargas y Miranda, Octavio Campo, exigió respuestas sobre el caso de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y reconozca sus reivindicaciones laborales porque esta decisión dejó sin empleo a más de 6 mil empleados.

Campo, precisó que la situación podría tornarse de gris a negro y entrar en crisis hasta recurrir a medidas más drásticas. «El pliego conciliatorio podría transformarse  en pliego conflictivo. El decreto de la ANC se está conflictuando y dicha decisión de eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas, además de ser arbitraria lesiona los legítimos derechos de los trabajadores que se encuentran en nómina en esa institución».

Aclaró que están en disposición de dialogar. «Cóbrele a los políticos lo que tiene que cobrarle a los políticos y a los trabajadores dele lo suyo, incluyendo el derecho al trabajo que como bien se sabe es un derecho humano inviolable, intocable y progresivo; por lo tanto, señor Presidente en manos suyas está no crear un estado de cosas en Venezuela innecesariamente”, concluyó el presidente de la  Federación Unificada por los estados Vargas y Miranda.

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Como se recordará el pasado 20 de diciembre la Asamblea Nacional Constituyente decidió eliminar la Alcaldía Metropolitana y del Alto Apure generando reacciones entre el sector de la oposición. Lo calificaron como una forma de modificar la Constitución sin consultarle al pueblo.

Luego el ex alcalde Metropolitano Antonio Ledezma aseguró que el gobierno  «humilla a los mediadores” que participan en el diálogo y negociación que establecieron este año los políticos venezolanos.

También la dirigente Maria Corina Machado, aseguró en su cuenta de Twitter que la ANC disolvió la República. “Esta es la respuesta a un ‘diálogo’ débil e incoherente».

ACN con información de nota de prensa.

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ONG venezolanas respaldan informe de la ONU sobre libertad de expresión

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ONGs respaldan informe de la ONU sobre libertad de expresión. Venezuela VE sin Filtro y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) avalaron este miércoles 29 de junio el informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; quien aseguró que las «libertades cívicas siguen restringidas» en el país, pese a reconocer algunas mejoras.

«Desde VE sin Filtro celebramos el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en relación a la libertad de expresión, la libre prensa y la censura en internet»; expresó la organización en su cuenta de Twitter.

Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa en esta materia para el «sostenimiento de la democracia».

En la misma red social, el SNTP reconoció la importancia en la búsqueda de justicia; en la construcción de las «garantías necesarias para el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión y de información en Venezuela».

ONGs respaldan informe de la ONU

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó ayer martes 28 de junio que el Gobierno venezolano no ha cumplido con «ninguna» de las 43 recomendaciones que la alta comisionada de la ONU hizo desde 2019.

«El Estado venezolano no cumple, en su lugar promueve violaciones de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza»; agregó.

Bachelet dijo este miércoles que las libertades cívicas siguen restringidas; aunque reconoció una serie de mejoras tras la aceptación del Gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con su organismo y permitir su trabajo sobre el terreno.

En la presentación de un informe sobre las actividades de su Oficina en Venezuela, Bachelet dijo que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo allí documentó 166 casos de restricciones indebidas: lo que incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión.

Con respecto a esto último se constataron situaciones de acoso, censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web; además del uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

ACN/MAS/EFE

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