Fuerzas de seguridad de Maduro han ejecutado 18 mil personas
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Fuerzas de seguridad de Maduro han ejecutado 18 mil personas desde 2016

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Fuerzas de seguridad - ACN
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Por la presunta «resistencia a la autoridad» las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro ha ejecutado a 18.000 personas desde el año 2016.

Según la oenegé internacional ONG Human Rights Watch (HRW) la mayoría de las víctimas cayeron en manos de las temidas  Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Sin embargo, el Ministerio Público chavista guarda silencio. Un comunicado divulgado por HRW refiere que 5.995 personas cayeron abatidas en 2016, 4.998 en 2017 y 6.856 en 2018. Y los primeros cinco meses de 2019 la cifra sigue en aumento.

El número incluye las numerosas ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad, las Faes y otros grupos leales al chavismo. «Desde que se crearon las Faes, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos», indica el informe de HRW.

Entre los homicidios se cuentan aquellos cometidos por los llamados colectivos armados. Las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se concentran en comunidades de bajos recursos que le dieron la espalda al régimen de Maduro.

Fuerzas de seguridad se llevan las caraotas

«En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia. Matan y detienen de manera arbitraria a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia», explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las Faes vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban la cara tapada. Llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Las fuerzas de seguridad de Maduro cargan con caraotas, arroz, harina de maíz y todo lo que consiguen. Las víctimas acuden al Cicpc, pero allí también se hacen loe desentendidos.

La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que las Faes alteraron el lugar del homicidio. Y además manipularon las evidencias. «Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción», denunció HRW.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

Felicitan a las Faes

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y «proteger al pueblo» frente a «las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal». El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo «¡Que viva el FAES!» y expresó su pleno apoyo «para el FAES en su labor diaria».

Lee también: Se lanzó al vacío y un policía lo agarró de una pierna (Video)

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Tregua y diálogo entre gobierno y manifestantes en Ecuador

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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno aseguró, la noche del miércoles;  que logró iniciar un acercamiento con los sectores en desacuerdo (movimientos indígenas y sindicatos);  y que hicieron desde hace días jornadas de protestas y huelgas contra las medidas de austeridad. Después de la jornada de paro y protestas;  la marcha indígena comenzaba a replegarse y abrirse al díalogo.

En el séptimo día de protestas, miles de sindicalistas e indígenas;  llegaron de manera pacífica al centro histórico de la capital Quito;  gritando consignas hacia el Palacio de Gobierno, que estaba rodeado de militares y policías.

Las manifestaciones estallaron la semana pasada;  cuando Moreno puso fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra;  que han estado vigentes por décadas, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares, con el que buscan reducir un abultado déficit fiscal.

ONU e Iglesia Católica propician el diáologo

Después de la jornada de paro y protestas, la marcha indígena comenzaba a replegarse por la noche. Al mismo tiempo el Gobierno aseguraba que las primeras reuniones con los manifestantes empezaban a dar frutos bajo el acompañamiento de Naciones Unidas y la Iglesia Católica.

Moreno, quien trasladó su gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, dijo en un video difundido en su cuenta de Twitter que regresó a Quito para monitorear las protestas.

“Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas”, sostuvo el mandatario.

El secretario de la Presidencia, José Agusto Briones, explicó que se trata de primeros acercamientos y que se propondrá a los movimientos indígenas un plan que incluye la instalación de sistemas de riego, reestructuración y condonación de deudas, un seguro agrícola y mejoras en educación intercultural, entre otras cosas.

“El primer acercamiento se ha dado”, dijo.

La ONU, en un comunicado, también aclaró que las reuniones con distintas organizaciones han sido preliminares y buscan “restablecer la paz, evitar una escalada mayor de la confrontación”, garantizando el respeto a los derechos humanos.

Los líderes indígenas aseguraron que se mantenían en su pedido de derogar las medidas de austeridad y han dicho que el gobierno de Moreno se comportaba “al puro estilo de una dictadura militar” por declarar un estado de excepción y luego un toque de queda nocturno en algunas áreas.

“Aclaramos a nuestras bases y ciudadanía que NO hemos negociado ni llegado a ningún acuerdo con este gobierno represor y criminal”, dijo la organización indígena CONAIE, que abarca a distintas agrupaciones de pueblos originarios, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Larga jornada

Algunas vías al norte del país aún estaban cerradas, provocando desabastecimiento de productos. Las actividades comerciales y escolares estaban suspendidas.

En la jornada de protesta, un grupo de manifestantes lanzó piedras y palos y atacó un vehículo de la policía, que los disperso con gas lacrimógeno.

La Ministra del Interior, María Paula Romo, admitió que bombas lacrimógenas cayeron cerca de dos universidades y un centro cultural, donde pasan la noche los indígenas. “Esto no puede suceder (…), me disculpo”, dijo.

Unos 86 policías han resultado heridos y al menos 360 personas civiles han recibido atención médica, agregó.

Tregua y diálogo entre gobierno y manifestantes en Ecuador

En Guayaquil empresarios, burócratas y autoridades locales participaron en una masiva marcha liderada por la alcaldesa local bajo la consigna “paz y trabajo”. Antes, un grupo de manifestantes se enfrentó con las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron afectar la producción petrolera de la pequeña nación. El Ministerio de Energía dijo que hasta el miércoles registraba una pérdida acumulada de 232.000 barriles de crudo, debido a la suspensión de la operación en nueve bloques petroleros por las protestas, lo que obligó a declarar fuerza mayor sobre las exportaciones de crudo.

Las autoridades suspendieron también el bombeo de crudo del oleoducto estatal SOTE.

En unas cuatro provincias, los manifestantes tomaron de manera pacífica los edificios de la representación del Gobierno en medio de las protestas, según la CONAIE.

Las autoridades han detenido a unas 766 personas.

Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa, en cuyo gobierno fue vicepresidente, de intentar un golpe de Estado con ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Correa, desde Bélgica, negó la acusación y Maduro hizo lo propio en Caracas.

El mandatario cuenta con el apoyo de la élite empresarial, las Fuerzas Armadas y no tiene una oposición fuerte, pero su popularidad ha caído a niveles de menos el 30% en dos años de gobierno.

ACN/AFP/Reuters/agencias

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