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Gobierno permanece sin dar respuesta ante el conflicto laboral

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médicos no pararán de luchar
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El Gobierno socialista que se ha establecido desde 1999, permanece sin dar respuesta ante la crisis laboral más grande que haya enfrentado el presidente Nicolás Maduro. 19 gremios del país protestan por mejoras.

Desde hace meses varios gremios se han manifestado; pero desde el pasado 25 de junio comenzó un paro indefinido por parte de los profesionales de la enfermería; a estos se les ha unido trabajadores eléctricos y profesores universitarios. Sus denuncias van enfocadas a la miseria que se vive en cada gremio mencionado.

Los profesionales de la salud han denunciado el deterioro de los hospitales públicos; la falta de medicinas e implementos para poder atender a los pacientes. Por su parte los trabajadores eléctricos exigen sueldos dignos como los de salud e inversión para materia de transporte.

Todos los gremios protestan con un fin común, las mejoras en su campo laboral y que todos puedan tener entre 50 y 300 veces más del salario que actualmente perciben; debido a la hiperinflación nacional.

Aunque los portavoces sindicales se dirigen directamente a Maduro en la mayoría de sus discursos, el jefe del Estado no ha hecho hasta ahora ningún comentario que muestre un reconocimiento de su parte al conflicto.

Por el contrario; el mandatario ha encabezado actos para anunciar más bonificaciones mensuales para los trabajadores, embarazadas, personas con discapacidad; y otros grupos representativos.

Enfermeros reclaman un derecho Constitucional

La presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras; declaró que los trabajadores sanitarios están reclamando derechos constitucionales que el Gobierno nacional no está cumpliendo; y además, exigen que se respeten el derecho a la vida y la salud, así como el derecho a percibir un salario digno.

Diariamente ocurren protestas de diferentes gremios en todo el territorio nacional. Esa es su forma de denuncia; y otros ciudadanos comunes expresan su descontento ante la falta de servicios públicos, como el agua, la luz, el gas, entre otros. Esta falta ha hecho que la calidad de vida de los venezolanos este sumergida en medio de una crisis.

ACN/EFE

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Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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