De acuerdo a un informe presentado por la ONG Fundaredes; grupos paramilitares operaron desde 2018 en más de 10 estados de Venezuela; realizando actividades de narcotráfico y explotando los recursos minerales del país.

Según el documento, la presencia de grupos irregulares armados en Venezuela evidencia la estrecha relación del oficialismo con células terroristas; alianza que ha provocado incontables muertes y saqueo del patrimonio nacional, además de actividades económicas ilícitas.

Así mismo, el informe indica que por lo menos cinco agrupaciones armadas en el país, la mayoría disidentes de organizaciones terroristas colombianas; fueron responsables el año pasado de 1.068 desapariciones de personas directa o indirectamente involucradas con la guerrilla.

El trabajo también refleja la ocupación de 214 escuelas para campos de entrenamiento; del reclutamiento de numerosos menores de edad para sus filas, y asesinatos de funcionarios de los cuerpos de seguridad nacionales por interferir en sus planes.

El Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, el Ejército Popular de Liberación, Fuerzas Bolivarianas de Liberación y el Colectivo de Seguridad Fronteriza; son grupos con armas de guerra que actúan en amplias zonas en la frontera con Colombia y Brasil.

Los paramilitares operan en diez estados venezolanos

Esos paramilitares operan en diez estados venezolanos; sobre todo en Zulia, Apure y Táchira, en actividades relacionadas con el narcotráfico; explotación minera y otros negocios ilícitos desde hace más de cuatro décadas.

En ese lapso, al menos 20 años se han dedicado a la actividad política y lucrativa en territorio venezolano mediante acuerdos con el oficialismo; que iniciaron con su reconocimiento por el presidente Hugo Chávez, y permitidos en comunidades debido al soporte económico recibido, ante la ausencia del Estado en esas regiones.

Con “una interpretación marxista de la historia y la imagen deformada de la carrera de Simón Bolívar”, integrantes de la guerrilla se han involucrado en varios sectores del Estado, como la educación; que les permite la ocupación de espacios escolares en determinadas localidades.

El informe destaca que al menos 75% de los estudiantes de una escuela; son reclutados por esos grupos irregulares y ofrecen empleo en actividades ilícitas a los migrantes que circulan en sus territorios.

Fundaredes también denuncia la presencia de esas células terroristas en actividades electorales a través de la propaganda y la imposición del voto asistido en diversas ocasiones. Además, la ideología guerrillera se difunde a través de cinco emisoras radiales de frecuencia modulada en seis estados.

Esos grupos, señala el reporte, actúan conjuntamente con las fuerzas armadas nacionales y colectivas; y son contratados por el oficialismo para reprimir a venezolanos durante manifestaciones.

“Fachada de colectivos”

Los irregulares se han aliado con colectivos y militantes del oficialismo que ejecutan acciones violentas debido a la impunidad que les garantizan dirigentes aliados de Nicolás Maduro; que violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Ambos grupos armados coinciden, por ejemplo, en el apoyo a Chávez por su “proyecto político castrocomunista”; como lo califica el catedrático José Manchillanda, y en el resguardo ejecutado por los militares venezolanos. Sus objetivos los han obligado a establecer delimitaciones territoriales, pero los choques debido a sus ambiciones han dado lugar a enfrentamientos, con tiroteos y venganzas que han sembrado la muerte.

También se les compara por el método que utilizan para obtener armas; favorecidos por la limitación operativa y de suministros para algunos cuerpos de seguridad.

En la actualidad, los grupos armados tienen definidas sus áreas para producir y traficar drogas como cocaína y marihuana; la explotación minera en determinadas comunidades del sur del país y sus trochas y vías irregulares para hacer negocios en la frontera colombo-venezolana.

Todas sus acciones son amparadas por el oficialismo y las fuerzas armadas nacionales; que permiten la toma de los cuerpos militares para su ideologización. Esa táctica comunista es conocida como «Estado de cuartel», destacó Manchillanda.

 El informe en la Asamblea Nacional

Diputados a la Asamblea Nacional recibieron el informe que registra la actuación de los grupos armados. El Parlamento considera que esos reportes; principalmente de organizaciones no gubernamentales, han sido las fuentes principales para determinar lo que ocurre en el país.

Franklyn Duarte, presidente de la Subcomisión Parlamentaria de la Frontera; confirmó los datos del documento sobre las acciones terroristas en el estado Táchira y las actividades ilícitas perpetradas en la frontera con Colombia.

Señaló que colectivos venezolanos se han integrado a la disidencia de las FARC y que los militares venezolanos se mantienen sumisos ante esas operaciones por orden de generales del Ejército.

“Los constituyentes que participan en el órgano ilegítimo instaurado por el oficialismo son líderes de varios de estos grupos; los dirigen mientras residen cómodamente en Caracas y supervisan a los altos funcionarios del oficialismo para evitar acciones sospechosas”, señaló Duarte.

15.000 terroristas

El representante de la Comisión de Política Exterior Williams Dávila denunció la actividad de aproximadamente 15.000 terroristas exclusivamente en las rutas que conectan el sur y el norte de la nación, mientras que otros agentes presionan a ciudadanos para que abandonen sus terrenos con el fin de ampliar los dominios de grupos armados.

Fundaredes aseguró que los registros y las denuncias han sido recibidos por organizaciones internacionales; como la Corte Penal Internacional y la ONU. Con información: ACN/EN

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