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El hambre impune en Venezuela

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El hambre impune en Venezuela: Por GDA.- El hambre en Venezuela, lejos de todo lo conocido en América Latina, se mantiene impune, casi 7 de los 30 millones de habitantes pasan hambre; el país solo dispone de un tercio de los alimentos que necesita.

«El hambre creció impune durante 10 años, menguando a niños que ya enterramos, que se tuvieron que ir (hay una diáspora de 5 millones de personas) o que dejaron de crecer (según Cáritas, un tercio de los niños sufre retardo en el crecimiento y rezago cognitivo)», acusa Susana Raffalli, una de las principales expertas en nutrición del país.

Venezuela vive una «crisis crónica y de instalación lenta», que tras más de una década de políticas erradas, expropiaciones y corrupción se resume en 2 cifras aterradoras en medio de la emergencia humanitaria: casi 7 millones de sus 30 millones de habitantes pasan hambre en un país que hoy solo es capaz de disponer de un tercio de los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades básicas.

Todo comenzó con la Ley de expropiación de tierras promulgada por Hugo Chávez en 2007

Todo comenzó con la ley de expropiación de tierras promulgada por Hugo Chávez en 2007, que sumada a los cambios en el modo de producción buscaban el control social soñado por el «comandante supremo» para eternizar su revolución bolivariana. El efecto colateral fue otro: se horadó el sistema alimentario de un país en el que 80% de su población reporta ingresos insuficientes para acceder hoy a la canasta básica alimentaria.

A la ecuación revolucionaria se le comenzaron a descuadrar los números desde el primer día. El resultado hoy es una hipérbole de tal tamaño que cuesta creerlo: una familia necesita 65 salarios mínimos mensuales simplemente para alimentarse, indica el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

En total son 2.625.000 bolívares (lo que equivale a 328 dólares) cuando el salario mínimo es de 40.000 bolívares, y solo se cobran 5 dólares mensuales, a la espera de nuevos aumentos gubernamentales y del descuento de la irrefrenable hiperinflación.

«El hambre creció impune durante 10 años, menguando a niños que ya enterramos, que se tuvieron que ir (hay una diáspora de 5 millones de personas) o que dejaron de crecer (según Cáritas, un tercio de los niños sufre retardo en el crecimiento y rezago cognitivo)», acusa Susana Raffalli, una de las principales expertas en nutrición del país.

Expropiaciones de empresas y nacionalizaciones en el campo, con la consiguiente caída de la producción, la disminución de la oferta alimentaria que acabó convirtiéndose en escasez, la dependencia de las importaciones y el proceso inflacionario que todavía aterra a los venezolanos se fueron sumando como factores clave para llegar al hambre de hoy. Todos ellos incluidos en un esquema de corrupción que devoró decenas de miles de millones de dólares y que ha llevado a Estados Unidos a sancionar a tres hijastros de Nicolás Maduro y también a quien creen que es su testaferro (el empresario colombiano Alex Saab), así como al general Carlos Osorio, quien estuvo al frente del Ministerio de Alimentación, y al ex ministro Freddy Bernal, entre otros muchos.

«El componente nacional del sistema alimentario venezolano llegó a cubrir más del 70% de la demanda agregada de alimentos, hasta que comenzó la estatización y la corrupción con las importaciones», profundiza Raffalli para salir al paso de las últimas apreciaciones del presidente de la FAO, José Graziano da Silva, empeñado en disculpar a su organización de la estrecha relación mantenida durante años con el gobierno de Caracas.

«Tenemos un país que debería disponer de 36 kilos de alimentos por mes y persona, distribuidos en 87 rubros, y solo se consiguen 13 kilos concentrados en 6 rubros. Una persona, de acuerdo con la dieta prototipo nacional, debería consumir 75 gramos de proteína por día y hoy consume apenas 18 gramos», constata Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción.

Este activista mantiene que la crisis nutricional es un iceberg en el que solo se ven la falta de abastecimiento y la desnutrición, pero que por debajo esconde una falla estructural de todo el aparato productivo: la agroindustria solo suministra 8,1% de su capacidad instalada (170.000 toneladas métricas de 2,1 millones posibles). El derrumbe revolucionario se ha llevado por delante las maquinarias (el déficit de repuestos y de nuevos equipos es de 92%), el sistema de transporte de carga (solo funciona 23%), la capacidad portuaria (4 barcos mensuales), el agro animal (reducción del 63%) y el agro vegetal (caída del 77%).

ACN/GDA/LA NACIÓN ARGENTINA

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Hagamos un mundo sin limitaciones para los discapacitados

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Con criterio

Un video viral de una hermosa joven en silla de rueda denunciando que el personal de seguridad no la dejó entrar en una tienda por tener una discapacidad ha dejado al descubierto la incultura reinante en Venezuela para ayudar a construir un mundo sin limitaciones, se dice que una persona tiene una discapacidad si ésta encuentra alguna dificultad o imposibilidad para realizar una o más actividades de la vida cotidiana, por ello la necesidad de adecuar las infraestructuras en las ciudades de dispositivos que permitan la incorporación de los discapacitados en el ritmo normal de la urbe, un joven influencer Venezolano hizo un experimento social y alquilo una silla de ruedas y salió a las calles de la ciudad, allí se encontró que ningún camionetero se paró para que pudiera subirse a la unidad de transporte publico, no podía bajar al subterráneo para subirse al metro, pues no hay acceso para discapacitados, tuvo que esperar que la empatía de unos ciudadanos lo bajaran a pulso por las escaleras.
Tampoco podía transitar libremente por las aceras y quedo atrapado sin tener rampa para bajar de la acera.

La Ley del Discapacitado, regula los medios y mecanismos que garantizan el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma de acuerdo con sus capacidades, para lograr su integración a la vida familiar y comunitaria mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derecho y la participación solidaria de la sociedad y la familia.

Es de obligatorio cumplimiento que los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, incorporen a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente de su nómina total, sean ellos ejecutivos, empleados, obreros u obreras.
Eso sí, los cargos que se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, ni presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las trabajadoras con discapacidad no están obligados a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan.

Las comunidades deben centrar gran parte de sus esfuerzos en exigir que las ciudades donde viven estén dotadas de una infraestructura física que les permita a los discapacitados desplazarse sin problemas. Siendo ello responsabilidad tanto del sector privado como del gobierno, quienes se unan para proveerles un cúmulo de facilidades que les permitan desarrollarse como seres humanos y adaptarse, sin ningún tipo de limitaciones, al ritmo de vida ciudadana. Además de ayudarlos en su inserción social y laboral, actualmente las sociedades desarrolladas tienen todas las comodidades para su desenvolvimiento normal.

Las empresas públicas y privadas, los particulares que presenten servicios de transporte colectivo de pasajero y pasajeras debe destinar en cada una de sus unidades, por lo menos, un puesto adaptado para personas con discapacidad con seguridad de sujeción inmovilizadora, estribos, escalones y agarraderos, así como rampas o sistemas de elevación y señalizaciones auditivas y visuales, que garanticen plena accesibilidad, seguridad, información y orientación a las personas con discapacidad. Las unidades de transporte colectivo de fabricación nacional deben contar con los accesorios descritos antes de entrar en circulación.

Los cines deben tener áreas exclusivas para estos ciudadanos. Lo mismo las universidades, centros comerciales, gimnasios, estadios, velódromos, bancos y otros para que podamos juntos decir que vivimos en un mundo sin limitaciones

Juan Carlos León-Berástegui

@abocorporativo

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