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IBAHRI condena las continuas violaciones en el juicio contra Afiuni

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El IBAHRI condena las continuas violaciones al debido proceso en el juicio contra la Jueza Afiuni en Venezuela. El International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) reitera su preocupación sobre las continuadas violaciones al debido proceso en el juicio a la Jueza María Lourdes Afiuni.

El pasado 21 de febrero la Jueza Afiuni recibió una citación para una audiencia judicial que tendría lugar al día siguiente.

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Tras más de un año de suspensión del juicio, la audiencia se realizó el 22 de febrero, teniendo como antecedente una denuncia penal por denegación de justicia interpuesta por la Jueza Afiuni el día 8 de febrero de 2019, contra el Juez asignado al caso, el señor Manuel Bognanno.

Durante la audiencia del 22 de febrero, el Juez Bognanno, presentó un resumen de audiencias anteriores y negó solicitudes realizadas por la defensa tiempo atrás, fijando otra audiencia para el próximo 15 de marzo.

La Co- Presidenta se pronuncia

Anne Ramberg Dr jur hc, Co- Presidenta del Consejo del IBAHRI, ha comentado: ‘El IBAHRI condena la citación intempestiva recibida por la Jueza en violación de su derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.

La suspensión de su juicio desde el 31 de enero de 2018 recuerda el adagio «la justicia que se retrasa es justicia que se niega.» Al respecto, el IBAHRI destaca a las autoridades venezolanas que el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas sin dilaciones indebidas.

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Es inconcebible que a la Jueza Afiuni la detuvieran simplemente por cumplir sus deberes profesionales de acuerdo con las normas internacionales y que el proceso se haya extendido por más siete años, la pena máxima prevista para los delitos que se le atribuyen.’

A la Jueza la detuvieron en 2009

En diciembre de 2009, a la Jueza Afiuni la detivieron sin orden judicial, horas después de su orden de libertad condicional al señor Eligio Cedeño. En ese momento el señor Cedeño tenía casi tres años en prisión preventiva, en contravención del Código Procesal Penal Venezolano, que especifica un término máximo de dos años.

La Jueza Afiuni fue detenida por aplicar las normas procesales venezolanas y respetar una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que concluyó que al Sr. Cedeño lo detuvieron arbitrariamente.

El juicio contra la Jueza Afiuni comenzó en noviembre de 2012. Sin embargo, se anuló después que la fiscalía no se presentara a varias audiencias. En junio de 2013, la Jueza Afiuni la pusieron en libertad condicional. Se le exigió que se presentara ante las autoridades cada 15 días y se le prohibió salir del país, hablar con los medios de comunicación y utilizar las redes sociales. Un segundo juicio comenzó en abril de 2015.

IBAHRI detalla las irregularidades

En abril de 2014, el IBAHRI publicó el informe en español La Ejecución de la Justicia: El Juicio Penal de la Jueza María Lourdes Afiuni que detalla una serie de irregularidades en el juicio y afirma que el sistema de justicia venezolano no contiene salvaguardias adecuadas para garantizar la independencia judicial, siendo el juicio a la Jueza Afiuni representativo del contexto general. También se publicó un resumen ejecutivo del informe en inglés.

En diciembre de 2018 el IBAHRI dirigió una carta abierta al Presidente de Venezuela, Señor Nicolás Maduro, denunciando la larga duración del proceso. El IBAHRI además destacó su preocupación por las violaciones al debido proceso y las interferencias indebidas en la independencia de los operadores de justicia, que el mismo ha verificado mediante el monitoreo continuo del procedimiento penal.

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Venezuela era respetuosa del Estado de Derecho

El Co-Presidente del Consejo del IBAHRI, el Hon Michael Kirby AC CMG, expresó que ‘Venezuela solía ser una sociedad próspera, dinámica y respetuosa del Estado de Derecho que protegía los derechos humanos universales. Era admirada en las altas esferas de decisión internacional, y sus ciudadanos llegaron a ser jueces de la Corte Internacional de Justicia .

Su gente estaba orgullosa de sus vínculos históricos con Simón Bolívar, libertador de América Latina. Resulta una tragedia observar el deterioro de la economía y el marco legal venezolano. El restablecimiento de las posibilidades económicas del país debe necesariamente acompañarse por el fortalecimiento de las instituciones legales: las garantías de una judicatura independiente, una abogacía activa y el respeto de los derechos universales. La IBA está comprometida a contribuir a este proceso que lleva tanto tiempo pendiente.’

ACN/IBAHRI)

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Primera muerte en Cúcuta por COVID-19 residía en San Antonio del Táchira

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Mujer murió en Cúcuta por COVID-19 - noticiasACN
Momento en que la señora toma el taxi para ir a Cúcuta. (Foto: La Opinión)
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Mujer murió en Cúcuta por COVID-19, pero residía en San Antonio del Táchira, según lo dio a conocer el diario La Opinión de la capital del Norte de Santander.

Los datos que recabó el diario de la ciudad vecina con Venezuela, la mujer que fue registrado como el primer fallecido en Cúcuta; es una señora de la tercera edad (74 años); quien llegó a suelo neogranadino el pasado 26 de marzo, sin saber que estaba infectada por el coronavirus.

Su ingreso a Colombia fue gracias a la gestión de ONG «Comunidad de Naciones Derechos Humanos, que hace vida entre San Antonio y San Crístóbal; reseñó el medio, al igual Diario La Nación, de la capital tachirense,

Mujer murió en Cúcuta por COVID-19

Según el relato de Hana Durán, defensora de DDHH e integrante de la ONG, informó a La Opinión que ayudaron en la remisión de la paciente; luego de la valoración médica que le hicieron en el hospital Samuel Darío Maldonado de San Antonio, la cual arrojó deficiencia respiratoria.

La Entidad de Prestadora de Salud (EPS) a la que estaba afiliada en Colombia ordenó su hospitalización en un centro médico, en donde la aislaron y le tomaron la muestra para confirmar el virus.

Pero la señora murió al siguiente día y el cuerpo fue entregado a sus familiares. El sábado, 28 de marzo, le dieron sepultura en el cementerio de San Antonio, sin saber que su ser querido tuvo COVID-19.

“La oficina de la ONG recibió una llamada, esta semana, del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander; diciéndonos que había llegado de Bogotá la prueba practicada a la persona de 74 años y que salió positivo por COVID-19”, expresó Hana Durán.

José Jaimes, delegado de la organización en San Antonio, precisó que este viernes, 3 de abril, a las 11:00 am; la jefe de Vigilancia Portuaria del IDS de Norte de Santander le comunicó la causa de muerte de la mujer.

Recomienda aislamiento a personal

Señaló que la funcionaria del IDS le recomendó poner en aislamiento al personal que tuvo contacto con ella y de inmediato comunicaron lo ocurrido al hospital de San Antonio, para que tomaran medidas similares.

Agregó que han mantenido comunicación con los parientes de la víctima, quienes han asegurado no mostrar síntomas de coronavirus.

Hana Durán sostuvo que la hija de la difunta quedó en movilizarse a Cúcuta este lunes a buscar el resultado del examen médico; pues oficialmente la familia no ha sido informada de la causa de la muerte.

Residía en San Antonio desde hace 5 años

La defensora de DDHH está preocupada por el personal de la ONG que tuvo contacto con la paciente, así como por el taxista que las trasladó desde el puente internacional Simón Bolívar.

Sobre el caso, la Alcaldía de Cúcuta indicó que la abuela vivía hace 5 años en el vecino país y que “vino a Cúcuta porque su estado de salud no mejoraba”.

“Las autoridades le permitieron pasar por el corredor humanitario y fue internada inmediatamente en el Hospital Erasmo Meoz. Allí se dictaminó que presentaba un cuadro de neumonía y tras su deceso las autoridades le realizaron la prueba para COVID-19”, informó María Constanza Arteaga, secretaria de Salud.

Recordó que el Ministerio de Salud agregó que la mujer, además, presentaba diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, falla cardiaca, obesidad y  enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

ACN/Diario/La Nación/La Opinión

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