Incrementó a 314% la tasa de hacinamiento en calabozos policiales | ACN
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Incrementó a 314% la tasa de hacinamiento en calabozos policiales

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Incrementó a 314% la tasa de hacinamiento - acn
Abogado Carlos Nieto Palma, presidente de Una Ventana a la Libertad (der). (Foto: UVL)
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Se incrementó a 314% la tasa de hacinamiento en calabozos policiales. La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), presentó  el jueves 14 de febrero, el informe Anual 2018 sobre la situación de los derechos humanos de los y las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela (CDP).

El abogado Carlos Nieto Palma, presidente de UVL, estuvo a cargo de presentar el balance sobre la situación de los Centros de Detención Preventiva a escala nacional.

De estos, un 88% de tipo civil y 12% de tipo militar; ubicados en la Gran Caracas y los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia. El documento da cuenta de la labor de monitoreo del cumplimiento o violación de varios derechos humanos seleccionados como fundamentales, para personas privadas de libertad en 174 CDP.

Incrementó a 314% la tasa de hacinamiento - acn

Parte de la audiencia. (Fotos: UVL)

El informe deja constancia de las múltiples y agravadas situaciones que se constituyen en  violación de derechos humanos no sólo de las 16.719 personas detenidas, sino de sus familiares y allegados, por extensión.

Combinando información de tipo cuantitativa y cualitativa, el balance del 2018 presentado por UVL abarca cuatro dimensiones: Infraestructura y demografía; Institucional; DDHH a la vida, libertad e integridad personal de las personas detenidas en los CDP; DDHH a la salud, alimentación e higiene de las personas detenidas en los CDP.

Dimensión infraestructura y demografía

Para el momento del trabajo de campo se contabilizaron en los centros monitoreados por UVL 16719 personas detenidas con una capacidad instalada para unas 5.332 personas; lo cual indica una tasa de hacinamiento promedio de 314%.

Si se compara la tasa de hacinamiento promedio, a nivel nacional, calculada por Una Ventana a la Libertad en el informe correspondiente al I semestre de 2018, respecto a este informe anual 2018; se aprecia un incremento de 271% a 314%, 43 puntos más.

Los estados que presentan las mayores tasas de hacinamientos en sus CDP son Falcón con un 853%, Anzoátegui con un 661% y Zulia con el 484%.

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Invitados a la presentación del informe.

174 CDP monitoriados

La precaria infraestructura que hoy está sirviendo de asiento a los 174 CDP monitoreados durante el año 2018, que albergan un 92% de hombres y un 8% de mujeres, la dibujan los siguientes datos:

El 49% no cuenta con servicio de agua potable; el 33% no cuenta con servicio de recolección de basura; el 100% no cuenta con área y servicio médico; el 98% no cuenta con comedor; el 33% no cuenta con baños, duchas, iluminación; el 100% no cuenta con servicio de lavandería; el 95% no cuenta con áreas recreativas/deportivas; el 77% no cuenta con áreas de visita; el 73% no cuenta con áreas para mujeres detenidas; el 99%  no cuenta con áreas especiales para la población LGBTIQ; el 100% carece de consideraciones en caso de alguna discapacidad; el 99% no cuenta con áreas especiales para adolescentes.

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Carla Serrano Naveda en su intervención.

El equipo de investigación de UVL logró detectar a 425 personas detenidas de nacionalidad extranjera. Sobre el estatus legal de todos los detenidos, el estudio indica que es complejo obtener la data pues las autoridades se manejan con mucha reserva al respecto.

Los investigadores pudieron conocer 1.132 casos de personas ya sentenciadas, 7% del total de detenidos para el momento del trabajo de campo, que no habían sido trasladas a centros penitenciarios y unos 7.730 procesados (46%). Del resto no fue posible confirmar información.

No ha habido inversiones ni ejecución de una política pública avocada ni a mejorar las condiciones de reclusión en estos calabozos, ni a crear centros para procesados judiciales. De hecho, señala el informe de UVL que ocurrieron varias fugas durante este año; de las cuales se evadieron 470 detenidos, posteriormente, pudieron ser recapturados 105 evadidos, es decir, apenas el 22%.

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En Uribana hay varios muertos por presunta tuberculosis. (Foto: UVL)

Dimensión institucional

En la mayoría de los CDP monitoreados, las normas de funcionamiento oficial dependen del cuerpo de seguridad que lo rige: policías municipales, estadales o nacional; Cicpc, GNB, Sebin, Dgcim.   No existe ningún reglamento preestablecido o por escrito en ningún comando o sede policial.

“Las principales normas que actualmente están en funcionamiento y hacen cumplir las autoridades, siempre en tensión con los reclusos, son las aplicadas a las visitas de los familiares de los detenidos en lo relativo a quiénes pueden entrar, en cuáles horarios, durante cuánto tiempo, en cuál lugar, qué atuendo les es permitido llevar, así como, pases y requisas para el ingreso de insumos como alimentos, agua, medicinas, vestido, productos de higiene, enseres para dormir, etc…

Palma Nieto sostuvo, que en esta dimensión quedó claro que los oficiales abandonan su trabajo de calle, de investigación o patrullaje para cuidar detenidos en los abarrotados calabozos de los CDP y lo hacen sin haber recibido mínima formación, entrenamiento o talleres previos para el manejo o cuidado de un reo.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario desconociendo sus atribuciones en la materia hace visitas esporádicas, no para evaluar o apoyar a los funcionarios policiales, sino para escoger al recluso que se llevará a los penales “con régimen”, indica el documento.

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Complejo Penitenciario Carabobo o penal de Tocuyito. (Foto: Redes)

En la dimensión DDHH a la vida, libertad e integridad personal

En total se registraron 305 muertes, muchas de las cuales pudieron ser evitadas si no existiesen índices tan altos de hacinamiento y unos niveles de violencia, que no han sido controlados.

Además, del registro de los 105 fallecidos en motines como la primera causa de muerte violenta en los CDP, aparecen otras causas de muerte violenta como las riñas entre reclusos -30 fallecidos-, las muertes producidas por intento de fuga -10 fallecidos-,  las  muertes por enfrentamiento durante la recaptura – 20 fallecidos-, además de dos muertes por suicidio y cuatro por causas desconocidas.

La tuberculosis es la responsable del 38% de las muertes en los CDP monitoreados por UVL y es consecuencia directa del hacinamiento en el cual se encuentran los reclusos.

De las 117 muertes a causa de esta enfermedad, el 71% se produjo en el segundo semestre del año, siendo los estados Zulia y Lara los que registraron la mayor tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad

En el 32% de los CDP monitoreados, los familiares de los reclusos, reportaron el uso de medidas disciplinarias que incluyen suspensión de las visitas, suspensión de la entrada de alimentos, golpes, palizas, sometimiento por “pranes” con autorización de los custodios y torturas.

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Privado de libertad que murió en la cárcel de Uribana. (Foto: UVL)

En la dimensión DDHH a la salud, alimentación e higiene

Quedó claro el Estado venezolano vulnera el derecho a la alimentación de los detenidos, al no suministrarles alimentos. De ninguna manera se ofrece de manera oportuna, ni servicios ni atención médica a las personas recluidas en los CDP. Casi siempre se actúa cuando ya la situación es límite.

Las familias de los reclusos están siendo severamente castigadas en los hechos, prácticamente penadas, pues ante el derrumbamiento institucional, deben asumir unas cargas que les exceden, intentando suplir fallas estructurales y que se aprecian en esfuerzos como los de llevar hasta el  agua potable, para diversos usos, a sus familiares privados de libertad.

A modo de reflexión

Este informe anual 2018 se enmarca en una historia de fracasos acumulados en la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela, agravada por la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país  que afecta con mayor voracidad a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los privados de libertad.

Urge invertir en el área y diseñar, ejecutar y supervisar, a nivel nacional, acciones dirigidas a descongestionar los CDP, las cuales respondan a principios de protección a los derechos humanos contemplados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Apoyarse en la cooperación y asistencia técnica que sea necesaria al respecto.

Una Ventana a la Libertad invita al debate en este tema proponiendo algunas reflexiones propositivas, dirigidas a las autoridades con competencia en materia carcelaria y a la sociedad en general, como una contribución desde la sociedad civil organizada comprometida con la defensa, vigencia y revitalización de la democracia y el estado de Derecho en Venezuela.

CAN/Prensa UVL

Nacional

Estos son los 29 chavistas sancionados por los países del TIAR

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Países del TIAR - ACN
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Los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), no quieren que los chavistas ni sus familiares pisen sus territorios.

Los representantes probaron una resolución mediante la cual prohíben el ingreso y tránsito por su territorio de 29 chavistas. Al concluir la reunió en la ciudad de Bogotá, suscribieron un acuerdo que afecta a un gran número de chavistas. El texto de la resolución se emitió de la siguiente manera:

  1. Se instruye a las autoridades competentes para que apliquen de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes, medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los Estados partes del TIAR.

 

  1. Se solicita a la red operacional del TIAR a definir de conformidad con las legislaciones nacionales, los parámetros y condiciones para las futuras inclusiones de personas y entidades de la lista consolidada. Además, evaluar la factibilidad de implementar mecanismos de intercambio de información con autoridades técnicas de Estado que no forman parte del TIAR y que han tomado medidas sancionatorias contra el régimen de Maduro y su entorno.

Además en dicha reunión, se rechazaron las medidas adoptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno venezolano contra el líder opositor, Juan Guaidó, que se encuentran en contradicción de los principios de objetividad e independencia de este tipo de unidades.

Por tanto, se convocó para una próxima reunión del TIAR en el primer trimestre del 2020 en el marco de la trigésima reunión de consulta que se mantiene abierta para seguir evaluando la crisis venezolana.

El diputado en el exilio, Julio Borges, comisionado de la Asamblea Nacional (AN) para Asuntos Exteriores, anunció la lista de las 29 personas sancionadas por el TIAR, las cuales son afectas al Gobierno, luego de culminar la reunión sobre Venezuela.

El diplomático explicó que dichas sanciones incluyen restricciones de tránsito y financieras en 18 países, siendo así las primeras acciones colectivas regionales contra el Gobierno de Maduro.

Países del TIAR contra chavistas

Por lo tanto los países del TIAR prohíben el ingreso de los 29 chavistas y además en su contra se inician acciones de caracter financiero. Es decir, las cuentas y bienes que tengan enesos países podrían ser congeladas. Tales acciones se extenderán a sus familiares que se hacen pasar como migrantes y perseguidos políticos.

  1. Nicolás Maduro
  2. Cilia Flores
  3. Diosdado Cabello
  4. Marlene Contreras de Cabello
  5. José David Cabello
  6. Jorge Arreaza
  7. Luis Damiani
  8. Arcadio Delgado
  9. Tarek El Aissami
  10. Rafael Franco
  11. Alexander Gramcko
  12. Gladys Gutiérrez
  13. Hannover Guerrero
  14. Ivan Hernández Dala
  15. Tibisay Lucena
  16. Carlos Malpica
  17. Juan José Mendoza
  18. Maikel Moreno
  19. Calixto Ortega
  20. Vladimir Padrino
  21. Manuel Quevedo
  22. Delcy Rodríguez
  23. Jorge Rodríguez
  24. Tarek William Saab
  25. Lourdes Suárez
  26. Iris Varela
  27. Carmen Zuleta de Merchán
  28. Raul Gorrín
  29. Alex Saab

El presidente colombiano, Iván Duque, explicó la complicidad y el apoyo del presidente Nicolás Maduro hacia los grupos criminales que amenazan la democracia de la región.

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