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Diputado pide investigar pérdida de 90 millones de dólares

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Una investigación de la posible pérdida de 90 millones de dólares de la nación producto de la salida irregular de 2.1 toneladas de oro escoltadas desde Venezuela hacia Emiratos Árabes Unidos, fue el exhorto del vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Elías Matta.

El diputado dijo que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, debe ordenar una investigación que confirme la legalidad del cargamento. El parlamentario confirmó que la aeronave estuvo en Maiquetía. Señaló que el avión de Rotana Airlanies A6-RRJ salió de Londres a Canadá llegando a Caracas el 27 de marzo y al siguiente día muy temprano, salió a las Bahamas, de allí a Irlanda,  siguió a Dubái y finalizó su periplo en Arabia Saudita.

Esta investigación se suma a las que ya adelantan desde el hemiciclo a través de la comisión, en torno al delito de contrabando de oro que ha generado pérdidas millonarias en los últimos seis años,  el legislador ha dicho que suman 20 mil millones de dólares y resaltó que por esa vía ilegal salen entre 80 y 100 toneladas de oro anuales.

Además aseguró que la fuga de oro se ve reflejada en los precarios ingresos de este metal precioso. “Durante 2018, específicamente hasta el 30 de marzo,  apenas han ingresado al Banco Central de Venezuela 4,5 toneladas de oro, cifra muy por debajo  sobre lo que estima se está produciendo  verdaderamente en el país”.

Además Matta destacó que una “prueba más evidente no hay. En últimos cuatro años desde Curazao se han exportado 2 mil 284 millones dólares en oro  y Aruba que hasta hace poco no exportaba nada, lo tuvo el pasado año como  su segundo rubro de exportación”.

En opinión del legislador la prohibición de vuelos hacia las islas del Caribe no atacan el problema de raíz pues consideró que estrictos controles serían mucho más eficaces.

ACN/NP

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Nacional

Por falta de pruebas exigen culminar investigación contra Luis Carlos

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Foto: Cortesía.
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Abogados de Espacio Público exigieron a los tribunales; culminar con la investigación contra el periodista y activista por los derechos humanos Luis Carlos Díaz.

Es importante mencionar, que este miércoles 12 de noviembre se venció el plazo legal; para que la Fiscalía 67 Nacional presentara las supuestas evidencias encontradas en su vivienda el 12 de marzo cuando fue detenido y las cuales permitirían la continuidad de la investigación.

Luego de ocho meses de la aprehensión de Luis Carlos, se le sigue acusando de «instigación pública»; por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, prohibición de salida del país, imposibilidad de declarar a los medios sobre su caso y régimen de presentación.

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El día que fue liberado. Foto: Cortesía.

Caso de Luis Carlos

Vale recordar que Díaz, fue acusado de cometer ese delito después que el líder cahvista Diosdado Cabello; presentó en su programa televisivo Con el mazo dando, un video en el que manipulaba las recomendaciones del periodista sobre las acciones comunicacionales que se deberían tomar en cuenta durante un apagón.

En relación a los delitos, representantes legales de Luis Carlos también pidieron; que se eliminen las medidas cautelares que le impiden salir del país y pidieron se establezca una audiencia para escuchar a las partes involucradas.

Según la legislación venezolana, si la Fiscalía respectiva no presenta pruebas en contra del acusado en el tiempo estipulado, el Tribunal está en la obligación de declarar la suspensión del proceso legal por falta de evidencias, lo que equivale a la inocencia y libertad plena.

Irregularidades

La primera irregularidad se presenta, cuando la Fiscalía 67 nacional plena no ha atendido las diligencias entregadas por la defensa; tampoco da acceso a la revisión del expediente y no ha propuesto ni gestionado ningún tipo de actuación.

Segundo, no ha respondido ni contraargumentado un documento de excepciones previas; entregado por los abogados de Luis Carlos el 24 de abril.

Aunado a ello, se conoció que han cambiado en tres ocasiones al juez encargado del caso. También y hasta la actualidad la Fiscalía tiene en su poder la computadora, pendrives; discos duros y otros equipos electrónicos decomisados al comunicador.

Por todas las razones descritas «Espacio Público exige al Estado cumplir con lo establecido en el COPP; y en la Constitución Nacional, de manera que no se retrase más el proceso en contra de Luis Carlos Díaz; y sea declarada su libertad plena, levantando las medidas cautelares que limitan su trabajo y respetando el principio de presunción de inocencia», se lee en el documento.

ACN/Crónica Uno/Analítica.com/Foto: Cortesía

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