Las universidades públicas del país inician el año 2022 con un déficit presupuestario de 96%, una cifra que va más allá del estupor, de acuerdo a la reflexión de la rectora de la Universidad de Carabobo y miembro de la Asociación de Rectores Universitarios, Jessy Divo, además de asegurar que 40% de los profesores han abandonado las universidades.

Entender la justa dimensión de cómo funciona una casa de estudios con menos del mínimo admisible, amerita un repaso por la amenaza del vandalismo constante en los campus inseguros; donde muchos de los centros de investigación ya no funcionan.

“Egresar a un muchacho” es un acto de heroicidad, confiesa, debido a la renuncia del 70% del personal administrativo y al éxodo de casi la mitad del profesorado. Un docente titular; con acreditación doctoral, no gana más de 16 dólares mensuales.

Profesores han abandonado las universidades

Iniciemos la conversación por el tema neurálgico: el presupuestario. Ustedes, los rectores, que son la autoridad académica y administrativa de las universidades; han denunciado que el Gobierno nacional persiste en políticas violatorias de la autonomía universitaria y de asfixia económica.

¿Cómo podría describir esta situación?

Gerenciar estas instituciones en momento de crisis resulta complicado, pero en una universidad sin recursos, se agrava aún más y los más perjudicados son nuestros profesores, empleados y obreros, y por supuesto; nuestros estudiantes.

Los ingresos de nuestros trabajadores ya no pueden llamarse, si quiera, salarios. Los beneficios laborales fueron eliminados casi en su totalidad.

Ahora tenemos nosotros que cubrir nuestro propio HCM, nuestro sistema de salud. ¿Cómo podemos nosotros mantener una educación de calidad; si nuestros centros e institutos no pueden operar? ¿Cómo invertir en ellos si no nos llegan recursos para la inversión académica, para las bibliotecas, para el mantenimiento de los espacios?

La educación es la principal herramienta del progreso de un país. La educación debe ser considerada la prioridad. Sin embargo, no tenemos cómo costear la seguridad de la universidad. En el caso de la de Carabobo, estamos en 300 hectáreas de terreno; entre dos avenidas, la que comunica con la variante Bárbula y la autopista Valencia – Puerto Cabello y, por lo transitado, la ciudad universitaria se trasforma en un espacio muy atractivo para la delincuencia.

Todos los días hemos tenido una acción delincuencial distinta. Pero debo reconocer que en los últimos meses, la situación ha mejorado; porque contamos con un dispositivo de seguridad en alianza con la Policía de Carabobo y la Alcaldía de Naguanagua, junto a la PNB y la GNB.

Es un convenio antiguo que suscribí en el año 2010, y que hoy se mantiene. Pero, aún con el patrullaje, es muy difícil mantener la seguridad de un recinto abierto.

Por ello es indispensable recuperar nuestro presupuesto destinado, como en el pasado, a la contratación de empresas de seguridad o, al menos, a la contratación de personal de la universidad; que se encargue de la seguridad de estos espacios. Y así está la realidad en todas las universidades del país. Los nuestros (Carabobo) son espacios abiertos, no hay posibilidad de balancines ni de cierre.

La inseguridad, los bajos salarios y los pocos beneficios han generado un éxodo que ya se pierde de vista. Hay jubilaciones masivas de obreros, personal administrativo y docente.

ACN/La Patilla

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