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Robert Alvarado: Sadismo judicial impera en Barinas

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José Luis Centeno, sadismo judicial-acn
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“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes” Maximilien Robespierre. Decir las verdades, cuesta mucho, pero hay que decirlas. En esta columna he denunciado como algunos jueces incurren en sadismo judicial, eso sucede por ejemplo cuando condenan injustamente a un procesado a un encarcelamiento indefinido sin juicio ni condena, sólo por el placer que han de sentir en las alturas del poder con este tipo de retaliaciones. Un placer obtenido infligiendo dolor, y eso, más que sadismo, tiene mucho de morbo, similar al de Maximilien Robespierre promoviendo la guillotina como método de escarnio que terminó por echar a rodar su propia cabeza.

Estas anomalías las vemos a cada rato en Barinas, siendo pertinente citar al Libertador Simón Bolívar: “… el que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores”. Ello me motiva a seguir  sacando a la luz pública presuntos guisos judiciales que ocurren con una frecuencia inaudita en la tierra del Difunto Eterno, concretamente en el Circuito Judicial Penal de Barinas, mejor conocido“el bote del amor”, que tiene como timonel al Cardenalito.

Los hechos… En días pasado un nutrido grupo de manifestantes se apostó al frente de ese circuito judicial penal con pancartas pidiendo la libertad deOmar Gilly y Milfred Pérez Albarran, procesados por el Tribunal de Control No. 01 del Circuito Penal de Barinas, órgano jurisdiccional que lessigue la causa signada con el Nº EP03-P-2017-005573, por la presunta comisión de delitos contra la propiedad, específicamente, Estafa Agravada Calificada Con Multiplicidad De Víctimas.

Manifestantes expresaron que “los esposos Omar y Milfred son inocentes”“merecen la libertad y ser juzgado en libertad”“están siendo víctima de conocidos métodos extorsivos”. Esta pareja desde hace más de 8 años se dedica a la actividad comercial, mediante la inversión de dinero financiando proyectos de terceros, quienes les retribuyen con un porcentaje de sus utilidades. Actividad que iniciaron con dinero propio, después familiares, amigos y conocidos comenzaron a invertir con ellos, creciendo la cartera de inversionistas, teniendo una manera muy rentable de mantener su capital, además de recibir utilidades fijas y mensuales de manera segura y confiable mediante pagos que se hicieron efectivos de manera ininterrumpida incluso durante los meses de protestas que vivió el país.Hechos descritos por muchos beneficiarios de su gestión financiera, quienes afirman “la intachable conducta de la pareja durante todos los años que hemos trabajado juntos”.

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Sin embargo, durante los meses de agosto y septiembre del presente año, la pareja no pudo continuar evitando las secuelas económicas de la situación país, lo cual generó retrasos en los pagos a los inversionistas; no obstante,la pareja garantizó a todos ellos la devolución de su dinero, tanto capital como ganancias, a partir del inicio del mes de octubre del corriente año. En ese sentido, todo marchaba bien hasta que INGRID ARCILA MEJÍAS los denunció por Estafa ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la Sub-Delegación Barinas, a las 5:00 pm del día 1 de octubre del presente año, funcionarios adscritos a ese cuerpo se trasladaron a la casa de Omar y Milfred a las 7:30 de la noche, donde citan a Rafael Vera Guillén yAna María Araujo, para que rindan entrevista en calidad de testigos; curiosamente, estas 2 personas aparecen en las Actas rindiendo declaración en el CICPC-Barinas ese mismo día, a las “5:30 pm” Rafael Vera y a las “7:00 pm” Ana Araujo, mientras que Rhonald Eduardo Bustamante, aparece rindiendo entrevista a las “6:40 pm”, sin haber sido citado; por otra parte, es a las 18:50 pm (6:50) que los funcionarios le manifiestan a la pareja que quedan detenidos.

Como puede observarse en las mismas actas del expediente, existe una evidente contrariedad, confusión e imprecisión en las actuaciones realizadas por los funcionarios del CICPC, que las hacen dudosas, inverosímiles y comprometidas con intereses más allá de la obtención de la verdad.

Esas fueron las únicas actuaciones que le llegaron a la Fiscal Auxiliar Interina, para aquel entonces adscrita a la Sala de Flagrancia del Ministerio Público, Abog. Patricia Rivas, y le parecieron suficientes para pedir la calificación de FLAGRANCIA y en la audiencia de presentación celebrada el 03/10/2017, los acusa por ESTAFA AGRAVADA CALIFICADA CONMULTIPLICIDAD DE VÍCTIMAS, pidiendo Medida Preventiva de Privación de Libertad, inobservando la inexistencia del dolo inicial, que es fundamental para la tipificación del delito de ESTAFA y del provecho injusto en perjuicio de otro aunado de la existencia de los títulos valores que existen entre los denunciantes y los denunciados, y la norma de que en Venezuela no hay cárcel por deudas dinerarias; solicitudes fiscales que fueron acordadas por la Juez Temporal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1, Abog. María Leonor Córdova Valero, quien se negó a desestimar la denuncia a pesar de todas las irregularidades del proceso, omitiendo que se trata de materia mercantil por incumplimiento de contratos de índole dinerario y por consiguiente, declinar la competencia a la materia civil; María Leonor Córdova Valero se mantiene actualmente como Juez Suplente del Tribunal de Control Nº 4.

Posteriormente, el 17 de noviembre del corriente año, la Fiscal Provisoria de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, Abog. Raiza Alejandra Betancourt Rojas, presenta formal Acusación, sin ofrecer elementos de prueba contundentes, se limitó a transcribir parcialmente las mismas declaraciones de los denunciantes, sin hacer análisis alguno de su contenido, lo que le habría permitido apreciar que se trata de una treta de dichos denunciantes para sacar provecho de un fraudulento proceso penal, el cual reviste todas las características de la materia mercantil, lo que debió generar la solicitud de declinatoria de Competencia del Tribunal y no una acusación penal, ello la hace cómplice del delito de Terrorismo Judicial que involucra no solo a los fraudulentos denunciantes, sino también a todos los funcionarios administrativos y judiciales que han participado en este caso. Con otra agravante para este hecho, algo novedoso,el Sadismo Judicial.

Para la existencia del delito de Estafa es requisito determinante el engaño, el error, el provecho injusto y el perjuicio ajeno, estableciéndose una relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio y entre el perjuicio y el provecho. Estos elementos no se encuentran presentes en este caso, siendo posible concluir falsedad en los denunciantes luego de haber mantenido una relación comercial con la pareja entre 2 y 8 años ininterrumpidos, durante los cuales integraron al negocio a sus cónyuges, familiares y amigos, evidenciando la responsabilidad y puntualidad en el pago por parte de la pareja al alegar que el único retraso ha sido durante los meses de julio a septiembre de este año. Por ejemplo, INGRID ARCILA MEJÍAS, después de invertir y recibir el pago mensual de sus ganancias durante tan prolongados lapsos, ¿va a alegar ahora que el dinero invertido lo entregó bajo engaño?¿Y las ganancias cobradas mensualmente? La picardía salta a la vista.

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La falta de pago de 2 mensualidades no pueden constituir los elementos necesarios para la configuración del delito de Estafa, las Fiscales como las Jueces de Control que han actuado en este caso deben saberlo, al aparentar ignorarlo sugieren intereses ocultos haciendo dudosa su imparcialidad, lo cual explica los abusos y arbitrariedades cometidos contra la pareja, ya que permitieron la simulación de un hecho punible de acción pública para el cobro de dinero y la utilización del sistema penal para satisfacer las acreencias de los pseudo denunciantes, violentando los más elementales principios y garantías constitucionales nacionales e internacionales, representados por los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, que tienen jerarquía constitucional y por tanto, son leyes de la República.

Entre esos abusos y arbitrariedades cometidas y permitidas, se encuentran la forma en que fueron detenidos bajo calificación de flagrancia, cuando solo existía la denuncia de una persona; cuando la misma denunciante y los declarantes como testigos expusieron la existencia de una relación comercial desde hace varios años; es sabido, que en casos de denuncias similares las fiscales y jueces actuantes han otorgado medidas sustitutivas de libertad, quiere decir que el expediente judicial llevado por el Tribunal de Control 01 se encuentra descaradamente manipulado, con ausencia de actuaciones judiciales que obligatoriamente deberían existir como Autos, Boletas y Oficios, así como sustracción de escritos presentados por la Defensa e Informes de Instituciones externas remitidos a ese Tribunal que dejan por sentado la honorabilidad e integridad moral de los denunciados y que han sido efectivamente entregados a través de la URDD del Circuito Penal, sin que represente ninguna importancia para el Tribunal tales elementos y prestando el expediente bajo condiciones inusuales.

Otra manifestación del interés extralegal que tienen la Juez y la Fiscal que llevan actualmente esta causa, está representado por el silencio mantenido ante las variadas y reiteradas solicitudes de Medida Humanitaria para la Ciudadana Milfred Pérez, quien tiene una delicada situación de salud que pone en peligro su vida, lo que ha sido demostrado por médicos especialistas y por lo cual ha sido trasladada en 3 oportunidades desde su detención a centros de atención médica por urgencias injustificables, sin que se produzca ninguna respuesta por parte de la Juez, lo que viola no sólo su derecho de petición, a tener respuesta, sino también su derecho a la salud, a la vida, a la integridad física, inviolables como la libertad que merecen por ser realmente inocentes en cuanto a los cargos que les han instruido subrepticiamente.

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Es de acotar, que la referida INGRID ARCILA MEJÍAS es empleada pública en la Zona Educativa de este estado Barinas, valiéndose de sus influencias y del cargo que ostenta, ha realizado actos de persecución y hostigamiento contra los denunciados e inclusive hasta contra sus menores hijas, hasta el punto de presentarse en las instituciones donde estudian estas menores exigiéndole a los Directores “su expulsión por ser hijas de unos delincuentes”. De este hecho, se realizó denuncia por ante la Fiscalía del Ministerio Público y, hasta ahora, no se ha obtenido ningún resultado que haga cesar dicho hostigamiento y persecución, mostrando que estamos ante una denunciante falsa e interesada, al mejor estilo de los comisarios políticos que desgracian vidas ajenas haciendo prevalecer el sistema inquisitivo que debió desaparecer con  la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal.

Los sádicos que inician estos procesos penales írritos lo harían o bien por sacar provecho pecuniario como se ha hecho costumbre en el ámbito penal o bien porque sus vidas son TRISTES, ABRURRIDAS y SIN GOZO, porque hay que ver el placer que siente un verdugo de estos cuando viola derechos humanos como está ocurriendo en el caso Omar y Milfred…

Cualquier información o sugerencia por mis direcciones electrónicas [email protected] asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mi página Web: www.robertveraz.galeon.com Ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html  y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!

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El Prontuario de un Ladrón (II)

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César Burguera

@CESARBURGUERA

Los 800 estafados del Ladrón. Ha transcurrido más de una década del anuncio de lo que se convertiría en la mayor estafa serial cometido en contra de centenares de personas que creyeron en un proyecto promovido por el astuto “Malandrín” en su condición de depravado y codicioso alcalde del noble municipio San Diego. Se trataba de la construcción de un moderno Terminal Turístico de Tránsito Terrestre, el cual contaría con el “blindado” soporte económico de la alcaldía de San Diego y que cuestión de pocos meses sería una de las principales obras de envergadura de la región. Pero el tiempo transcurría y el flamante Terminal Turístico  tan solo existía en roídos planos o embaucadoras maquetas que mantenían viva la esperanza de todas aquellas personas que habían sido seducidas por el elaborado timo gestado por el libertino “Malandrín” en connivencia con su fatídico Clan o Mafia familiar y la incondicionalidad de altos funcionarios del ayuntamiento que se prestaron para la estafa y que se apropiaron descaradamente del patrimonio de más de 800 familias. Administraciones municipales pasaban, la cónyuge del delincuente “Malandrín”, Rosa Brandonisio de Scarano en su condición de alcaldesa e intimidada por las estridentes instrucciones criminales del hampón, llegaba a jurar ante la mismísima Iglesia parroquial de San Diego, que el Terminal Turístico sería una realidad mucho antes de culminar su gestión al frente del apabullado municipio San Diego, simultáneamente el entonces síndico municipal, León Jurado llegada hasta suscribir en nombre de la alcaldía las incontables transacciones de venta con las inocentes e ingenuas victimas que llegaron a creer, luego de desembolsar trabajados capitales, que eran los orgullosos propietarios de los inexistentes locales u oficinas que supuestamente le proporcionarían actividad comercial al nuevo Terminal Turístico. Posteriormente y ante la rauda huida del asustadizo “Malandrín” con la excusa de que era asechado por sus propios demonios y temores para asentarse en una lujosa residencia  en el exterior, ante la dorada ausencia tomaba las riendas de San Diego un tímido y sumiso León Jurado, cuya mayor responsabilidad consiste en  enviar mensualmente una abultada remesa para satisfacer las básicas necesidades del Clan o Mafia familiar radicada en el extranjero. Un tembloroso alcalde Jurado, a la sazón ex síndico municipal cuando se concretó el insolente desfalco, ha hecho caso omiso a los diarios reclamos de las víctimas del imaginario Terminal Turístico. Hemos adelantado diligencias ante el órgano contralor regional para saber el estatus de la causa abierta por esta delictiva actitud y vocación que forma parte del “Prontuario del Ladrón”  y donde al parecer se establecen responsabilidades a connotados miembros del Clan o Mafia Familiar y a altos funcionarios de la alcaldía de San Diego. La próxima semana presentaremos los nombres de cada una de las personas que configuraron este esquema criminal contra más de 800 familias carabobeñas.

El dopado y sus alucinaciones. La pasada semana se llevó a cabo una cerrada reunión  en un reconocido restaurante de gastronomía china ubicado al norte de la ciudad. En medio del desarrollo del estricto cónclave, donde los representantes de Henrique Capriles, Henry Ramos, Manuel Rosales y Leopoldo López, los mismos de la artrítica manito de la MUD, hacían duros cuestionamientos al depravado “Malandrín” y lanzaban la dramática amenaza “Los candidatos somos nosotros, no aceptaremos ninguna modificación o sustituciones, no se te ocurra ninguna treta, nosotros te conocemos”. Un sorprendido “Malandrín” soltaba los cubiertos del gigantesco plato de arroz chino que habían ordenado y que literalmente engullía conjuntamente con el buen Gordo Santafé. Pero en medio de la refriega y pugilato, se produjo la intempestiva entrada de un exaltado Carlos Lozano, quien abría abruptamente la puerta del recinto y exclamaba, levantando su rosada bufanda “Que viva la vida, soy feliz”. Algunos de los presentes susurraban “Carlos debe estar bajo los efectos de una recreativa droga”, mientras otros señalaban “Déjate de vainas, eso es perico barranquillero”. Injustas afirmaciones contra su compañero de luchas, ya que es conocido que Carlos Lozano, está sometido a un tratamiento de devastadora medicación por el terrible padecimiento del síndrome del Trastorno Explosivo Intermitente (TEI) que incluye diarias dosis de litio y otros poderosas drogas alucinógenas. Pero la conducta eufórica del paciente Lozano continuaba y en una suerte de complicada pirueta saltaba las gruesas y voluminosas figuras del preocupado “Malandrín” y Carlos Santafé para colocarse en el centro de la mesa y empezar a exclamar repetidamente a través de incontrolables alaridos “Aquí hay unidad, si o no” y con su característico sombrero llegaba a golpear a todos y cada uno de los asistentes de la secreta velada. En válido estado de preocupación, la dirigente Mariela Domínguez tomó por su inquieto brazo a Carlos Lozano, cuya mandíbula presentaba signos de notoria inestabilidad y con tono casi maternal le señalaba “Vente Carlitos, vamos a tomarnos un vaso de agua y después te llevamos a tu casa”. De esa manera culminaba la jornada de la MUD, de la agarrotada manito. Se comenta que en horas de esa misma noche, la junta médica que le hace seguimiento al trastorno psiquiátrico de Carlos Lozano ordenó la aplicación inmediata de una cura de sueño para poder equilibrar, al menos por horas, su impredecible comportamiento.

La blanca tarjeta. Nos asalta la sorpresa al observar los últimos estudios de opinión, de serias encuestas que revelan la alarmante situación que atraviesa la dividida y destartalada oposición. Las principales expresiones partidistas se encuentran reducidas a minúsculos o imperceptibles porcentajes. Sin embargo dentro de este desolador escenario surge como única excepción el partido Acción Democrática (AD), el de Rómulo, de Gallegos y Andrés Eloy, el de la tarjeta blanca de Pan, Tierra y Trabajo, el que logro alcanzar varios escaños en las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional  y que logra mantenerse con cierto grado de aceptación dentro de los consultados para ubicarse como la válida opción dentro del ámbito opositor ante la inoperancia de las otras toldas políticas. “Adelante a luchar milicianos” parece ser la consigna que seguirá guiando a los fieles militantes de AD. Y esa es la verdad.

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