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Dos millones de bolívares cuesta el entierro de un familiar

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El dolor que causa la pérdida de un pariente no es el único momento difícil que atraviesan los familiares. No solo deben soportar el duelo sino también reunir cuantiosas cantidades de dinero para poder lograr el entierro de su ser querido. En la ciudad de Barinas morir cuesta hasta dos millones.

El «pran», líder negativo que mantiene el control de la zona, en este caso el cementerio Nuestra Señora del Pilar, es el responsable de obligar a los parientes del fallecido a cancelar altas sumas de dinero que llegan a dos millones de bolívares en caso de que se trate de un entierro de “urgencia”. Este servicio no es calificado así por ser de mejor calidad. Se paga por transferencia a excepción de 300.000 bolívares que deben llevarse en efectivo.

Hay diversos precios, su costo depende de la fosa, por ejemplo en la que solo excavaron, es decir, solo es de tierra, el familiar cancela 500.000 bolívares, pero si tiene efectivo se le puede rebajar hasta quedar en 300.000. Las de cemento tienen un costo más elevado, Bs. un millón 500.000 este monto se incrementa cuando no hay aviso previo del entierro, es decir, cuando el funerario no se comunica con un empleado para informar la hora. El pago de estos servicios pueden hacerse en transferencia.

Este delincuente del cual se desconoce su identidad goza del dominio absoluto de la zona sin que las autoridades hayan actuado. Se aprovecha de la necesidad de los dolientes. La alcaldesa Nancy Pérez conoce la situación. Mientras se hace justicia, los familiares de las víctimas no tiene más alternativa que recurrir a estos servicios funerarios controlados por la delincuencia que actúa sin ningún tipo de penalización.

ACN/El Pitazo

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Por falta de pruebas exigen culminar investigación contra Luis Carlos

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Foto: Cortesía.
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Abogados de Espacio Público exigieron a los tribunales; culminar con la investigación contra el periodista y activista por los derechos humanos Luis Carlos Díaz.

Es importante mencionar, que este miércoles 12 de noviembre se venció el plazo legal; para que la Fiscalía 67 Nacional presentara las supuestas evidencias encontradas en su vivienda el 12 de marzo cuando fue detenido y las cuales permitirían la continuidad de la investigación.

Luego de ocho meses de la aprehensión de Luis Carlos, se le sigue acusando de «instigación pública»; por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, prohibición de salida del país, imposibilidad de declarar a los medios sobre su caso y régimen de presentación.

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El día que fue liberado. Foto: Cortesía.

Caso de Luis Carlos

Vale recordar que Díaz, fue acusado de cometer ese delito después que el líder cahvista Diosdado Cabello; presentó en su programa televisivo Con el mazo dando, un video en el que manipulaba las recomendaciones del periodista sobre las acciones comunicacionales que se deberían tomar en cuenta durante un apagón.

En relación a los delitos, representantes legales de Luis Carlos también pidieron; que se eliminen las medidas cautelares que le impiden salir del país y pidieron se establezca una audiencia para escuchar a las partes involucradas.

Según la legislación venezolana, si la Fiscalía respectiva no presenta pruebas en contra del acusado en el tiempo estipulado, el Tribunal está en la obligación de declarar la suspensión del proceso legal por falta de evidencias, lo que equivale a la inocencia y libertad plena.

Irregularidades

La primera irregularidad se presenta, cuando la Fiscalía 67 nacional plena no ha atendido las diligencias entregadas por la defensa; tampoco da acceso a la revisión del expediente y no ha propuesto ni gestionado ningún tipo de actuación.

Segundo, no ha respondido ni contraargumentado un documento de excepciones previas; entregado por los abogados de Luis Carlos el 24 de abril.

Aunado a ello, se conoció que han cambiado en tres ocasiones al juez encargado del caso. También y hasta la actualidad la Fiscalía tiene en su poder la computadora, pendrives; discos duros y otros equipos electrónicos decomisados al comunicador.

Por todas las razones descritas «Espacio Público exige al Estado cumplir con lo establecido en el COPP; y en la Constitución Nacional, de manera que no se retrase más el proceso en contra de Luis Carlos Díaz; y sea declarada su libertad plena, levantando las medidas cautelares que limitan su trabajo y respetando el principio de presunción de inocencia», se lee en el documento.

ACN/Crónica Uno/Analítica.com/Foto: Cortesía

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