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Murió otro preso y ascienden a 69 las víctimas del caso Policarabobo

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Murió otro preso que sufrió quemaduras en el incendio presuntamente provocado en los calabozos de la Policía de Carabobo el miércoles 28 de marzo de este año. Con la muerte de Yorman Alexander Trejo Morales, de 28 años, serían 67 los privados de libertad que fallecieron en el siniestro y un total de 69; con las dos mujeres que pernoctaban en el lugar el día del siniestro.

 

De acuerdo a la fuente extraoficial, Yorman Alexander Trejo Morales, murió en horas de la mañana del viernes 6 de abril en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde permaneció recluido durante diez días.

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Yorman Alexander Trejo Morales, estaba preso en la Sala de Retención de la Comandancia General del cuerpo de Policía del estado Carabobo, parroquia Catedral del municipio Valencia, donde fallecieron 68 personas y más de 100 personas presentaron qumaduras, algunas leves, pero otras de mayor gravidez.

No pudo superar la gravedad de las quemaduras que tenía en varia partes del cuerpo.  «Él era uno de los heridos en Navas Spinola durante el motín del Miércoles Santo. Yorman Alexander Trejo Morales tenía quemaduras graves en la cara, un hombro, brazo, costado y pierna», dijo la fuente extraoficial.

Cabe recordar que en los calabozos de este cuerpo de seguridad murieron el pasado 28 de marzo, 68  ciudadanos presuntamente por un incendio, por lo que el Ministerio Público (MP) imputó  por este caso al comisionado José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo, y a los efectivos José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

Asimismo, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, dijo en una entrevista en AVN  que en una revisión efectuada en la Comandancia de la Policarabobo había detectado que este recinto estaban privados de libertad 254 personas.

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Ruíz,  reconoció que existe hacinamiento en los centros policiales y manifestó que  estas  edificaciones  “no disponen de espacios adecuados porque no son centros de detención”, por lo que no se garantizan derechos como la salud, la educación y el trabajo.

“A estos ciudadanos detenidos, no les han demostrado su culpabilidad y les han quitado el derecho al trabajo, al estudio, a la salud, es decir, se están dando situaciones anómalas”, expresó.

El Defensor del Pueblo, dijo que es necesario que los tribunales actúen con celeridad con respecto a los detenidos en los calabozos policiales para que ordenen los juicios, otorguen medidas cautelares o dictaminen la plena libertad.

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Según el funcionario, desde 2015 este organismo  trazó un plan de trabajo para solucionar el retardo procesal, en conjunto con el Poder Judicial, Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), cuerpos policiales estadales y municipales, Defensa Pública, Ministerio para la Salud, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Ministerio Público y Ministerio para Servicio Penitenciario.

En la evaluación, emprendida desde 2016, se ha verificado que el retardo procesal contribuye con el hacinamiento porque los procesos judiciales que deberían ser expeditos tardan meses y años en resolverse y los detenidos aguardan por su presentación ante la Fiscalía y los tribunales, para que se desarrolle el juicio y se dicte la sentencia correspondiente.

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“Hemos detectado que al menos un 10% de las personas que permanecen en distintas comisarías policiales del país ya tienen sentencia firme, pero no han sido trasladadas a los centros penitenciarios por prácticas irregulares de algunos funcionarios policiales”.

Ruíz, dijo que los policías no están capacitados para atender está población y que las competencias de los cuerpos de seguridad  se desvirtúan, razón por la cual  ideó un plan para acabar con el  hacinamiento en los calabozo de los cuerpos de seguridad.

No deje de leer: Más de 100 quemados en motín y masacre de Policarabobo

ACN/@rubbol2006/MCO/AVN

 

 

 

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Mató a una familia completa por una cosecha de caraotas en Lara

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Foto: Cortesía.
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Un hombre mató a machetazos y disparos a una familia de seis miembros en el estado Lara, por supuestamente no haberle notificado que se había dado la cosecha de caraotas.

Así fue informado por autoridades municipales y regionales, quienes lograron identificar al presunto asesino como Jesús Concepción Arrieche Carrasco (26 años); quien habría perpetrado el hecho en la población de El Empedrado, Carora, del municipio Torres.

Al parecer, el hombre entre su rabia agarró un machete, una escopeta y mató a tres adultos y a tres infantes de una misma familia, como venganza por no haberle avisado que la cosecha de caraotas sembrada en sociedad, se había dado.

Respecto a las víctimas, las autoridades las identificaron como Octaviano Antonio Serrano Vargas (60), Noval Ramón Serrano Vargas (44) y Liliana Rafaela Mavare Colmenarez (44 ). Mientras, los menores de edad tenían 14, 8 y 6 años.

Por una cosecha de caraotas mató a una familia

De acuerdo al relato de testigos, Arrieche se apersonó en la finca La Polonia en horas de la madrugada, con un arma de fuego tipo escopeta; la cual usó pasa asesinar a Noval Serrano primeramente. Luego, con un machete torturó, mutiló y le quitó la vida al resto de los miembros de la familia.

De acuerdo al portal Impacto Venezuela, el victimario fue capturado por la comunidad luego; al darse cuenta del atroz delito que cometió. Habría huído del lugar con dos animales.

Posterior al hecho, las autoridades se enteraron de la tragedia cuando una de las víctimas logró escapar y avisar lo que ocurrió. En ese momento, debido a que el lugar del asesinato era tan lejos de la población más cercana; la única manera de recoger los cuerpos fue con la ayuda de animales o a pié.

Además del camino dificultoso para la circulación de vehículos motores, familiares relataron que allí tampoco cuentan con electricidad, entre otros servicios como el de comunicación y que solo sabían de sus parientes, una vez a la semana. Situación que agradecieron al joven de 14 años que avisó al organismo de seguridad sobre la masacre; resaltaron que tenían comunicación con sus parientes una vez a la semana.

El caso donde un hombre mató a una familia completa por una cosecha de caraotas; fue puesto a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público (MP).

 

Con información: ACN/Impacto Venezuela/Crónica Uno/Táchira Noticias/Foto: Cortesía

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