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Un patrón más amplio de violaciones

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De la Sotta, la ONU, los Guevara y “un patrón más amplio de violaciones”: Por José Luis Centeno S.-

“Ya tiene 28 meses en los sótanos de la DGCIM sin juicio”; me comentó Molly refiriéndose a su hermano, el Capitán de Navío Luis de la Sotta. “Es el caso 13 del informe de la Comisión de determinación de hechos”, agregó, abriendo el dictamen; que el régimen pretende invalidar con gestiones ante legaciones diplomáticas;  y declaraciones públicas del Canciller, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

El Caso 13

El “CASO 13”, “ilustra… un patrón más amplio de violaciones”; según el ítem “763” de las “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente; de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”; presentadas el 16 de septiembre de 2020 en el Cuadragésimo quinto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el marco de ese “período de sesiones”; Los Guevara cumplieron “15 años y 10 meses de injusta prisión, años de continuas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos”; sostiene la Dra. Jackeline Sandoval, quien desde noviembre de 2004 viene denunciando que en el caso de Otoniel, Rolando y Juan Guevara:

“…se cometió arresto y detención arbitraria, así como desaparición forzada…; torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; además de sostener que las condiciones de detención de sus defendidos “equivalen a una violación de la prohibición de la tortura;  y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Las palabras citadas son extractos de los ítems “795” y “797” de las “Conclusiones” atinentes al “CASO 13”; coincidentes con señalamientos de Sandoval respecto al patrón de violaciones de derechos humanos; denunciado por ella durante “15 años y 10 meses”; corroborado en el seno del Consejo de Derechos Humanos, un patrón que adquirió otros matices; y de allí que actualmente sea “más amplio”, pero igual de cruento.

Prácticas ilícitas de aprehensión, interrogatorio y reclusión

Al igual que en el caso de los #comisariosguevara, existe “Falta de investigación de las alegaciones de tortura” en “el Caso 13: Capitán Luis de la Sotta”, como ellos, el oficial naval desde el 18 de mayo de 2018, cuando agentes de contra inteligencia fuertemente armados se lo llevan a la fuerza de su sitio de trabajo, vio ensombrecer el debido proceso con prácticas ilícitas de aprehensión, interrogatorio y reclusión.

Luis de la Sotta fue privado de libertad junto “al menos 30 oficiales militares y 2 civiles” que la DGCIM detuvo “durante el mes de mayo de 2018”, por una supuesta conspiración contra el Gobierno y que fueron acusados “de los delitos militares de traición, instigación a la rebelión militar, motín, y delitos contra el decoro militar”.

Al día de hoy, luego de un abrupto traslado, el Capitán de Navío tiene por sitio de reclusión un sótano que llaman “La Casa de los Sueños”, no es contradictorio si tomamos en consideración que también existen sueños aterradores, de esos que se convierten en pesadillas, como la vivida por este preso político y su familia en “28 meses”.

Una pequeña muestra de esa pesadilla, contenida en el ítem “778” de las “Conclusiones detalladas” antedichas:

“El Capitán de la Sotta fue detenido en régimen de aislamiento. Oficiales de la DGCIM a cargo de la custodia no le permitían usar el baño, por lo que a menudo dormía con sus propios excrementos. Fue golpeado y asfixiado con una bolsa de plástico, y recibió amenazas contra su familia.”

Mucho antes del brote de COVID-19, De la Sotta estaba en “aislamiento”, “severo”, incomunicado, decirlo es redundar en un hecho denunciado por su hermana, Molly de la Sotta, ante medios de comunicación y las más encumbradas instancias nacionales e internacionales. De hecho, “El 21 de julio de 2020, la madre del Capitán de la Sotta presentó una queja al Ministerio Público sobre las condiciones de detención de su hijo.”

Las autoridades, militares y civiles, parecieran hacer pasar por alto que la “prisión preventiva”, solicitada de forma irregular el 19/05/2018 por la Novena Fiscalía Militar Nacional al Tribunal Militar Primero de Control, el cual la acordó, al extenderla indefinidamente constituye un claro indicio de denegación de justicia, precisamente el hecho que quieren negar en la cruzada diplomática del trío gubernamental.

Un detallito para finalizar. “El Capitán de la Sotta tiene la ciudadanía venezolana y peruana”, no obstante, luce improbable que los cruzados del régimen recurran a la delegación diplomática peruana, pues “la DGCIM le ha negado el acceso a la protección consular a pesar de las numerosas peticiones de la Embajada de Perú.”

ACN/@jolcesal

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Antonio Garbi, doble secuestro

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Antonio Garbi, doble secuestro: Por José Luis Centeno S.-

La pena de prisión sin condena que cumple Antonio José Garbi González viene a ser; en la dialéctica revolucionaria, sombría expresión del chantaje judicial; hecho a la sociedad venezolana que, inoculado en la administración de justicia; dio al traste en nuestro país con el sistema adversarial acusatorio; “que murió hace tiempo y nadie ni siquiera le prendió una vela”, según el jurista Leonardo Pereira Meléndez.

Primero fue el padre de este joven preso político; lo secuestran y desaparece entre exigencias de sus captores, un doloroso episodio; acentuado por efectivos militares que no dieron con su paradero después de recibir ingentes sumas de dinero; requeridas para garantizar el éxito de un rescate trastocado en timo; al igual que la causa penal iniciada contra Garbi González en Carabobo; radicada en Aragua -la “guillotina judicial”- y en veremos en la Sala de Casación Penal del TSJ.

El infortunio vuelve a perturbar la tranquilidad del hogar de Antonio José; cuando más de veinte efectivos policiales protagonizan otro secuestro, el suyo; un hecho irrefutable desde que dormía pegado al techo en un calabozo del CICPC; superando la sarna con medicina para perros y extorsiones continuadas en la cárcel de Tocuyito; sumadas a riesgos de muerte y enfermedades tan preocupantes; como las anomalías procesales que lo han mantenido tras las rejas por más de cinco años.

Secuestros con precedentes

De ambos secuestros existen precedentes, cada día más; no obstante, las causas y efectos se desvanecen en la cotidianidad de calamidades; surgidas de la situación país, que en el área penal son mayores con las Salas del TSJ publicando decisiones; incluso enfrentándose entre sí, violando su propia resolución No. 001-2020;  tocante a la suspensión de los procesos judiciales, mientras expedientes como el de Garbi espera en Sala Penal decisión del avocamiento solicitado por el Ministerio Público.

Si en cinco años el Poder Judicial en Fase del Juicio Oral; la de “mayor relevancia del proceso penal”, ha sido incapaz de materializar;  “plenariamente la prueba” que dice tener en contra de este muchacho; y de concretar principios como los de la “contradicción y de igualdad procesal”; notoriamente estamos ante un secuestro, cuyos responsables, a diferencia del sufrido por su padre; están identificados e insisten en prologar el cautiverio con violaciones de derechos humanos.

Decir secuestro, suena alarmante, aunque no causa el impacto emocional de otros tiempos; menos cuando las trasgresiones a las garantías procesales parecieran ser norma consuetudinaria; con la tendencia a ser admitidas como tales por la sociedad venezolana, implicando el peligro; de olvidar a quienes se les afecta el bien jurídico de la libertad; en un entramado judicial con más aristas políticas que jurídicas.

En este contexto, el secuestro de Antonio José Garbi González, como el de tantos presos políticos; es un atropello judicial, parte de aberraciones procesales adversadas con la solidaridad y tesón; en exigir libertad para los encarcelados por motivaciones políticas, algo que sin duda surte efectos positivos pese al desgaste propiciado por la putrefacción del Poder Judicial.

ACN/@jolcesal

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