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La policía científica ultimó a un fugado de Polisandiego

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Conjunto Residencial Orión donde fue el enfrentamiento. (Foto: @dominguezjo21)
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Comisión de la policía científica ultimó a un fugado de la Policía de San Diego en las adyacencias del Conjunto Residencial Orión, ubicado en ese municipio. La fuente policial indica que el sujeto estaba “volado” de los calabozos de Polisandiego y tenía solicitud por secuestro.

La información la dio en su cuenta Instagram el comisario general José Gregorio Domínguez; secretario de Seguridad Ciudadana y jefe de la Delegación Cicpc Carabobo.

El  privado de libertad que estaba fugado de los calabozos de la Policía Municipal de San Diego, ubicada en la región oriental del estado Carabobo, murió en presunto enfrentamiento con funcionarios de la policía científica. No reveló el nombre del abatido.

Detectives  adscritos a la Brigada Contra Bandas de la Subdelegación Las Acacias realizaban investigaciones de campo en relación a un robo; cuando vieron a un hombre que se mostró sospechoso ante la presencia de los sabuesos.

El fugado le disparó a la policía científica

Domínguez sostuvo que, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en contra de la policía científica. Se originó intercambio de disparos donde el presunto delincuente fue ultimado. Todo ocurrió la mañana del miércoles en las adyacencias del Conjunto Residencial Orión, municipio San Diego.

El Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Carabobo reveló, que el caído estaba fugado desde el viernes 11 de agosto del año 2017 de la Policía de San Diego. Además tenía solicitud por secuestro y guardaba relación con un homicidio.

El día en que se fugó de Policía Municipal de San Diego lo hizo junto a 11 presos más. Abrieron un boquete en una pared del calabozo donde estaban confinados. Los custodios se dieron cuenta de la fuga a las 5:00 de la madrugada.

Casi todos los presos huyeron por el hueco que hicieron a la pared con unas cabillas. Sólo cinco permanecieron en las celdas.

A los  evadidos los identificaron como Samuel Kelvis Morales Franco, José César Contreras Verte, Werdi Soto Díaz, Andrés Eduardo Guillén Torres, Raúl David Pérez Quintero, Miguel Jesús Alcalá Ruiz, Felipe Ramón Alcalá.

También entre los fugados están Raúl David Pérez Quintero, Víctor José Palencia Palencia, Ramsés Michett Rossenouff Carcuera y Carlos Luis Zanabria Moreno; a quien supuestamente ultimaron en la recaptura.

ACN/@dominguezjo21

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Fuerzas de seguridad de Maduro han ejecutado 18 mil personas desde 2016

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Fuerzas de seguridad - ACN
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Por la presunta «resistencia a la autoridad» las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro ha ejecutado a 18.000 personas desde el año 2016.

Según la oenegé internacional ONG Human Rights Watch (HRW) la mayoría de las víctimas cayeron en manos de las temidas  Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Sin embargo, el Ministerio Público chavista guarda silencio. Un comunicado divulgado por HRW refiere que 5.995 personas cayeron abatidas en 2016, 4.998 en 2017 y 6.856 en 2018. Y los primeros cinco meses de 2019 la cifra sigue en aumento.

El número incluye las numerosas ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad, las Faes y otros grupos leales al chavismo. «Desde que se crearon las Faes, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos», indica el informe de HRW.

Entre los homicidios se cuentan aquellos cometidos por los llamados colectivos armados. Las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se concentran en comunidades de bajos recursos que le dieron la espalda al régimen de Maduro.

Fuerzas de seguridad se llevan las caraotas

«En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia. Matan y detienen de manera arbitraria a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia», explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las Faes vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban la cara tapada. Llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Las fuerzas de seguridad de Maduro cargan con caraotas, arroz, harina de maíz y todo lo que consiguen. Las víctimas acuden al Cicpc, pero allí también se hacen loe desentendidos.

La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que las Faes alteraron el lugar del homicidio. Y además manipularon las evidencias. «Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción», denunció HRW.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

Felicitan a las Faes

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y «proteger al pueblo» frente a «las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal». El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo «¡Que viva el FAES!» y expresó su pleno apoyo «para el FAES en su labor diaria».

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