Propina de 100 mil euros destapó trama de corrupción en PDVSA - ACN
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Propina de 100 mil euros destapó trama de corrupción en PDVSA

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Una “propina por servicios prestados” de 99.980 euros;  a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra;  del conocido como “grupo Salazar”, un conjunto de venezolanos relacionados con el ex ministro de Energía, Rafael Ramírez;  investigados por el expolio a la petrolera Pdvsa.

La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición;  a las que ha tenido acceso Efe, de algunos de estos investigados;  como el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Ambos están en España pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega al país.

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Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez;  ex contable de Petróleos de Venezuela, cuya extradición rechazó este martes, 27 de noviembre;  la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela.

Este país acusa al “grupo Salazar” de haber desviado millones de euros;  de la petrolera estatal cuando fue presidida por Ramírez (de 2004 a 2014);  quien fue representante de Venezuela ante la ONU. Se exilió, ahora está en paradero desconocido y denunció ser víctima de una persecución política del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El abogado Ismael Oliver, defensor de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez;  señala que la petición de extradición por parte de Caracas se basa;  sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información; y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana.

Todo esto supone que “se trafica con la confusión”, dice el abogado.

Un investigación de una juez de Andorra sobre comisiones ilegales de Pdvsa; escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA); acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos).

Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información;  hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin.

En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros;  realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París;  el 23 de noviembre de 2009 por la sociedad Highland Assets Corp;  y con el concepto de “propina por servicios prestados”.

La documentación entregada a España por Venezuela;  explica que esa empresa era una “sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios”, representada por Rodríguez Cabello. El “beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria”;  desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez;  que da nombre al grupo investigado y actualmente detenido en Venezuela.

Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y “su grupo”;  realizaron de 2006 a 2012 (el presidente Hugo Chávez murió en marzo de 2013);  un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando “numerosas cuentas” en Andorra;  para “altas cantidades de dinero” y ocultar la titularidad real de los fondos.

La mayoría de estas personas, dice, eran de nacionalidad venezolana;  mientras que las sociedades “utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y/o otros países;  son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas“.

Según la justicia venezolana, “dichas transferencias electrónicas efectuadas hacia el Principado de Andorra;  suman aproximadamente unos 1.350 millones entre dólares americanos y euros“.

Esas cantidades “tendrían presuntamente un origen delictivo;  ya que procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano;  en los cuales participaron funcionarios” del mismo país, agrega el documento.

En el caso de Highland Assets Corp, el documento detalla que entre 2011 y 2012 cinco empresas chinas;  le pagaron 154 millones de dólares por “diversos contratos de asesoramiento”;  entre las empresas asiáticas y la venezolana Inverdt, relacionada con Salazar y Rodríguez Cabello.

Según Venezuela, las empresas chinas que contratan el asesoramiento;  no lo hacen según un presupuesto que detalle los conceptos; sino que lo abonado por cada entidad “se corresponde a un porcentaje del 10 o el 15 por ciento” de contratos de obra obtenidos por esas empresas; y relacionados con la extracción de petróleo, un sector que controlaba Pdvsa.

Esos contratos, detalla, se suscribieron en el marco del conocido como “plan gran volumen”;  suscrito entre China y el Gobierno de Chávez en 2010;  y por el que consiguió financiación multimillonaria del gigante asiático a cambio de petróleo.

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ACN/EFE/MiamiDiario PD

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HRW cuestiona al presidente argentino por sus dichos sobre Venezuela

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Alberto Fernández, presidente de Argentina. (Foto: EFE)
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La organización internacional Human Rights Watch, HRW cuestiona al presidente argentino, Alberto Fernández, por afirmar que en Venezuela «ya no existen» denuncias por violaciones de derechos humanos.

En una entrevista concedida el miércoles 29 de junio. al canal noticioso C5N, Fernández aseguró que las cosas en Venezuela «mejoraron muchísimo»; a raíz de las investigaciones realizadas en el ámbito de Naciones Unidas.

«Para mí el tema derechos humanos no tiene ideología ni bandera. Cuando yo sentí que en Venezuela los derechos humanos estaban en riesgo, pedí que en Naciones Unidas se investigue lo que estaba pasando. Y gracias a Dios que votamos de ese modo, porque las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo y esas denuncias ya no existen»; subrayó el mandatario.

HRW cuestiona al presidente argentino

La directora en funciones de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk, citó estas declaraciones en su perfil de Twitter, recordando la presentación realizada este jueves por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet; en la que constató la persistencia de limitaciones democráticas en Venezuela.

«El presidente Alberto Fernández hoy dijo que las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela ‘ya no existen’. Esta mañana en Ginebra Michelle Bachelet presentó su informe sobre Venezuela y describió un panorama desolador. ¿Ignorancia o selectividad? Véanlo ustedes mismos»; escribió Taraciuk en la red social.

Las declaraciones de Fernández se produjeron horas después de su viaje a la provincia norteña de Jujuy, en donde visitó a la dirigente política y social y líder indígena Milagro Sala; detenida «de manera arbitraria» desde 2016 y que hospitalizada desde este lunes por una trombosis en la pierna.

Elisa Trotta, representante en Argentina del líder opositor de Venezuela Juan Guaidó; criticó la «doble vara» del presidente argentino respecto a los derechos humanos.

«Hoy Alberto Fernández aseguró que siempre ha tenido ‘una preocupación humanitaria por los presos y perseguidos’. Curioso, pues no lo he escuchado hablar de los más de 200 presos políticos en Venezuela, los más de 300 en Nicaragua o los más de 1.000 en Cuba. Doble vara según ideología o amistades»; aseveró en su perfil de Twitter Trotta, quien también acusó a Fernández de «mentir» respecto a las denuncias por violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Informe de Bachelet

En la presentación de un informe sobre las actividades de su Oficina en Venezuela, Bachelet dijo que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo allí documentó 166 casos de restricciones indebidas; lo que incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión.

Con respecto a esto último se constataron situaciones de acoso; censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web; además del uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

La alta comisionada también informó de ciertos avances, como el hecho de que no se haya registrado ninguna muerte en protestas pacíficas; relacionadas sobre todo con la situación socioeconómica, como sí ocurrió en las protestas antigubernamentales de 2017. De igual modo se documentaron menos detenciones arbitrarias.

ACN/MAS/EFE

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