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Represión, dilaciones y prisión preventiva excesiva (I)

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Represión, dilaciones y prisión preventiva excesiva (I): Por José Luis Centeno S.-

Zulay Moreno, enérgica y decidida, exige “justicia oportuna”; para su único hijo, Erickvaldo José Márquez Moreno; desde que una comisión del CICPC cargó con él aquel miércoles 13 de septiembre de 2017;  tras irrumpir y quitarle la tranquilidad a ese hogar merideño; iniciando la transgresión de garantías constitucionales y procesales acentuadas en tres años de injusta prisión.

Detención. Así calificaron tal atropello, convalidado en sede jurisdiccional. Después de 5 meses del hecho atribuido a Erickvaldo; imposible hablar de flagrancia, y ante el procedimiento del 13/09/2017 sin Orden de Aprehensión; todo apunta a un secuestro interminable por efecto de dilaciones indebidas; comenzando por el acto conclusivo, una acusación fiscal, consignada extemporáneamente.

Erickvaldo José Márquez Moreno; estudiante de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes (ULA); Mención Educación Física, Deporte y Recreación; se convirtió en preso político a la edad de 24 años en un contexto de “represión criminal”; confirmado por el “Informe de la misión internacional independiente;  de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”;  presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 15/09/2020.

290 detenciones arbitrarias

En ese contexto, “al menos 290 detenciones arbitrarias, realizadas sin orden de aprehensión y sin flagrancias” registró el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) entre abril y octubre de 2017, “detenciones bajo engaño”, ¿la causa?, participar en protestas sociales pacíficas o en el denominado “plantón nacional”, derivando en encarcelaciones y acusaciones sin pruebas, como es el caso de Erickvaldo.

Entre el 24 de abril y el 30 de julio de 2017, “15 personas fueron asesinadas en cinco municipios del estado Mérida, en el marco de las protestas sociales en contra del gobierno nacional”, murieron como resultado de la aplicación de un “patrón de violaciones de derechos humanos” existente en Venezuela desde el año 2014 y profundizado en 2017, particularmente en el estado Mérida.

Patrón “consistente en la actuación coordinada de cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares o los llamados ´colectivos´” en la “represión criminal” de manifestantes, generando muertes, incluso en las filas oficialistas represoras, que permanecen impunes en razón de inocentes imputados, en su mayoría jóvenes, estudiantes y líderes políticos de oposición, conforme a una lógica bizarra develada en el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos humanos de la ONU.

Ejemplo de privación de libertad

El caso de Erickvaldo es el vivo ejemplo de “la privación de libertad como forma de castigo por manifestar”, en virtud de ser “detenido” y permanecer privado de libertad sin pruebas, con un juicio en el cual no se aprecian avances significativos luego de los 17 meses que tardó el Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial del estado Mérida en iniciar el debate oral y público.

Sin entrar en mayores reparos, el retardo procesal existente en la causa penal seguida a este joven estudiante denota irregularidades insalvables, y, por si fuera poco, las utilizan para justificar su extensa, inhumana e irracional prisión preventiva, confirmando que el pasado domingo 13 de septiembre cumplió tres años preso sin que exista prueba alguna que lo involucre en los hechos de los que se le acusa.

El calvario y humillaciones vividas por Zulay, Erickvaldo, su abuela y el resto de la familia, junto al equipo del ODH-ULA a cargo de la defensa del estudiante uladino, tienen en los “cúmulos probatorios presentes en el caso” su punto de quiebre en cuanto perjuicios sin razón de ser, imprimiendo gravedad a los derroteros punibles de los operadores de justicia que los ocasionan.

Este caso, como el de cualquier preso político, se inserta en la política represiva estatal, explicando la negación de justicia, haciéndola tardía, ilusoria, siempre en el ánimo de escarmentar a un alto costo para quienes como Erickvaldo son avasallados por una noción de culpabilidad que, cual hierro candente, deja en la sociedad venezolana la marca de la injusticia.

ACN/@jolcesal

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Antonio Garbi, doble secuestro

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Antonio Garbi, doble secuestro: Por José Luis Centeno S.-

La pena de prisión sin condena que cumple Antonio José Garbi González viene a ser; en la dialéctica revolucionaria, sombría expresión del chantaje judicial; hecho a la sociedad venezolana que, inoculado en la administración de justicia; dio al traste en nuestro país con el sistema adversarial acusatorio; “que murió hace tiempo y nadie ni siquiera le prendió una vela”, según el jurista Leonardo Pereira Meléndez.

Primero fue el padre de este joven preso político; lo secuestran y desaparece entre exigencias de sus captores, un doloroso episodio; acentuado por efectivos militares que no dieron con su paradero después de recibir ingentes sumas de dinero; requeridas para garantizar el éxito de un rescate trastocado en timo; al igual que la causa penal iniciada contra Garbi González en Carabobo; radicada en Aragua -la “guillotina judicial”- y en veremos en la Sala de Casación Penal del TSJ.

El infortunio vuelve a perturbar la tranquilidad del hogar de Antonio José; cuando más de veinte efectivos policiales protagonizan otro secuestro, el suyo; un hecho irrefutable desde que dormía pegado al techo en un calabozo del CICPC; superando la sarna con medicina para perros y extorsiones continuadas en la cárcel de Tocuyito; sumadas a riesgos de muerte y enfermedades tan preocupantes; como las anomalías procesales que lo han mantenido tras las rejas por más de cinco años.

Secuestros con precedentes

De ambos secuestros existen precedentes, cada día más; no obstante, las causas y efectos se desvanecen en la cotidianidad de calamidades; surgidas de la situación país, que en el área penal son mayores con las Salas del TSJ publicando decisiones; incluso enfrentándose entre sí, violando su propia resolución No. 001-2020;  tocante a la suspensión de los procesos judiciales, mientras expedientes como el de Garbi espera en Sala Penal decisión del avocamiento solicitado por el Ministerio Público.

Si en cinco años el Poder Judicial en Fase del Juicio Oral; la de “mayor relevancia del proceso penal”, ha sido incapaz de materializar;  “plenariamente la prueba” que dice tener en contra de este muchacho; y de concretar principios como los de la “contradicción y de igualdad procesal”; notoriamente estamos ante un secuestro, cuyos responsables, a diferencia del sufrido por su padre; están identificados e insisten en prologar el cautiverio con violaciones de derechos humanos.

Decir secuestro, suena alarmante, aunque no causa el impacto emocional de otros tiempos; menos cuando las trasgresiones a las garantías procesales parecieran ser norma consuetudinaria; con la tendencia a ser admitidas como tales por la sociedad venezolana, implicando el peligro; de olvidar a quienes se les afecta el bien jurídico de la libertad; en un entramado judicial con más aristas políticas que jurídicas.

En este contexto, el secuestro de Antonio José Garbi González, como el de tantos presos políticos; es un atropello judicial, parte de aberraciones procesales adversadas con la solidaridad y tesón; en exigir libertad para los encarcelados por motivaciones políticas, algo que sin duda surte efectos positivos pese al desgaste propiciado por la putrefacción del Poder Judicial.

ACN/@jolcesal

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