Internacional
SIP Condenó secuestro y extorsión de periodistas de un canal de TV en Perú
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el secuestro y extorsión en contra de un grupo periodístico de América TV, de Perú, a quienes obligaron a leer un comunicado en vivo como condición para liberarlos.
La organización instó a las autoridades a investigar, señalar a los culpables y llevarlos ante la Justicia para evitar que estos actos se repitan y queden en la impunidad.
Al periodista Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un conductor de América TV, los interceptaron ayer y los amenazaron miembros de organizaciones rurales de autodefensa, denominadas ronderos en la jerga local.
Los secuestradores obligaron a Quispe, del programa dominical Cuarto Poder, a leer en vivo un comunicado como condición para su liberación.
El equipo periodístico viajó a la comunidad de Chadín, en el departamento de Cajamarca, para recabar información sobre un caso que involucra a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.
SIP repudia secuestro y extorsión
El pronunciamiento de los ronderos denunciaba la «imputación falsa» contra Paredes. El equipo de América TV quedó liberado anoche poco después de la transmisión, pero les retuvieron la cámara y los celulares.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, repudiaron el secuestro y la extorsión contra los periodistas por parte de grupos que quieren hacer justicia por manos propias.
«La naturaleza de esta acción de los ronderos no solo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país».
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades a «investigar, señalar y juzgar a los autores del secuestro y la extorsión, para evitar que se repitan estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas».
ACN / Sociedad Interamericana de Prensa
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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