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Sistema procesal penal venezolano

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Sistema Procesal Penal Venezolano: Por José Luis Centeno S.- El Socialismo del Siglo XXI expone al profesional del derecho a episodios contradictorios, particularmente en materia penal; a la par de las reformas hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se gestaron prácticas judiciales alejadas del propósito de este instrumento legal, tornando al Sistema Garantista en una frágil referencia de un deber ser, máxime en el caso de los presos políticos.

Ese despropósito es pues, a la vez, desafío y condición de posibilidad del pensamiento, realidad manifiesta en la obra “Sistema Procesal Penal Venezolano”, escrita por el abogado Leonardo Pereira Meléndez, un erudito jurista larense, aunque lo propio sería decir, caroreño, de verso sensible y verbo impetuoso, opuesto a las sinrazones de la vida y de la práctica jurídica.

La tendencia de este régimen de no creer en las leyes, “mucho menos en el Estado de Derecho ni en la justicia”, afirma opiniones de Pereira Meléndez: “el sistema adversarial acusatorio en Venezuela murió hace tiempo, y nadie ni siquiera le puso una vela”,  y lleva también a pensar su obra como algo abierto, donde se plantean problemas y preguntas que se cruzan y enriquecen unos a otros en favor del ejercicio profesional del derecho.

Desde una perspectiva académica, hablamos de una investigación rigurosamente documentada, propia de su condición de Profesor universitario, con citas doctrinarias de primer orden, pertinentes y variadas referencias bibliográficas, menciones a tratadistas patrios y foráneos, análisis jurisprudencial y conceptual, todo ello relacionado con el COPP “que nació antes de la Constitución vigente, y que nunca se ha aplicado a cabalidad”.

La lectura de la obra nos adentra en un sagaz contraste del sistema inquisitivo y acusatorio, denotando como este último, el nuevo sistema procesal venezolano, sabiamente caracterizado y explicado por el autor, en apariencia firme a partir de la entrada en vigencia del COPP, es avasallado por las rémoras del primero, dando lugar a los absurdos o abusos contenidos en decisiones judiciales, a nivel de todas las instancias, como expresión despótica de la justicia.

En línea con nuestros análisis sobre casos de presos políticos, capítulos tales como “LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”, adquieren especial significación por la prolongación excesiva de la privativa de libertad, sin formula de juicio, a los presos políticos Lorent Saleh, Kamel Salame y Antonio José Garbi, y ante la muerte del concejal Fernando Albán y la privación de libertad de la médico neumóloga y abogada Maryuri Medina.

El capítulo “PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL” constituye una clara advertencia de las “penas prohibidas en la Carta Política Fundamental” dentro “del ejercicio represivo del Estado”, “verbigracia la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura, la desaparición forzada, los tratos inhumanos, crueles o degradantes”, que aplicadas con total desparpajo admiten la omisión de “las demarcaciones a la coerción penal” instauradas en la Carta Magna.

Araminta González, Inés González Árraga, Marcelo Crovato, Villca Fernández, son sólo algunos de los ex presos políticos que pudiesen confirmar lo asentado por Leonardo Pereira Meléndez en relación al desconocimiento de las garantías procesales, en cuanto derechos reconocidos constitucionalmente, negados tanto a los hermanos Guevara como a los comisarios, Policías Metropolitanos y militares.

En el capítulo “LA DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA INQUISITIVO Y ACUSATORIO”, la descripción del sistema inquisitivo semeja la reseña de una grave realidad con riesgo de ser asumida con pasmosa normalidad, quizás por la alta ocurrencia de los vicios que le son intrínsecos en un contexto cargado de violencia e impunidad.

El caso del Diputado Juan Requesens, salta a la vista, también el de Rosa Virginia González, Vasco Da Costa, José Luis Santamaría, José Pérez Cisneros, José Alberto Marulanda y tantos otros vapuleados por quienes se comportan como Torquemada.

“EL COPP: MITOS Y REALIDADES”, un capítulo donde el autor expone cómo se han acentuado en el Sistema Judicial Venezolano los problemas que muchos pensaron se acabarían con la derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal. Al respecto, es elocuente esta afirmación del escritor:

“…haciendo gala de una ilegalidad suprema, magistrados -con minúscula- niegan o conceden a su libre arbitrio, sin motivación o fundamentación alguna, lo que es obligatorio en pleno derecho: La libertad.”

En esta obra del dilecto amigo Leonardo Pereira Meléndez, la interpretación metodológica, constitucional y legal del nuevo sistema procesal penal venezolano, conduce a poner en contexto una realidad donde los abusos y aberraciones pugnan por superar la sapiencia y experiencia de los profesionales del derecho, exigiéndoles mayor claridad sobre la significación y alcance de leyes, doctrina, jurisprudencia y procedimientos a los fines de hacer frente a la ilicitud e inconstitucionalidad de decretos judiciales.

Nota al margen: Sistema Procesal Penal Venezolano, obra de Leonardo Pereira Meléndez editada y distribuida por la Librería Álvaro Novoa, C.A. se consigue en la sede de esta empresa en Caracas, a media cuadra de la Plaza Bolívar, también en Publicaciones Jurídicas El Litigante, diagonal al Palacio de Justicia de San Cristóbal, Estado Táchira.

[email protected] –  o Twitter @jolcesal

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Calidad de vida, primer mundo y tercermundismo

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Calidad de vida, primer mundo y tercermundismo: Por Cora Páez de Topel.-  No es un término abstracto referente a la calidad de vida cuando lo expresamos, es más bien una condición social que se manifiesta en todos los aspectos de la vida diaria de las personas en los que denominamos países del primer mundo, en los que habita una tercera parte de la Humanidad, o por el contrario, países del tercermundismo poblado por las dos terceras partes de seres humanos que viven al margen del desarrollo en comunidades carentes de los recursos básicos,  pobreza no sólo material sino también mental y  espiritual.  Medir la calidad de vida por la dotación o falta de esos recursos  es indispensable:  el dinero, la vivienda, el trabajo, la luz, el agua, las comunicaciones, el transporte,  la seguridad.

El primer país del mundo desarrollado es Estados Unidos, no por ser un país capitalista sino por los avances sociales logrados a lo largo de su historia, ratificados a partir de la Independencia en la Constitución firmada el 17 de Septiembre de 1787 en el Congreso,  por el Presidente George Washington y los diputados de los doce estados  presentes, estableciendo que para formar una perfecta unión debe establecerse la Justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, promover la defensa común, el bienestar general y asegurar las bendiciones de la Libertad.  En su totalidad, esos preceptos se respetan y la Constitución sigue vigente, sólo con algo más de veinte enmiendas.

En América del Norte, Canadá es también un país del primer mundo, con los avances sociales que disfrutan sus habitantes y una democracia bien representada.  Los países europeos han logrado igualmente alcanzar el desarrollo, después de haber pasado por tantas guerras y sufrimientos, pero la mayoría de sus habitantes son personas cultas, exigentes de sus derechos y cumplidoras de sus deberes, so pena de ser penalizados por el Estado  encargado de administrar justicia.  En los países nórdicos: Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia el bienestar se manifiesta en el alto grado de evolución social, respeto al ciudadano y servicios públicos eficientes.

Es particularmente en los países localizados en  África,  Asia  y América Latina en  donde las desigualdades sociales se hacen más evidentes, puesto que en esa parte del mundo no todos los habitantes tienen el mismo grado de desarrollo, evidenciándose los contrastes de una manera clara tanto en la infraestructura física como en la forma de vida de la   población, debido quizás a la corrupción de sus gobernantes y a las dictaduras que en pleno s. XXI siguen vigentes: militarismo, teocracia, comunismo,  por lo que el Estado de Derecho es débil,  impidiendo que los ciudadanos se expresen libremente para exigir sus derechos y en numerosas ocasiones faltando a sus deberes.

No se corresponde la antigüedad de esos países  con el grado de bienestar de su población.   Si bien hay progreso por una parte,  el atraso es generalizado, con los grandes cinturones de miseria que se extienden por las zonas más deprimidas.  La emigración de sus habitantes es numerosa, en busca de refugio en países del primer mundo, que en ocasiones los rechazan, como lo vemos actualmente en Mexico, Honduras, Nicaragua y Guatemala con la intención del presidente Donald Trump de levantar el muro fronterizo entre Estados Unidos y esos países para impedirles el libre acceso.  Lo vemos también en Europa cerrándole el paso a los refugiados de Sudán, Yemen, Libia, Irán,  Afghanistan  y otros países asiáticos y africanos sometidos a  dictaduras.

Lo vemos actualmente en Venezuela, país de grandes contrastes, encaminado en el siglo XX hacia el desarrollo, gracias a su riqueza petrolera y al establecimiento de la democracia, luego de sufrir dos dictaduras que fueron derrocadas, pero que lamentablemente a comienzos del s. XXI  cayó bajo el poder de un gobierno militarizado de corte comunista y dictatorial, lo que ha provocado el éxodo de 4 millones de venezolanos en busca de mayor calidad de vida.  La lucha no se detiene, en espera de retomar la senda del progreso material y espiritual  propio del primer mundo.

ACN/CPdT

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