El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó que la situación para presos foráneos empeoró tras la llegada del COVID-19.

Por lo que los familiares claman por el retorno a los penales de origen.

“Permanecer tras las rejas es el peor castigo para las personas que cometen un delito”, señala el texto enviado por el OVP.

“Aunado a esto los presos venezolanos deben lidiar con el abandono, el hambre y la desidia que azota los recintos penitenciarios de Venezuela”.

Los traslados a cárceles lejos de su tierra natal se han instaurado como una especie de castigo para los reclusos que exigen respeto a sus derechos humanos.

En ese sentido, los parientes indicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que la situación para los presos foráneos empeoró significativamente tras la llegada del COVID-19.

“Lo que generó la paralización de los tribunales, la suspensión de visitas y el ingreso de paquetería (insumos)”.

Presos foráneos no han podido ser atendidos por la imposibilidad de ser trasladados

Una vez reanudadas las actividades en los tribunales, los presos foráneos no han podido ser atendidos por la imposibilidad de ser trasladados.

Esto a causa de la escasez de gasolina u otros factores como consecuencia de la lejanía de las cárceles donde se encuentran.

Cabe destacar que permanecer dentro de su jurisdicción garantiza el debido proceso para los reos.

Tal como está establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República para que sea efectivo su proceso judicial, sin dilaciones indebidas o contradicciones.

Traslados en dólares

De igual manera se conoció que muchos de los presos han sido abandonados porque sus parientes no se pueden movilizar a otros estados del territorio nacional, considerando el alto costo del transporte que oscila entre 100 y 20 dólares.

“La mayoría somos madres, esposas y hermanas humildes sin recursos”.

“¿De dónde vamos a sacar para un pasaje?  Si gastamos en comida, no nos queda para el pasaje y si podemos ir será una vez al año porque no tenemos de donde sacar esos recursos”.

Fueron palabras de las tantas madres que no quiso identificarse temiendo represalias en contra de su hijo.

“Yo soy de Lara y tengo a mi hijo en El Drado, tengo más de dos años que no lo veo porque puedo viajar hasta Bolívar”.

“Son muchas horas de camino y soy una persona discapacitada, soy la única familiar con la que cuenta y además no tengo recursos. Yo clamo por que mi hijo sea devuelto a la región”, expresó otra madre en medio de su desesperación.

Son muchos los testimonios que recabó el equipo del OVP de madres que tienen a sus hijos recluidos en cárceles de los estados:

Yaracuy, de Aragua, Apure, Barinas, Nueva Esparta y Portuguesa.

Ante esta situación resulta válido recordar la regla 59 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las Reglas Mandela) en la que expresa:

“En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción”.

Por otra parte, los familiares de reclusos de Mérida, Bolívar, Sucre, Guárico, Barinas, Zulia, entre otros, solicitaron que los presos de estos estados sean incluidos en el Plan Cayapa.

Además, que se otorguen las libertades a quienes ya les corresponde el beneficio.

Aseguran que son muchos los que tienen cumplidas las penas, así como también solicitaron que se faciliten las redenciones y cómputos a los privados de libertad.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

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