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Trabajadores desatan explosión de protestas por alto costo de la vida

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El aumento salarial a la Fuerza Armada Nacional fue la gota que derramó el vaso. El “incremento sustancial” para los efectivos castrenses terminó por darle más fuerza a la ola de protestas que comenzó desde que los beneficios de los trabajadores se quedaron rezagados ante la galopante hiperinflación.

Fue el 16 de junio cuando el presidente, Nicolás Maduro, anunció al país el reajuste de todas las tablas salariales de los militares. Dejó ver claramente el motivo del aumento. “Son los profesionales capaces de garantizar la paz e independencia del país”.

Mientras el Ejecutivo transmitía la noticia desde el Teatro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna. Las calles de la nación ya estaban como un budare; caliente y es que las protestas por las reivindicaciones laborales ya se hacían sentir por parte de trabajadores del sector eléctrico, docentes, entre otros gremios.

El 2018 apunta a ser el año con mayor cantidad de protestas laborales. Así lo refleja un estudio divulgado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS. En los primeros seis meses del año contabilizaron 2.019 protestas por derechos laborales, lo que representa 11 manifestaciones por día.

Todo indica que el mes de julio habrá un repunte considerable por el descontento que terminó desbordandose tras el incremento a los militares. La lucha por sus derechos como trabajadores la profundizaron las enfermeras. El 26 de junio el gremio inició un paro nacional indefinido.

Enfermeras: Precursoras de la explosión

Las profesionales de la enfermería no solo reclaman un salario ajustado a la crisis que atraviesa Venezuela, también reclaman condiciones básicas para atender a sus pacientes, con la dotación de insumos.

Con el paso de los días esta medida para presionar al Gobierno se le sumaron más enfermeras de distintas regiones del país. Centro, occidente, oriente son las regiones del territorio nacional que han decidido sumarse a la exigencia. Las enfermeras están resteadas y solo atienden emergencias.

No pasó mucho tiempo para que los 5 mil bionalistas de Venezuela decidieran participar en el paro. El 4 de julio, estos especialistas de la ciencia de la salud oficializaron la interrupción de sus labores. Padecen las mismas penurias que las enfermeras. Salarios pírricos que no cubren para comprar un kilo de carne, que ya superó la barrera de los 7 mil bolívares. A esta carencia se suma la escasez de reactivos para trabajar.

A esa apenas dos días, específicamente, el 11 del mes en curso, los médicos decidieron unirse para exigir a Maduro a través del paro un incremento salarial como el de los generales. La falta de insumos y material quirúrgico es parte de las quejas del sector. Los médicos, enfermeros y bionalistas no solo interrumpieron sus actividades. También realizan pancartazos frente a los centros hospitalarios para informar tanto a familiares como a pacientes la dura realidad.

Trabajadores eléctricos se sumaron al reclamo

Un total de 19.210.000 bolívares es lo que exige el sector eléctrico del país, pero la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ofrece como máximo pago 6.000 bolívares. Ese monto no alcanza para comprar un par de zapatos. Las condiciones laborales son precarias, no cuentan con los equipos de seguridad para evitar accidentes. Por eso también forma parte de la exigencia.

La fuga de talento ha golpeado a la masa laboral del país. En el caso del sector eléctrico, 15.000 trabajadores han puestos sus cargos a la orden en búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero. En su país ganan mucho menos de dos dólares si se toma en cuenta el dólar no oficial.

Las protestas laborales se extendieron hacia el subterráneo de Caracas. El 12 de julio el personal que trabaja en el Metro del Distrito Capital presentó un escrito en la sede de la presidencia, en Chacao. El documento es similar al reclamo de enfermeras, médicos, bionalistas y trabajadores eléctricos. Mejora salarial. La demanda de los trabajadores del metro surge en medio de una serie de fallas en el servicio que afecta la movilización de los usuarios.

Maduro no ha logrado calmar las protestas. Sus propuestas no convencen a una fuerza laboral que necesita con carácter de urgencia que sus reclamos sean atendidos.  Esta exigencia es de generalidad de los trabajadores del país; y por ende de todos los venezolanos que ya no aguantan la hiperinflación que los sacude y que ya no les deja hueco en el cinturón.

ACN/Ana Ramos

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Desalojan a 10.000 personas de mina ilegal que colapsó en Venezuela (+ video)

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Desalojan a 10.000 personas de mina ilegal que colapsó en Venezuela - Agencia Carabobeña de Noticias
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Desalojan a 10000 personas de mina ilegal Bulla Loca, que colapsó en febrero pasado con saldo oficial de 16 muertos, certificó este martes 23 de abril la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por intermedio del general en jefe Domingo Hernández Lárez, al frente del comando responsable de las operaciones militares.

La mina “clausurada y evacuada por violación al ordenamiento jurídico territorial de las reservas forestales en el estado Bolívar (sur), luego de haber desalojado a más de 10.000 mineros ilegales transgresores de la ley”, añadió el jefe militar.

Hernández Lárez compartió un video donde pueden verse enormes cráteres dejados por la extracción ilegal de oro, así como decenas de árboles derribados.

La evacuación de la mina, cuyo único acceso era fluvial, comenzó después de la tragedia de febrero, que dejó oficialmente 16 muertos aunque habitantes aseguran que fueron más.

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Desalojan a 10000 personas de mina ilegal Bulla Loca

Otros 14.000 mineros fueron retirados en el último año del parque nacional Yapacana, el más extenso de Venezuela con 320.000 hectáreas, ubicado en el vecino estado Amazonas, con amplias zonas devastadas por la minería.

La región del Arco Minero, que abarca una porción de la Amazonía, tiene una extensión de 112.000 km2 con grandes reservas de oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán.

Es una zona que explota el Estado, donde también operan mafias que ejercen el control en estas minas ilegales, cuya expansión ha arrasado amplias reservas de bosques y contaminado acuíferos con mercurio.

La ONG SOS Orinoco, crítica al gobierno y que denuncia un “ecocidio” por la minería, señala que entre 2017 y 2022 en los estados Bolívar y Amazonas (sur) hubo al menos 54 muertos en 17 incidentes mineros.

En diciembre de 2023 otras 12 personas murieron tras el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú (Bolívar).

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