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Trama de dolor y mala fe en caso Garbi

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Trama de dolor y mala fe en el Caso Garbi: Por José Luis Centeno S.-

En el caso del joven preso político Antonio José Garbi González; es notoria una excesiva “Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad”; a la cual lo tienen sometido desde hace 5 años y 6 meses; sin que al día de hoy hayan materializado el “Auto de Apertura a Juicio”;  dictado el 08/06/2015 por el Juez 4º de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo; Toredit Alfredo Rojas Acevedo.

Esa “prisión preventiva ajena a las regulaciones nacionales e internacionales”; constituye claro indicio del patrón inicuo aplicado a casos políticos; radicados en la circunscripción judicial penal aragüeña; el mejor ejemplo es el de los Policías Metropolitanos y los comisarios Lazaro, Forero y Simonovis; a quienes comenzaron a juzgar después de una larga espera el 20/03/2006; en la Causa Nº 4M-387-04, del Tribunal 4º de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua.

No por casualidad ese Tribunal 4º de Juicio del estado Aragua; a cargo de Rodolfo Ampueda España, es el que está tramitando la causa de Antonio Garbi; desde octubre de 2016, han transcurrido más de 3 años y ese juzgado no ha dado inicio; al debate oral y público, configurando una atrocidad en sede jurisdiccional; con precedentes nada alentadores.

Desproporcionado tiempo de detención

La hoy magistrada del TSJ, Marjorie Calderón Guerrero, a cargo de ese tribunal; dictó “Sentencia CONDENATORIA” el 03/04/2009 a los policías metropolitanos y los comisarios; registrando un desproporcionado tiempo de detención “provisional”; al igual que Garbi, siendo ostensible un patrón de manipulación de la justicia; sustentado y aplicado por motivaciones políticas; confirmado por el ex presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, Eladio Ramón Aponte Aponte.

En ese contexto, se aprecia en el tribunal de la causa de Antonio Garbi; un “Exagerado tiempo de duración del juicio oral y público” de los comisarios y policías metropolitanos; “Primer año, 118 audiencias; segundo año, 73 audiencias; tercer año, 40 audiencias”; 3 años y 14 días de “múltiples tácticas dilatorias empleadas por las fiscales actuantes”, de “técnica de dilación” del juzgado; “incongruencias e irregularidades”, de “delitos en audiencia”.

Tales “vicios” son descritos con crudeza, no exenta de objetividad; por el Comisario Iván Simonovis en el libro de su autoría “SIMONOVIS EL PRISIONERO ROJO”; en el cual inserta “la explicación, notariada y apostillada, del Juez Ramón Eladio Aponte Aponte”; fechada el “dieciséis de abril del año 2012”; del “por qué la justicia decidió darnos la espalda”, puntualiza Simonovis.

En tal sentido, el caso de Antonio Garbi, estancado en un circuito judicial; catalogado como “la guillotina judicial del país”; es otro claro ejemplo de la vulneración o manipulación intencional de la estructura de procesamiento penal; estatuida en la ley adjetiva penal, constituyendo un proceso irregular desde sus inicios.

Notables deficiencias probatorias

La Fase Preparatoria o fase de investigación se cumplió en el término legal de la misma; no obstante, el acto conclusivo presentado dos veces, la última vez de forma extemporánea; tiene notables deficiencias probatorias; la Fase Intermedia se extendió desde el 23/07/2015 al 26/01/2016, un lapso de siete (07) meses, reflejando discordancias con la norma adjetiva respectiva; y la Fase de Juicio está por comenzar desde enero de 2016, computándose una mora de 5 años y 6 meses.

Como se ha visto, en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones Cuarto de Juicio, del Circuito Judicial Penal del estado Aragua; antes dilataban o retardaban la realización de los juicios, al día de hoy simplemente nos los realizan; desatendiendo por completo el “Auto de Apertura a Juicio”; que como todo acto emanado de un juez de la república sería de estricto cumplimiento; en un país con estado de derecho.

Lo antes expuesto supone la transgresión intencional de la ley adjetiva penal; con menoscabo del debido proceso, que en el caso de Garbi; es el resultado de absurdos procesales propiciados por el Juez Tercero de Control del estado Carabobo, Toredit Alfredo Rojas Acevedo; y que a pesar de opacar la buena fe del Ministerio Público; representado inicialmente en este caso por Víctor Julio González Altuve, Fiscal 87° Nacional; Héctor Rodolfo Pimentel Troconis, Fiscal 10° del estado Carabobo; y sus fiscales auxiliares Eliezer Miguel Guacuto Ríos, Katiuska Salazar y Debominis Peralta; fueron afinados por el Juez 4º de Juicio, Rodolfo Ampueda España.

ACN/@jolcesal

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La Autoridad moral de la conferencia episcopal

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Por: Cora Paez de Topel

La Conferencia Episcopal Venezolana es una institución de carácter permanente, de acuerdo al Concilio Vaticano II,  constituída oficialmente en el año 1997  por los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica,  con la finalidad de  ejercer funciones pastorales respecto de los fieles de su  territorio, para promover el  bien común y la justicia social.   La Junta Directiva  se reúne cada trienio para nombrar los cargos que la conforman, por lo que en el mes de Enero 2022 quedaron constituídos Mons. Jesús González de Zarate como Presidente, Mons. Raúl Biord Castillo, Vicepresidente y Mario Del Valle, Secretario, para el período 2022  – 2025.

La Comisión Permanente, en ocasión de reunirse en esa oportunidad,  expresó una vez más  su preocupación frente a la prepotencia política de una minoría enquistada en el poder  y la apatía interna de la mayoría del pueblo venezolano, lo que ha llevado a la fractura de muchas opciones políticas partidistas, por lo cual  le piden a  los ciudadanos no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar para superarlos, en aras de un bien mayor, que es un presente y un futuro más digno, pidiendo trascender a lo comunitario en el conjunto de la realidad político social.

¨Compete a cada ciudadano la decisión de participar o no, para saber que ganamos o que perdemos como pueblo.  El bien común, norte de la política, implica un respeto y un diálogo permanente con las comunidades e instituciones sociales, inclusive si piensan distinto, o son de un partido diferente al gobernante.¨    Con fervor cristiano, apoyados por la Doctrina Social de la Iglesia,  continúan manifestando los obispos que Venezuela como nación está herida en su estructura humana, social e institucional, en gran medida como consecuencia de un modelo político autorreferencial, de vocación totalitaria  que, reiteradamente ha caracterizado como  ¨moralmente inaceptable¨ por su irrespeto, internacionalmente reconocido, de los derechos humanos, la destrucción de la estructura productiva y un empobrecimiento inédito de las grandes mayorías.
La Conferencia  Episcopal dice No al sistema comunal, que debilitará y probablemente eliminará las funciones de las gobernaciones, alcaldías y el poder local, además de las competencias efectivas de sus autoridades, con la finalidad de instaurar un poder hegemónico, contraviniendo lo estipulado en la Constitución Nacional.   De una manera clara y precisa, sin politiquería ni palabras altisonantes, el Episcopado se pronunció una vez más, exigiendo resguardar la integridad física de todos quienes luchan por los derechos humanos, por lo que piden la liberación de los presos políticos.

El sistema educativo en Venezuela está muy afectado, porque los docentes son víctimas de la crisis humanitaria, con un salario deficiente y el mal estado de las aulas escolares.  Asimismo, llama a equipar los hospitales y centros clínicos, para atender la salud del pueblo.

La Conferencia Episcopal convoca a deponer intereses particulares y buscar con acciones concretas el bienestar de todos, haciendo un llamado a la solidaridad, afirmando que ¨Sólo si nos unimos podremos sacar al país adelante y refundar nuestra Nación¨.

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