¡Un año! Justicia piden familiares de los 69 muertos en Policarabobo. La catástrofe que ocurrió el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Policía de Carabobo, ubicada en la calle Navas Spinola, Valencia, capital del estado Carabobo, ha traído como consecuencia injusticia penal, persecución y zozobra en los familiares de las víctimas.

Este hecho, que por su trascendencia conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, tuvo un saldo de 69 fallecidos; 66 privados de libertad que murieron en los calabozos, uno que falleció en Hospital Central; y dos mujeres que para el momento pernoctaban en Policarabobo.

A un año de la tragedia, todavía no tienen sentencia los responsables de la desgracia que ocurrió en la Policía de Carabobo el 28 de marzo, Miércoles Santos del año 2018.

El abogado Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),  en su informe Quemados Detrás de la Rejas sostiene que “el miércoles 28 de marzo de 2018 quedará en la historia penitenciaria venezolana como una fecha trágica por la muerte de 69 personas”.

Los presos bajo custodia de Policarabobo

Por lo menos 67 se encontraban para ese momento bajo la custodia del Estado; y por tanto, sujetos  a su protección.

La exposición del informe de la tragedia de Policarabobo se llevó a cabo en el Instituto de Estudios Jurídicos del  Colegio de Abogados de Carabobo, donde también participó la abogada Maibi Rondón, presidenta del Instituto

El evento contó con la participación de familiares de varios de los privados de libertad que fallecieron la Semana Santa del año pasado en una de las peores tragedias carcelarias en los últimos 25 años en el país.

En el incendio, presuntamente provocado el 28 de marzo de 2018, Miércoles  Santo; por funcionarios de la Policía de Carabobo, tuvo un saldo de 69 muertos, entre estos 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en el sitio el día del siniestro.

Relató Prado Sifontes, que testimonios de “familiares y de sobrevivientes de ese fatídico hecho, al parecer se originó a partir del homicidio de una ciudadana embarazada, presunta pareja de unos de los internos”.

Las mujeres pernoctaban con los presos

Para el momento la mujer estaba pernoctando en el interior de los referidos calabozos de la Policía de Carabobo..

Dice el informe de la OVP, que inmediatamente funcionarios adscritos a la comandancia después de quitarle la vida a la ciudadana; intentaron ingresar a los calabozos.

Ante la resistencia de los internos, habrían lanzado bombas lacrimógenas, disparando perdigones. Rociaron con gasolina y encendieron una colchoneta que los privados tenían para evitar ser alcanzados por los perdigones.

Después de avivar el fuego con un soplete, cerraron las rejas para impedir que los internos pudieran salir del lugar, comenzaron a disparar, ahora con balas.

Varios de los entrevistados por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, al igual que dos sobrevientas, señalan que dos funcionarios habrían dado inicio a los actos de agresión contra la población reclusa. Según proferían amenazas de muerte a los detenidos.

Asimismo, en los testimonios colectados por la OVP, se puede apreciar insistencias en indicar que el problema tuvo origen en la corrupción existente en la Comandancia de la Policía de Carabobo.

El cobro de tarifas por visitas y pernoctar parejas y familiares; cobro de entradas de las denominas rumbas. Incluso, cobro de dinero por la instalación de aires acondicionados. También detalló Humberto Prado, que poseían y hacían uso de teléfonos celulares.

Por otra parte señala el OVP, que a un año de la muerte de 66 presos en los calabozos y uno en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrqie Tejera (CHET); los cinco privados de libertad por este caso no tienen sentencia. Han suspendido las audiencias en 19 ocasiones.

A un año de la tragedia no hay sentencia

Aparte, que a un año de la tragedia no hay sentencia, los familiares de los privados de libertad que murieron en los calabozos de la Nava Spinola, reciben amenazas por parte de parientes y personas afectas a los supuestos homicidas.

Entre los detenidos por la tragedia del 28 de marzo, Miércoles Santo, está José Luis Rodríguez, quien para el momento fungía como Subdirector de Policarabobo. También José Rafael Colina Palencia, Sergio Enrique Rodríguez, José Antonio Loaiza y Aníbal Antonio Padrón Pacheco.

El Director del Observatorio Venezolano de Prisiones  sostuvo, que hay una irregularidad que considera de suma gravedad, y es que, el acta de defunción de cada preso que murió en la tragedia del 28 de marzo de 2018, indica que la muerte fue por asfixia.

En sus consideraciones generales, el OVP expone que hay incongruencias entre la versión oficial y la ofrecida por los familiares de las víctimas.

Destaca el informe, que en las 21 entrevistas realizadas a los familiares existen grandes coincidencias en la narración de los hechos.  Fueron testigos y parte de lo acontecido, lo vivieron en forma directa, que incluso, aún continúan siendo afectados.

Investigar las causas reales

Prado sostiene, que es necesaria la investigación para establecer la causa de cada de la muerte de cada una de las víctimas. En las copias de los certificados y actas de defunción se apreció una constante en relación con la causa de la muerte: todos fallecieron por asfixia mecánica debido a sofocación. Y, otro de los detalles en ser considerado, se refiere a la hora señalada como el deceso; pues ésta no corresponde con la real.

Humberto Prado puntualizó, que como parte de esta investigación realizaron entrevistas personalizadas con familiares de 21 de los fallecidos.

Entre están está la de Yanett Carolina Padrón Rivas, madre de Luis Alfredo Piñango Padrón, de 23 años. “Mi hijo tenía el número 65. Tenía un tiro en la costilla derecha y en la oreja izquierda; donde le habían volado casi toda la cabeza”.

Familiares hablan

Yuneysi Carolina Lugo Brada, concubina  de Endruber Javier Torres Pastrán, de 26 años. “A mi esposo le disparó Padrón un tiro de escopeta en la cara. Padrón les disparó, los roció con gasolina y los prendió con soplete. Él quería cobrar la instalación de un aire…Lo identificaron con el número 49”.

Eglee Carolina Rodríguez Blanco, madre de Manderson Alexander Landaeta Rodríguez, de 24 años. “…El muchacho de la funeraria me dijo que tenía dos tiros en la cabeza. Estaba parcialmente quemado. Tenía el número 59…Ese comando tenía que resguardarle su vida, no matarme a mi hijo así”.

Entre algunas de las peticiones que solicita el Observatorio Venezolano de Prisiones están: determinación veraz del número de personas que perdieron la vida; determinación de la causa real, establecer el número de reclusos testigos presenciales de los hechos que permanecen con vida; reconocer a familiares como víctimas indirectas de los hechos.

Conferirles las debidas indemnizaciones ante la pérdida de hijos, hermanos, esposos, concubinos y padres; establecer la cantidad definitiva de los reclusos en el momento de los hechos y la situación procesal exacta; determinar la capacidad real de reclusión de los calabozos ubicados en la Comandancia de la Policía de Carabobo; y que se investigue al funcionario José Aldama, quien es mencionado por los familiares de los presos en los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2018.

Se ofició una eucaristía en honor a los difuntos

En el marco de las investigaciones a un año de los hechos y en la presentación del informe del OVP, “Quemados Detrás de las Rejas” de los sucesos acaecidos el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Policía del Estado Carabobo, se ofició una eucaristía el sábado 30 de marzo de 2019 en el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Carabobo.

Se realizó en memoria de las 69 personas que murieron a causa de la tragedia. Estuvieron presentes familiares de las víctimas, miembros del OVP y la prensa regional. La misa la ofició el presbítero Diego Angulo de la Casa Don Bosco.

En el acto también estuvieron presentes el diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, la abogada Hervitz González, especialista en Derechos Humanos y el abogado Pedro Rondón, penitenciarista; ambos del OVP. También participó la abogada Maibi Rondón, presidenta del Instituto de Estudios Jurídicos del  Colegio de Abogados de Carabobo y activista del OVP.

ACN/Informe Observatorio Venezolano de Prisiones