Internacional
Alta cifra de venezolanas en Ecuador y Perú sufren violencia de género
El 70% de venezolanas emigradas a Ecuador y Perú sufren violencia de género. Al menos 7 de cada 10 migrantes y refugiadas venezolanas a esos dos países consideran que sus compatriotas experimentan algún tipo de violencia; de acuerdo con una investigación binacional dada a conocer este jueves por la organización Plan International.
El estudio revela que un 89% de las encuestadas en Perú y un 72% en Ecuador afirmaron que sus connacionales venezolanas han sufrido algún tipo de violencia basada en género en estos países.
Estas conclusiones se desprenden del «Estudio sobre estado de la violencia de género hacia mujeres refugiadas y migrantes en Perú y Ecuador»; desarrollado por la ONG internacional con el apoyo de entidades locales.
70% de venezolanas emigradas a Ecuador y Perú…
La población venezolana representa uno de los mayores éxodos que ha vivido la región en su historia reciente y supera los 6 millones de personas desplazadas; según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), organismo que junto a otras agencias y ONG advierten de la vulnerabilidad especial que tienen las mujeres desplazadas.
Conforme a los datos del estudio, las migrantes afrontan en los países mencionados diversas formas de violencia por el hecho de ser mujer, entre las que resalta la psicológica (expresada en gritos, insultos y amenazas); el acoso callejero y en la esfera laboral, así como la violencia física intrafamiliar.
Cultura machista en Perú
Las participantes en el estudio señalaron que en Perú prevalece una cultura machista y de abuso a las mujeres; que muestran un alto grado de tolerancia frente a la violencia basada en género.
«Aquí a las mujeres las crían para dejarse maltratar»; revela un testimonio anónimo de una mujer venezolana emigrada a ese país.
Esta situación se ve agravada por la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones públicas; motivo por el cual el 44 % de las encuestadas aseguró no denunciar las agresiones.
El informe recoge que algunas de las venezolanas emigradas a Perú que acudieron a diversos servicios por casos de violencia de género sufrieron cuestionamientos sobre sus denuncias; o se les recomendó no seguir adelante con el proceso por posibles represalias del agresor.
Entre las respuestas que recibieron figuran aquellas como: «¿Segura que quieres denunciar? Solo va a estar un par de días en la cárcel y sale»; dicen.
Situación simular en Ecuador
En Ecuador el contexto guarda mucha similitud ya que el 71% de las entrevistadas consideró que los casos de violencia no suelen ser denunciados por miedo a la expulsión del país (32%); y la desconfianza en las instituciones públicas (27%).
«Este estudio vuelve a ratificar lo que sabemos por nuestra experiencia previa en otras crisis, que las mujeres y las niñas, por su condición de género, son siempre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad»; advirtió la directora de Plan International para la subregión de Sur América, Verónica Zambrano.
La responsable con sede en Ecuador añadió que las mujeres migrantes «deben enfrentar barreras como violencia sexual, física, intrafamiliar y psicológica, acoso y discriminación»; indica.
Asimismo, remarcó que no solo están gravemente expuestas; sino que cuentan con un escaso apoyo a la hora de denunciar las agresiones por la falta de información y desconfianza que, » junto a la cultura machista imperante, perpetúa y normaliza esta violencia basada en género».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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