La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró que en Venezuela persisten las ejecuciones extrajudiciales en manos de las Faes.

Bachelet el pasado mes de julio instó al régimen venezolano disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Sin embargo, el lugar de desaparecer, al grupo élite del gobierno lo fortalecieron.

La alta comisionada presentó este lunes una «actualización oral» sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Allí, señaló que su organismo «ha seguido documentando casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Faes en algunas zonas del país».

A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas. Indicó que ninguna de esas muertes es investigada.

«Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio. Demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos. También para los familiares de las víctimas», denunció Bachelet.

Aumentan ejecuciones extrajudiciales

Lamentó que el chavismo se abstuvo de disolver las Faes y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales. «Por el contrario, las Faes han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno», denunció.

En su informe julio, exigió  a Maduro: «Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales. Estos homicidios habían sido ejecutados en el curso de operaciones de seguridad.

Por ello la ONU instó a Maduro a asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas». Ahora, Bachelet sostiene que nada de eso se cumplió.

El informe del mes de julio Bachelet afirmó que «miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años».

La comisionada afirmó que «existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las Faes».

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