Por muerte del capitán de corbeta EE.UU sanciona a los jefes de la Dgcim
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Por la muerte del capitán de corbeta EE.UU. sanciona a los jefes de la Dgcim

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Jefes de la Dgcim
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Tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, Estados Unidos acordó imponer sanciones a los jefes de la Dgcim.

A partir de este jueves 11 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tompo medidas contra la directiva de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El capitán de corbeta murió el 1 de julio cuando se encontraba detenido en el mencionado organismo. Al parecer al militar lo investigaban por un presunto complot. Por ello el Ministerio Público imputó a dos militares de la GBN por el delito de homicidio calificado.

La Dgcim quedó incluida en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El Departamento del Tesoro confirmó que las sanciones fueron impulsadas por la muerte del militar. «Aunque dos funcionarios de la DGCIM fueron acusados ​​de homicidio, en relación con la muerte de Acosta, esta es solo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos», dice la nota del organismo estadounidense.

Con la medida adoptada este jueves, a la DGCIM le bloquearon todos los bienes e intereses de su propiedad. Asimismo a cualquier entidad de la que sea accionista en EE.UU. También, se le prohíbe a los estadounidenses cualquier trato con la Dgcim.

La inclusión de entidades y funcionarios venezolanos en la lista de la OFAC se han vuelto recurrentes. Estados Unidos congeló cuentas bancarias y propiedades de personajes vinculados con el Gobierno venezolano.

Lee también: Los espeluznantes caminos de los migrantes venezolanos en Colombia (Video)

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Fuerzas de seguridad de Maduro han ejecutado 18 mil personas desde 2016

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Fuerzas de seguridad - ACN
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Por la presunta «resistencia a la autoridad» las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro ha ejecutado a 18.000 personas desde el año 2016.

Según la oenegé internacional ONG Human Rights Watch (HRW) la mayoría de las víctimas cayeron en manos de las temidas  Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Sin embargo, el Ministerio Público chavista guarda silencio. Un comunicado divulgado por HRW refiere que 5.995 personas cayeron abatidas en 2016, 4.998 en 2017 y 6.856 en 2018. Y los primeros cinco meses de 2019 la cifra sigue en aumento.

El número incluye las numerosas ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad, las Faes y otros grupos leales al chavismo. «Desde que se crearon las Faes, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos», indica el informe de HRW.

Entre los homicidios se cuentan aquellos cometidos por los llamados colectivos armados. Las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se concentran en comunidades de bajos recursos que le dieron la espalda al régimen de Maduro.

Fuerzas de seguridad se llevan las caraotas

«En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia. Matan y detienen de manera arbitraria a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia», explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las Faes vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban la cara tapada. Llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Las fuerzas de seguridad de Maduro cargan con caraotas, arroz, harina de maíz y todo lo que consiguen. Las víctimas acuden al Cicpc, pero allí también se hacen loe desentendidos.

La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que las Faes alteraron el lugar del homicidio. Y además manipularon las evidencias. «Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción», denunció HRW.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

Felicitan a las Faes

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y «proteger al pueblo» frente a «las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal». El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo «¡Que viva el FAES!» y expresó su pleno apoyo «para el FAES en su labor diaria».

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