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Presidenta del CIDH advirtió retroceso en América Latina

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En América, existe un movimiento «preocupante» en contra de principios ya aceptados en materia de derechos humanos; lo que ha llevado a un «retroceso» en varios aspectos; así lo alertó la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Esos procesos, van en contra de la “progresividad en el desarrollo de los derechos humanos” que asumieron los países americanos, resaltó. Respecto a ello, la presidenta aseguró que “una vez se alcanza la satisfacción de los derechos; estos deben consolidarse y no perderse”.

“Hubo un progreso importante en la región en materia de no discriminación, de inclusión y de reconocimiento de la solidaridad humana; para grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados”, explicó Arosemena de Troitiño, quien añadió que, sin embargo; ahora “hay una preocupación en la CIDH y el llamado que hacemos a los países, es a atender a estas obligaciones”.

Mujeres y comunidad LGBT

Entre los asuntos que más le preocupan, aunque se ha avanzado mucho en algunos países; está el de la violencia contra las mujeres “por su condición de mujeres”, así como, los ataques contra la comunidad LGBT.

Acerca de la violencia contra las mujeres, consideró que “tiene que haber un sistema de justicia que garantice su protección»; y «una política pública» que establezca precisamente las responsabilidades de los Estados al respecto.

La Presidenta señaló, que la violencia también afecta a los menores de edad, especialmente a las niñas; quienes son víctimas de abusos sexuales o que no se benefician del derecho a la educación.

Sobre los colectivos LGBT, indicó que están “siendo realmente discriminados con expresiones de violencia y discursos de odio; y lo que están reflejando es el no reconocimiento de la dignidad del ser humano”.

“Para la comisión, la clave de la vigencia de los derechos humanos está en que reconocemos que todas las personas; sin exclusión alguna, pues tienen dignidad que hay que respetar, reconocer y proteger”, subrayó. Por estas razones, aseguró que “el resultado es que hay un retroceso entonces; en el reconocimiento de los derechos».

Venezuela y Nicaragua preocupan

Entre los países que más preocupan a la CIDH, se encuentran Venezuela y Nicaragua; los cuales, han centrado buena parte de sus acciones recientes en violaciones a los derechos.

Acerca de Venezuela, Arosemena de Troitiño refirió, que quiere venir para hacer en el terreno una evaluación; “desde la perspectiva de los derechos humanos”, no una “evaluación política”. Con respecto a Nicaragua, reiteró su oferta al gobierno de Daniel Ortega; para “coadyuvar en ese proceso de acercamiento de posiciones”.

Evaluar y proteger a los líderes en Colombia

Pero la labor de la CIDH va mucho más allá y, en el caso de Colombia, trabaja para que se identifique dónde están los factores de riesgo; que amenazan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El objetivo es el de evaluarlos y posteriormente proteger a los líderes.

Aproximadamente, 500 líderes sociales han sido asesinados desde noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz; entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos.

México y Brasil

La presidente de la CIDH, dijo que también mantienen un monitoreo constante con los dos grandes países de la región; México y Brasil, que estrenaron presidente, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, respectivamente.

En el caso de México, destacó que «es importante que el gobernante en ese desarrollo de su plan de acción»; cuente con «una institucionalidad que garantice una política pública proyectada en los términos» que tiene planeados.

Sin embargo, recordó que «es un gobierno que está empezando y hay que dar un poco de tiempo para el desarrollo de algunas cosas». Asimismo, hizo hincapié en que «siempre estará la necesidad de que los ciudadanos»; presionen para que López Obrador cumpla con los principios de defensa de los derechos humanos.

En cuanto a Brasil, mostró su preocupación, puesto que en el breve período que ha transcurrido desde que Bolsonaro tomó posesión de la Presidencia; el pasado primero de enero, «ha habido expresiones por parte del gobierno; en que se ha marcado esta posición de grupos que no favorecen la convivencia democrática».

Entre dichas posiciones, está la conmemoración del golpe de Estado de 1964, propuesta inicialmente por el presidente; quien niega que haya habido una dictadura militar en el país, y que fue prohibida por la Justicia.

Ante la situación que se vive en el continente, la presidente de la CIDH afirmó «que la humanidad tiene una diversidad en su composición»; que se muestra en que «no somos iguales en el concepto»; pero bien es necesario trabajar por la igualdad que «atienda a esas diferencias».

ACN/El Nacional/Foto: AFP

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Justicia argentina aprueba incautación del avión venezolana tras pedido de EEUU

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Justicia argentina aprobó incautación del avión - noticiacn
Fotos: La Nación de Argentina.
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Tras pedido de Estados Unidos, la justicia argentina aprobó incautación del avión venezolana; en medio del aumento de la tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela por la aeronave sospechosa con tripulantes iraníes y venezolanos retenido desde el 6 de junio en Ezeiza.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la tarde del jueves 11 de agosto la incautación de la aeronave; que había requerido la Justicia de Estados Unidos por supuestas actividades preparatorias del terrorismo.

Villena decidió así que la avión quede a disposición de su Juzgado y del juez federal con asiento en Washington, DC, Michael Harvey; tomó la decisión horas después de que la fiscal Cecilia Incardona apoyara la solicitud estadounidense por lo que el Boeing 747 de la aerolínea Emtrasur permanecerá varado en Ezeiza; a pesar de los airados reclamos del gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión del juez Villena tuvo consecuencias inmediatas. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se presentaron la tarde del jueves en el aeropuerto e ingresaron a la aeronave para, a continuación; redactar el inventario que exigió el juez federal con asiento en Washington DC, G. Michael Harvey, al disponer la incautación.

Justicia argentina aprobó incautación del avión venezolana

Justicia argentina aprobó incautación del avión venezolana. El juez además autorizó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a coordinar y gestionar los requisitos para la custodia de la aeronave y las tareas de mantenimiento; incluido el pago de los gastos que insuman esos servicios.

Villena permitió además realizar una inspección mecánica del avión; del hangar y el alquiler del lugar donde permanecerá la aeronave; en su resolución, Villena precisó que la requisitoria de la Justicia estadounidense llegó a sus manos a través del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; quien no hizo uso de la facultad que le otorga la legislación local para limitar los alcances de la asistencia solicitada por Estados Unidos.

La decisión del juez Villena llegó después de que Venezuela hiciera públicos reclamos de alto voltaje político contra la Argentina por haber “secuestrado” el avión y a sus tripulantes; según dijo el presidente Maduro.

Legisladores venezolanos dijeron, incluso, que Alberto Fernández era un “títere del imperio”; por retener la aeronave y descalificaron al juez Villena y a la fiscal Incardona.

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Cecilia Incardona.

Tildan a Alberto Fernández de «jala…»

El embajador argentino en Venezuela Oscar Laborde se reunió con Pedro Carreño, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana que calificó a Fernández de “pelele, títere y jalabolas”;  por retener al avión de Emtrasur con tripulación iraní.

En tanto la Asociación de Magistrados, la DAIA y la Asociación de Fiscales salieron a respaldar la actuación de la fiscal y a repudiar las declaraciones que, entendieron, buscan presionarla; la Procuración General de la Nación envió además un oficio a la Cancillería en el que expresa “preocupación institucional”: el comunicado está firmado por Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación.

EEUU ordenó la incautación provisoria

La Justicia de Estados Unidos ordenó la incautación provisoria del Boeing 747 que permanece varado en la Argentina; tras recibir evidencias de que los venezolanos le compraron el avión a los iraníes en violación de las leyes norteamericanas y mediante una triangulación solapada en los Emiratos Árabes; según surge de los documentos que presentó el FBI ante la Corte federal en Washington, y a los que accedió LA NACION.

La decisión la adoptó el juez Harvey tras analizar la solicitud que le presentó el agente especial del FBI Adam Mastrianni, el 19 de julio pasado; autorizó a efectivizar la incautación temporaria -y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión- del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur “a cualquier hora del día o de la noche”; atento a la gravedad de lo requerido y el peligro en la demora.

Este pedido de colaboración de Estados Unidos llegó desde el Departamento de Justicia norteamericano al Ministerio de Justicia argentino; que lo envió al juez Villena para que lo tramite.

Expediente aparte

Villena decidió tramitarlo como un expediente aparte de la causa principal en la que se investiga a los 19 tripulantes; al ser un incidente aparte, Venezuela no es parte en ese trámite (la empresa estatal venezolana Conviasa es parte en la causa principal) por lo que no podrá apelar la decisión del juez Villena.

Antes de tomar una decisión en ese incidente, el juez le pidió opinión a la fiscal Incardona, quien concluyó que la petición de los Estados Unidos es formalmente procedente; que reúne los requisitos que prevé el tratado de colaboración mutua con los Estados Unidos (ley 24034) y que el magistrado es competente para tramitar este pedido.

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Federico Villena.

Juez es competente a detención

En el dictamen de la fiscalía se señala que el avión está retenido en jurisdicción del juez, que es competente y es quien investiga además a la tripulación; el tratado de colaboración mutua con Estados Unidos no requiere que en una incautación haya una doble subsunción; es decir no exige que los delitos cometidos en Estados Unidos por los que se pide la incautación estén contemplados en la ley argentina.

De hecho, Estados Unidos entiende que el avión debe ser incautado porque se violó una resolución de comercio que impone la autorización previa de su gobierno para vender determinados activos -entre ellos, aviones y sus repuestos-; como también le otorga la facultad de prohibirle la venta -o incluso la reventa a terceros- de esos mismos activos.

En detrimento de política de exterior…

En particular cuando esas operaciones “podrían reportar una contribución significativa al potencial militar de otros países o podrían ir en detrimento de la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos”;  indicó.

Así fue como la aerolínea iraní Mahan Air -exdueña del avión- no se encontraba habilitada para vender ese Boeing a terceros por encontrarse sancionada desde 2008; como tampoco Emtrasur requirió la autorización del gobierno de Estados Unidos para volar con esa aeronave y trasladar mercaderías desde y hacia Rusia e Irán; entre otros países.

Nada de eso es delito en la Argentina, donde se investiga si hay relación entre el avión y la tripulación con actividades terroristas de Hezbollah; aún no hay evidencia y por eso el avión está retenido y los tripulantes con sus pasaportes en poder de la Justicia y se les prohíbe salir del país. No están presos.

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Fuerzas de seguridad y los demorados durante la lectura del acta en el hotel de Canning,

ACN/MAS/La Nación de Argentina

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