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CorteIDH condena a Venezuela por ejecución extrajudicial por discriminación

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH condena a Venezuela como responsable de la ejecución extrajudicial de Jimmy Rafael Guerrero; basándose en una discriminación por edad y condición socioeconómica, así como por el asesinato de su pariente Ramón Antonio Molina.

La sentencia que se dio a conocer este lunes 19 de julio, la Corte indicó que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Guerrero; así como el derecho a la vida en perjuicio de Molina Pérez; además de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de las familias de ambos.

El caso se remonta a marzo de 2003, cuando Guerrero, de 26 años, y su pariente fueron ejecutados extrajudicialmente a manos de agentes de la policía en el Estado Falcón; Guerrero desde el año anterior había sido víctima de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos de tortura cometidos por fuerzas policiales, según la sentencia.

CorteIDH condena a Venezuela…

“Los actos cometidos contra Jimmy Guerrero involucraron hechos cuyo modo de comisión, vinculado al contexto antes referido, denota que estuvieron motivados por preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza. En relación con lo anterior, el Tribunal advirtió que la pobreza y edad son condiciones que adquieren protección contra la discriminación”; indica el veredicto.

Según explicó el Tribunal internacional, durante uno de los episodios, los agentes señalaban que Guerrero era una persona “antisocial” y “peligrosa”; en su conclusión, la Corte hizo notar que los actos cometidos contra Guerrero estuvieron motivados por preconceptos de los funcionarios policiales.

La Corte además estableció que, luego del asesinato, los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento contra el cuerpo de Guerrero; una manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza; así como la convicción de los agresores de que ello quedaría en la impunidad.

Estado violó derechos y garantías judiciales

La sentencia también afirma que el Estado venezolano violentó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación de los hechos cometidos contra Guerrero antes de su muerte; que además faltó la debida investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

La víctima, antes de su muerte, había denunciado ante entidades estatales y la prensa, los actos de hostigamientos, detención, amenazas y agresiones que sufrió desde 2002; por parte de funcionarios policiales contra él y sus familiares.

Conclusión de la Comisión

“Este Tribunal concluyó que el señor Guerrero fue sometido a tortura en el marco de su detención el 17 de febrero de 2003, por los vejámenes que sufrió en esa oportunidad. La Corte entendió que el señor Guerrero sufrió fuertes agresiones, que tuvieron que causarle intensos dolores y malestar. Entendió que las mismas se insertaron en una serie de actos cometidos por personal policial contra él o sus familiares, que incluyeron amenazas de muerte”; cita el texto.

La CorteIDH ordenó llevar a cabo las investigaciones y procesos penales con el fin de identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de ambas muertes; así como ejecutar procedimientos para determinar responsabilidades disciplinarias o administrativas de funcionarios estatales por obstaculizaciones del proceso.

Deben indemnizar a familiares

Además, el Estado deberá efectuar acciones de capacitación y sensibilización de funcionarios policiales del estado Falcón y pagar las indemnizaciones fijadas por concepto de daño material e inmaterial.

Durante el proceso, el Estado reconoció su responsabilidad internacional; se comprometió a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes.

A saber

  • La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países del hemisferio que han reconocido su jurisprudencia.

ACN/MAS/EFE

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SIP: En Venezuela los periodistas sufren intimidación, persecución y detenciones arbitrarias

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SIP: En Venezuela los periodistas sufren intimidación, persecución y detenciones arbitrarias -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Política
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela los periodistas sufren «intimidación, persecución y detenciones arbitrarias»; incluyendo el periodismo comunitario que usa las redes sociales para su labor.

Además, se mantiene un «apagón informativo casi total», porque -dice la SIP- los canales de televisión y emisoras de radio están «silenciados». Esto según su informe de mitad de año publicado este viernes.

«Los canales de televisión están completamente silenciados (…) También están silenciadas las estaciones de radio, con el agravante de que, mes tras mes. El régimen las ha ido cerrando en todo el país», señaló la SIP en el informe.

SIP: En Venezuela los periodistas sufren intimidación, persecución y detenciones arbitrarias

Asimismo, indicó que en la nación caribeña no hay prensa escrita independiente. «Algunos grandes periódicos son comprados por el gobierno (de Nicolás Maduro) y los que existen de forma independiente debieron migrar a internet, espacio en el que sufren bloqueos digitales permanentes», añadió.

«El bloqueo digital oficial es casi total: 48 medios y 78 dominios siguen bloqueados, lo que incluye a medios internacionales», apuntó. Igualmente, la SIP agregó que los bloqueos de los portales web de medios de comunicación; los ordena Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) con total discreción, opacidad y sin base jurídica.

«El Gobierno también bloquea el acceso a herramientas usadas para evadir la censura; y también los bloqueos se dan en forma natural a través de apagones eléctricos masivos en todo el país», denunció.

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La asociación señaló diversos casos como el bloqueo del medio El Carabobeño, en noviembre pasado, por la operadora estatal Cantv. Asimismo, por cuatro empresas de telecomunicaciones privadas.

También denunció que funcionarios militares impidieron el acceso a periodistas de ocho medios de comunicación, incluyendo la estatal Venezolana de Televisión (VTV);  a un centro de votación durante el referendo consultivo por la disputa territorial con Guyana.

La SIP señaló que en febrero pasado cerró una emisora de radio en Carabobo (centro). «Luego de una orden de funcionarios de Conatel», tras recibir varias visitas de inspección en 2023.

Con información de ACN/EC

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